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LA PROVINCIA QUE ABRIÓ EL DEBATE PARA TIPIFICAR EL DELITO

Las víctimas de femicidio en el Chaco totalizan 9, igual que en 2018

La rigurosidad de los registros de femicidios en la provincia, a cargo de la sección Policiales de NORTE, se reflejarán seguramente cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de a conocer entre febrero y marzo próximo las cifras nacionales correspondientes a 2019.

En los dos últimos años, este matutino, coincidió con los índices del Observatorio de la Mujer del máximo tribunal del país.

En noviembre de 2012, un mes después del crimen de Tatiana Kolodziey, el Congreso sancionó unánimemente la ley 26.791. En diciembre, se comunicó en el Boletín Oficial y comenzó su vigencia en el país.


En 2013, un año después de su implementación, en el Chaco hubieron 13 femicidios; 2014, 14; en el 2015, 8; en 2016, 5; en 2017, 7; en 2018, 9; en 2019, 9 femicidios, cuando faltan 8 días para que concluya el calendario. En el 2015 eran 7 casos, pero este año se sumó el femicidio de la docente

Yanina Sequeira Falchini, que no tuvo muerte súbita (cómo dictaminó un perito del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif), sino que su exmarido sería el autor del homicidio.

Un gran trabajo de la querella, permitió llevar el caso al Cuerpo Médico Forense de la CSJN, donde se confirmó la sospecha de la familia de la joven, que tenía 27 años y un bebé de seis meses (Ver aparte).

Pasaron siete años del homicidio de la radióloga Tatiana Kolodziey (32) y por su caso, se sancionó una ley que tipifica los crímenes de mujeres: pero desde entonces en el Chaco ya se contaron 66 femicidios. La media es 1,18 cada 100 mil habitantes, según la Corte Suprema.

UNA POR UNA

Las nueve víctimas de 2019 son: Valeria Juárez (Sáenz Peña), Daiana Castillo (General Pinedo), Ángela Ibáñez (La Clotilde), Lorena Romero (Resistencia), Lidia Aquino (Puerto Vilelas), Adriana Juárez (Taco Pozo), Maribel Quiróz (Resistencia), Karen Natalí Alarcón (La Leonesa) y María Magdalena Moreira (Miraflores).

POLICÍA FEMICIDA

De todos los casos, 4 femicidas decidieron quitarse la vida, entre ellos, el único integrante de una fuerza de seguridad involucrado en estos sucesos: el oficial de Drogas Peligrosas, Carlos Barrios, quien mató con su arma reglamentaria a la expareja Maribel Quiroz, la que no era parte de la fuerza policial.

Maira Benítez: un condenado, varios absueltos y piezas dentarias que ayudaron a su identificación

Maira Benítez tenía 18 años y su muerte no fue considerada un femicidio.

El 17 de diciembre de 2016, Maira Benítez (18) había salido y cuando se aprestaba para regresar a su casa, la interceptó Rodrigo Silva, quien iba en auto con otra persona. Así inició el periplo final la joven, madre de una niña de 3. Por la causa pasaron los fiscales Sergio Ríos y Gisela Oñuk, quedando en la última la investigación.

Desde la discusión de la competencia federal u ordinaria, por impulsar algunos sectores que Maira había sido captada por una red de trata de personas, como así también sacada del país por un colombiano, demoró muchas medidas de pruebas: hasta que finalmente el caso quedó en manos de la jueza de Garantías de dicha ciudad, Yolanda Alvarenga de Gómez de Samela, quien al declararse incompetente el juez federal de Sáenz Peña y el fiscal de esa instancia, giró el expediente a Oñuk. A partir de allí, todo cambio.

La llegada a la querella del abogado Pablo Vianello permitió un vuelco total en los sucesos que tuvieron corolario con la condena a 21 años de prisión a Rodrigo Silva por homicidio simple. La fiscal Oñuk no elevó el caso con el agravante de femicidio, tampoco lo solicitó la fiscal de Cámara Silvana Rinaldis.

Pablo Vianello junto a Antonia Morán, mamá de la víctima. El abogado logró resultados impensados cuando se hizo cargo de la querella. Un culpable y un juicio sin cuerpo.

El incesante reclamo de justicia de Antonia Morán se moderó a partir de los resultados que demostraron Oñuk, con el acompañamiento del procurador general Jorge Canteros y el procurador adjunto Miguel Fonteina, y un querellante que no sacaba presión a las autoridades para contar con un juicio.

EL JUICIO

El tribunal integrado por Ricardo González Mehal, como presidente, y los vocales Hilda Beatriz Moreschi y Daniel Javier Ruiz, condenó a 21 años de cárcel a Rodrigo Silva por homicidio simple. Fueron absueltos su padre, Catalino Silva, como partícipe secundario, Luis Cirilo Coria, Héctor Gabriel Cáceres y Magdalena Belén Ledesma. Maira desapareció el 17 de diciembre de 2016.

Rodrigo Silva es el único condenado por el crimen. Pasará 21 años en la cárcel.

Conforme señalan los camaristas durante el juicio quedó probado que el condenado fue quién la mató; pero no pudo determinarse de qué manera, ni tampoco fue posible ubicar el cuerpo de la víctima pese a la extensa tarea realizada por la fiscal de investigación Oñuk a lo largo de 23 meses en la etapa preparatoria.

EL MACABRO HALLAZGO

El martes 27 de agosto de 2019 (2 años y 8 meses después), un peón rural se topó con la existencia de restos humanos en la zona de Colonia Juan José Paso, cerca de un camino rural que une a las ciudades de Villa Ángela con San Bernardo.

En ese campo distante a diez kilómetros de Villa Ángela, comenzó a cerrarse parte de la historia: pasaron pocos días, y un odontólogo forense determinó que el cráneo contaba con piezas dentales, lo que permitió determinar que se trataba de Maira.

En la escena estuvieron el fiscal en turno Sergio Ríos y la fiscal Gisela Oñuk, quien intentará determinar si el asesino de Maira, Rodrigo Silva dejó el cuerpo o contó con ayuda de cómplice. Ese campo fue relevado durante los rastrillajes, también se inundó durante las intensas precipitaciones y creen que fue la razón que impidió a los canes, dar con los restos.

LA RENUNCIA

En estas mismas páginas, el 2 de diciembre, el abogado Pablo Vianello, conforme con el trabajo que permitió un juicio sin cuerpo, y descubrir al autor del asesino, decidió renunciar a la querella, teniendo en cuenta compromisos profesionales y la distancia de la capital chaqueña con Villa Ángela.

ntonia Morán, no retiró los restos óseos, que mediante pericias odontológicas a cargo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif), se confirmó que las piezas dentarias adosadas al cráneo corresponden a las mismas que registra la ficha odontológica de Maira, que entregó el Centro de Salud donde se atendía. La mamá quiere una pericia externa que deberá resolver la fiscal- si da curso el año próximo.

LO PENDIENTE

Al no ser considerado un femicidio, Antonia mantiene una nueva lucha: que su nieta puede ser ingresada al Registro Nacional de Hijos e Hijas de Víctimas de Femicidios ( ley Brisa) para poder percibir asistencia del estado hasta concluir estudios universitarios, si así en el futuro es el deseo de la hija de Maira. Desde la vigencia de esa normativa, se paga una jubilación mínima a cada hija o hijo de víctima.

Hito en la ciencia forense: descubrió que su hermana no tuvo muerte súbita


Un sorprendente vuelco en la historia criminal del Chaco pudo reflejar NORTE este año. Familiares de la docente Yanina Sequeira Falchini (27), desde el 21 de marzo de 2015, buscaron demostrar que fue un crimen. Yanina estaba muerta en su cama, en la casa que compartía con su hijita y entonces pareja.

Yanina Sequeira Falchini fue hallada muerta al lado de su bebé. El propio acusado ingresó en la casa y comprobó el cuadro.

Un abogado y un perito de la querella llevaron el caso al Cuerpo Médico Forense, donde se confirmó la sospecha. Uno de los casos trascendentales fue entrevistar a Belén Sequeira Falchini, hermana de la maestra asesinada.

Acudió a la redacción de NORTE con su mamá a contar por primera vez el horror que atravesaba la familia, de saber, que la causa estaba paralizada y con un dictamen nada alentador para que salga a luz: “muerte súbita”, determinó el médico Daniel Caram, del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif) del Chaco.

Pero, luego de la publicación, la familia contrató al experimentado abogado Pablo Vianello, que logró múltiples condenadas en complejos casos y al médico legista Basilio Ramírez, quien discrepó con las causales de muerte y descubrió que Yanina había sido ahorcada.

EL HECHO

El 21 de marzo de 2015, el cuerpo de la docente fue trasladado hasta el Imcif de Resistencia, por orden de la fiscal Dolly Fernández (actual jueza de Cámara) que estaba en turno. “La fiscal a las 21.40 dispuso que la causa pase al archivo por muerte súbita.

A las 22.30 ya estaba en una sala velatoria de Fontana”, contó Belén, como también “algunos golpes, tenía hinchada su boca, estaba golpeada en la boca y en la frente, no era mi hermana, no era una muerte natural”.

El informe de autopsia elaborado por el perito de parte Ramírez determinó que la docente tenía “un hematoma en el cuero cabelludo en región frontal, lesión traumática, como las producidas por traumatismo con o contra superficie dura y con intensidad suficiente como para provocar una anestesia previa Brouardel, violencia utilizada a fin de suprimir la resistencia o recurso de defensa de la víctima”. Ramírez, sostuvo “lo que habla que el cadáver estuvo en decúbito ventral durante por lo menos las primeras 12 horas desde el fallecimiento para luego ser dado vuelta a la posición de decúbito dorsal...”.

El perito detectó que presentaba “córneas transparentes, dilatadas, observándose infiltraciones (signos asfícticos y de esfuerzos respiratorios)”.

Primer caso en llegar al Cuerpo Forense de la CSJ

Cuando el Cuerpo Forense confirmó la teoría de la querella, Hernando Morel fue detenido y está con prisión preventiva.

La fuerza, perseverancia y confianza a su equipo legal permitió a Belén Sequeira Falchini y su mamá Norma terminar con una lucha de cuatro años y ver preso a Hernando Adrián Morel (46), alias “Negro”, presunto asesino de Yanina.

La fiscal coordinadora Graciela Griffith Barreto, una vez que supo que el médico natólogo Roberto Víctor Cohen, coincidió con lo descubierto por el perito de parte, ordenó la detención del hombre que convivió con la víctima en un departamento en General Vedia, donde se produjo el homicidio.

Morel está con prisión preventiva y se espera el juicio para el 2020, que en caso de ser hallado culpable, purgará una pena de 35 años de prisión.

El caso de la joven de Resistencia asesinada, mutilada y arrojada al río


El femicidio de Lorena Romero (21) es uno de los casos aberrantes del calendario que está a punto de concluir. Hay cuatro imputados, pero el fiscal Héctor Valdivia consideró otorgarle la libertad al presunto autor material, novio de la víctima, Ezequiel Ramos y dejar presos a sus supuestos cómplices, el tío y un primo del principal acusado. Para la defensa “hay muchas fallas técnicas”, entre las que menciona la falta de control a la “cadena de custodia” de las pruebas, pedidos de nulidades porque el fiscal no asistió a la audiencia de oposición a la prisión preventiva y un testigo “senil” que condujo a los sabuesos a allanar una casa en Villa Libertad.

Lorena Romero desapareció el 10 de junio. Le dijo a su mamá que iba hasta el quiosco cerca de su casa. Dejó el celular que usó para enviarle varios mensajes a su novio Ezequiel Ramos (22) porque pasaban las horas y no había ido verla.

Momentos que se realizaban rastrillajes para encontrar a Lorena Romero. Vecinos se sumaron a la búsqueda con trágico final.

Ramos quedó demostrado había estado bebiendo con amigos en Villa Palermo II, a cinco cuadras del domicilio de Romero.

Los perros siguieron el olor de la chica hasta ese inmueble, pero la dueña del inmueble dijo que Lorena no estuvo ahí. Cinco días posteriores, su cuerpo fue encontrado desmembrado flotando en el río Paraná, a unos 80 kilómetros de Reconquista.

A partir de ese momento, el fiscal Valdivia ordenó detener otra vez a Ezequiel, a quién le dictó la prisión preventiva. Pero hace unas semanas, luego de pagar una caución de 10 mil pesos.

El joven es el principal sospechoso porque Valdivia sostiene que Lorena sufrió fisuras en las costillas, tal lo demostró la autopsia. Según los fundamentos del agente del Ministerio Público, Ramos se enojó porque su novia le recriminó que no le atendió el teléfono ese 10 de junio.

LA PISTA DEL FISCAL

Se supo que Lorena era asmática, cuadro que se agravó por las complicaciones respiratorias que sufrió la joven, al tener fracturadas las costillas. Luego, siempre de acuerdo a lo que sostiene Valdivia, el imputado llamó a su tío Ramón Ramos, quien lo habría ido a buscar con su auto y la trasladaron junto a Walter Ramos (hijo de Ramón) hasta el domicilio de Villa Libertad.

Desde ahí que parte la acusación contra padre e hijo que habrían colaborado con Ezequiel. Agrega Valdivia que la joven murió por una causa cardiorrespiratoria, los Ramos se asustaron y comenzaron el plan de deshacerse del cuerpo.

Tras la declaración del testigo Roberto Yunis de 82 años, quien reside en la casa donde dice que vio a Lorena en un estado delicado, porque no podía respirar, se dispuso un nuevo allanamiento en el domicilio de Ramos, donde los policías llevaron, dos amoladoras, una sierra de mano y una trincheta.

Valdivia sostiene en su acusación que se detectaron manchas de sangre, las que peritos no pueden determinar a quién pertenece al no tener material genético y tampoco el grupo sanguíneo, dijo a NORTE, el abogado defensor Miguel Barceló. Además, cuestionó la validez del testimonio del octogenario ya que varios exámenes hechos al hombre, indican que está senil.

TESTIGO EN DUDAS

“Está demostrado con varios informes médicos que el señor Roberto Yunis tiene demencia tipo Alzheimer, situación constatada por varios profesionales médicos, especialistas en el área de neurología y también por el médico psiquiatra forense Ramiro Isla”, afirmó el defensor.

Ramón y Walter Ramos hace días asistieron a la audiencia de oposición de la prisión preventiva, sin embargo la jueza de garantías espera algunos resultados más, para resolver aunque todo indicaría que sería luego de la feria. Barceló cuestionó: “Es contradictorio, el supuesto homicida le dieron la libertad y a los que acusan de cómplices, los mantienen injustamente detenidos”.

EL CUARTO INVESTIGADO

Hay un cuarto investigado, se trata de Gonzalo Gerardo Calizaya Medina (39), supuesto encubridor porque tenía un teléfono de la víctima. Pero, al parecer su coartada tiene sustento: admitió que previo a la desaparición acordó comprarle el celular a Lorena Romero, a quien contactó por Facebook, ya que ella ofertaba.

La transacción se realizó en presencia de la mujer del hombre oriundo de Bolivia. Al no haber contradicciones, Valdivia dispuso su inmediata libertad.

ESCENA FINAL

En noviembre, se realizó un allanamiento en una casa precaria de dos ambientes, ubicada a la vera del terraplén del barrio Coop, en cercanías al riacho de Puerto Vilelas, se secuestraron objetos y se extrajeron muestras biológicas de interés para la causa.

Cree el fiscal Valdivia que Lorena fue llevada hasta ese lugar, donde se realizó el desmembramiento y posterior descarte de los restos, apareciendo el cuerpo cinco días después en el río Paraná, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Reconquista.

El millonario robo de 200.000 kilos de leche tendrá 9 acusados en el banquillo

A poco más de un año de haber estallado el escándalo de la “lechemenudeo”, el equipo fiscal, el mismo que ventila los hechos de corrupción por la pauta publicitaria oficial, elevó a debate oral y público la causa por el robo de 200.000 kilos de leche en polvo, con nueve sospechosos que desfilarán por los tribunales de la capital chaqueña.

El depósito del Ministerio de Salud del Chaco, donde se produjo la sustracción de varias toneladas. Este año se cerró la investigación y se elevó a debate.

El grupo de fiscales investiga el robo de 200 mil kilos de leche en polvo sustraída de los depósitos de Salud Pública de los galpones ubicados entre los kilómetros 23 y 24 de la ruta 16.

El producto estaba destinada a los niños de los sectores más vulnerables de esa provincia, y los tres fiscales hicieron el requerimiento de juicio oral y público para los nueve acusados del millonario hecho, que tiene en libertad a dos empresarios de Córdoba, principales responsables de la cadena delictiva. Se trata de Gustavo Fassetta de Laspiur, quien había sido arrestado después de presentarse a declarar.

El hombre habría brindado información a Claudio Maturano, otro vecino de Laspiur que estuvo preso por ser el responsable de que concrete la compra de la leche robada en la capital de Chaco. Tanto Fasseta y Maturano pagaron las fianzas y quedaron en libertad hasta que se realice el juicio, tras una ardua investigación de los fiscales Lucio Otero, Graciela Griffith Barreto y Nélida Villalba.

Cabe destacar que Maturano fue aprehendido en noviembre del año anterior y Fassetta en febrero de 2019. Pero el eslabón principal de la cadena sería José Luis Maidana, quien está considerado el jefe de la asociación ilícita que terminó con la sustracción de trabajo de hormiga de las 200 toneladas de leche en polvo que debía ser suministrada a niños de 0 a 2 años con problemas de desnutrición.

La elevación a juicio, según consignaron fuentes judiciales a NORTE, se concretó el viernes 11 de octubre, quedando con prisión preventiva Maidana (dueño del supermercado Norita), Marcela Olga Josefina Aceval (la funcionaria que estaba a cargo del cuidado de la leche), Ramón Acosta y Pablo Fortini.


Llegará preso al debate por cerrar con candado la puerta, muriendo esposa e hijas en un incendio


El 7 de octubre un incendio en la precaria casa del asentamiento Mate Cosido, a metros de la intersección de avenida Mac Lean y calle Tatú Carreta, originó las muertes de Concepción Griselda Sosa de 37 años y sus hijas Jazmín y Brisa, de 8 y un año, respectivamente.

 Las víctimas quedaron atrapadas entre las llamas, sin posibilidades de escapar ya que Torres de 48 años, esposo y padre de las víctimas, se fue de su casa como cada mañana a trabajar, y dejó puesto el candado con cadena en la única puerta de la vivienda.

La fiscal de investigaciones número 9, Daniela Meiriño, había explicado a NORTE: “Torres tiene prisión preventiva por la misma calificación que le intimó en función al artículo 289 inciso 2 del Código Procesal Penal”, señaló la fiscal en temática de género.

Y agregó: “Luego de realizar mi investigación consideré que el hecho no se enmarcaba en violencia de género y elevé a procuración adjunta (Miguel Fonteina) para que resuelva la cuestión de competencia entre mi fiscalía y la de doctora Rosana Soto, resolviéndose que debía continuar la fiscal Nº3 Soto”.

Por lo cual, Torres seguirá detenido por “homicidio culposo agravado por tratarse de más de una víctima fatal”. De esta manera, corresponde avanzan en las próximas medidas a la fiscal Soto, para determinarse luego el requerimiento de la causa a juicio oral, pero como se ha informado en estas páginas, no surgen indicios y elementos que encuadren la tragedia cómo triple femicidio, quedando despejada dicha figura.

Las pruebas y testimonios han contribuido a demostrar que Torres no originó el incendio y también consta en el expediente, la declaración de un vecino que escuchó cuando Concepción le dijo a su marido que cierre de afuera, lo que posteriormente se transformó en una trampa mortal para ella y sus dos hijas.

Torres no fue denunciado por Sosa en comisarías o fiscalías, y surgió del sistema online Proteger instaurado por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que tanto Concepción y sus hijos eran supervisados por el juzgado del Menor y la Familia, por denuncias de las líneas 102 y 137 por “violencia intrafamiliar”, aunque a medida que Meiriño fortaleció la investigación, consideró que las muertes no fueron en contexto en violencia de género, pidiendo apartarse y dar paso a su colega.

Narcomenudeo: más de 4.000 causas tramitadas en los últimos años y un sistema colapsado
 

Por impulso del gobernador Jorge Capitanich, desde 2015 rige en el Chaco la ley provincial Nº 2304-N de “Narcomenudeo” que busca desfederalizar la lucha contra la venta de estupefacientes en menor cuantía.

A partir de su aplicación, comisarías y unidades penitenciarias se vieron abarrotadas ante la persecución del delito, tarea que cumple el fuero que cuenta con dos fiscales y una jueza. Las investigaciones son realizadas por la división Microtráfico de la Policía del Chaco, aunque cuando intervienen otras fuerzas federales y la cantidad hallada es inferior a los 3 kilos, la competencia permanece en la justicia ordinaria.

El exponencial crecimiento del narcomenudeo en los últimos años demuestra que la actividad ilícita no distingue sexo, aunque la mayoría son hombres los que están con prisión preventiva, y muy pocas mujeres en esa condición, o se les otorga prisión domiciliaria por transitar un embarazo al momento de su aprehensión o estar a cargo de hijos menores de edad.

La falta de envío de los fondos prometidos reiteradamente por el gobierno nacional que acaba de terminar mandato para el sostenimiento del fuero, como así también destinar a la construcción de establecimientos carcelarios para el alojamiento de los infractores de este tipo de delitos, ha caído en saco roto, siendo no más allá de algunas fotos del entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la nación, Germán Garavano en la oportunidad que visitó Resistencia y Sáenz Peña.

La capacidad del módulo que debía alojarse acusados de comercialización de droga al menudeo ya fue sobrepasado y el constante aumento de los hechos de inseguridad, han acentuado las deplorables condiciones de seccionales policiales y cárceles.

Será acaso la ministra de Justicia y Seguridad del Chaco, Gloria Zalazar que próximamente con un diagnóstico actualizado inicie en Capital Federal las gestiones para lograr la transferencia de las partidas, tal cual el compromiso que se asumió desde la puesta en vigencia de la ley en el Chaco hace cuatro años.


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