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Amplio rechazo a la intervención estatal en el grupo Vicentin

Productores, la clase política y empresarios mostraron su desacuerdo con el anuncio del ejecutivo de avanzar con un proyecto de expropiación del gigante agroalimentario.

Desconcierto y preocupación son de las mayores sensaciones que imperan en el mundo empresarial en el sector productivo del país, esto sumado al homogéneo rechazo de parte del arco opositor a la decisión de la administración nacional de poner los pies en el grupo Vicentin, primero a partir de una intervención, cuando se trata de una las empresas más grandes del país que estaba en concurso de acreedores incluso con ofertas para algunos de ellos. Luego avanzar con una expropiación, cuando los antecedentes más inmediatos en lo que hace a estatización lejos están de generar de tener buenos rendimientos.

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Rubén Piceda, exministro de Economía del Chaco, criticó el proyecto de expropiación del grupo Vicentin por parte del Estado por considerarlo un avasallamiento contra la propiedad privada.

Rubén Piceda, exministro de Economía del Chaco y de vasta trayectoria empresarial, indicó que existen pruebas sobradas que marcan que el ‘Estado no es un buen administrador‘ cuando decide inmiscuirse en la parte privada y los ejemplos más cercanos son el Correo Argentino o Aerolíneas Argentinas, con déficits crónicos y en aumento.

‘Cada uno debe ocuparse de lo que sabe hacer, Vicentin es una empresa que debe trabajar en condiciones de competitividad, marketing y todo lo que significa desarrollo tecnológico permanente. Eso en manos del Estado no se puede avizorar otra cosa que un profundo fracaso‘, expresó. En esa línea sugirió que se avance con el concurso de acreedores, que la Justicia sea la que determine lo que corresponde a cada demandante y permitir que la firma se mantenga en la esfera privada.

‘Ojalá la clase política lo discuta profundamente y se pueda revertir este avasallamiento a la propiedad privada, porque si existiera un escenario de macroeconomía estable el grupo podría acordar con sus acreedores‘, consideró.

RESPONSABILIDAD ESTATAL

Piceda también instó a que se efectuara un análisis que trascienda lo legal y que también ponga el acento en la responsabilidad estatal que pudiera existir en esta situación.

En este sentido, al tratarse en función de lo que se divulga al Banco Nación como uno de los principales acreedores, pidió que la entidad también asuma el costo de haber direccionado, supuestamente, gran parte de los fondos crediticios al grupo de capitales santafesinos. ‘Es más fácil porque luego el Estado le emite un bono a favor del Banco y arregló la cuenta, lo que no puede hacer la actividad privada‘, comentó.

En esa línea criticó las decisiones macroeconómicas que perjudican al empresario que se iniciaron hace años y con la actual administración de gobierno no hay signos de mejoras.

‘Con la devaluación del peso, el Estado dejó prácticamente sin valor en el mundo a nuestra moneda, y con empresas con pasivos en dólares como Vicentin eso fue un gran problema y ahora quiere presentarse como parte de la solución”, expresó para señalar que la política de financiar el gasto con emisión monetaria tiene consecuencias muy negativas.“ El Estado debería dedicarse a sus funciones constitucionales con la salud, educación y seguridad”, cerró.

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