El ingreso universal

Especialistas proponen avanzar hacia el desarrollo de políticas de ingreso de alcance general no necesariamente vinculadas con una contraprestación. La necesidad de implementar un ingreso universal (IU) es tema de debate en todo el mundo.  

La pandemia ha acelerado y puesto de manifiesto el proceso de exclusión y desigualdad social que es propio del sistema económico en el que vivimos.

Tal evidencia se nos presenta como una oportunidad para reparar desigualdades históricas, construyendo un nuevo pacto social, un nuevo estado de bienestar, que avance en la expansión de derechos y ofrezca respuestas a una situación extremadamente crítica en términos económicos y sociales.

El IU propone asegurar un mínimo de ingresos a la población para garantizar a satisfacción de las necesidades básicas para su subsistencia. Se sostiene en el hecho de que las personas no pueden ser libres si su existencia material no está garantizada.

A diferencia de otras políticas sociales, se supone incondicional e individual y se otorga a todas las personas independientemente de su situación familiar y condición laboral. El IU encuentra fundamento en el reconocimiento de que la riqueza es algo que se produce y genera socialmente, ya que cada uno y cada una aporta, pero el mercado tiende a concentrarla. Incluye al trabajo doméstico y del cuidado necesario para la sostenibilidad de la vida y la reproducción de la sociedad, realizado mayoritariamente por mujeres.

El cálculo para la Argentina es que el aporte económico que éste proporciona ronda en torno al 20 por ciento del PBI y sin embargo no es reconocido. A pesar de la pandemia, que dejó en evidencia la interdependencia entre el mundo económico y del cuidado, la discusión del IU continúa desarrollándose en el terreno de la economía tradicional que, cercada por el mercado, legitima una situación de desigualdad y desvalorización de las actividades esenciales para la vida.

Las discusiones sobre el IU se desarrollan en el mundo mucho antes de la pandemia, como respuesta a los cambios en los modos de producción generados con el avance de la tecnología. La automatización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad ponen en riesgo miles de empleos, en su mayoría no calificados, comprimiendo cada vez más el mercado laboral.

No se trata solo de máquinas que ensamblan electrodomésticos, sino que también son algoritmos que reemplazan analistas, sistemas de home banking o plataformas de e-commerce que amenazan miles de empleos en bancos y comercios. Mientras las oportunidades laborales se reducen, la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos.

Actualmente, el 1 por ciento más rico de la población concentra la mitad de la riqueza global y la mayoría de estas personas son dueñas de empresas de tecnología. Incluso el Banco Mundial, alineado a la visión liberal, reconoce que la revolución digital concentra la riqueza en dos sentidos: la creación de monopolios y la brecha digital que amplía las dimensiones de la exclusión social.

En la Argentina, la situación es más preocupante, teniendo en cuenta rasgos estructurales como la precariedad laboral, que afecta al 40 por ciento de las y los asalariados, y la emergencia del fenómeno del trabajador pobre, que pone en duda la efectividad del empleo como herramienta de ascenso y bienestar social.

En este marco, aumentan los fundamentos para definir una protección social por fuera del mercado, como la que propone el IU, ya que al no condicionar las transferencias de ingresos sortea la “trampa de la informalidad”.

Sin dudas la implementación de un IU ayudará al combate de la pobreza y proveerá el impulso necesario para una reactivación económica inclusiva. No obstante, el debate nos brinda la oportunidad de superar el discurso hegemónico y avanzar por el camino que nos dirija hacia una mayor justicia distributiva.

Ciertamente esto no se logra solo con política social, es indispensable pensar su articulación con la política tributaria. Llevar adelante una reforma tributaria progresiva, en línea con el impuesto a las grandes fortunas, no puede escapar del debate de la reconstrucción social post pandemia.

(LA AUTORA ES ECONOMISTA DE LA UBA E INTEGRANTE DEL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA – PUBLICADO EN PÁGINA 12)