Más delitos, más detenidos, ¿hacia dónde vamos?
Si la cantidad de delitos es directamente proporcional a la cantidad de población de un pueblo o ciudad, no menos cierto es que las medidas que se apliquen en materia de seguridad deben ser revisadas de manera constante, pero más allá de ello, la vulnerabilidad del sistema judicial -acorde al paquete de leyes vigentes- es el tema que más preocupa a la sociedad, porque no quiere seguir mirando que hay una puerta giratoria.
Ayer el procurador general de la provincia, Jorge Canteros, le dijo a este periodista que existen 1300 alojados en alcaidías que dependen del Servicio Penitenciario Provincial, y otro tanto alojados en comisarías. El número exacto de detenidos en esta semana es de 2250.
Por causas federales, 188
En tanto, el juez federal de primera instancia, Miguel Aranda, nos confirmó que respecto de la población carcelaria en dependencias federales hay 188 internos en la U 11, de los cuales 26 están a disposición del Juzgado Federal de Sáenz Peña. Todos los internos hacen su planteos, quejas, presentación de habeas corpus ante este juzgado, que toma medidas al respecto y a su vez hace de nexo con el juzgado que ordenó la detención de esa persona.
Además tiene este juzgado personas de entre 18 y 21 años detenidas en unidades policiales, y dada la carencia de unidades de detención para mujeres, a las mismas se las aloja en comisarías o en dependencias de Gendarmería. Entre federales y provinciales, hay un total de 2438 detenidos.
El fantasma del colapso
Actualmente en las unidades de detención de Sáenz Peña, tanto el Complejo Penitenciario II dependiente del Servicio Penitenciario Provincial y las comisarías de la Zona Interior de la Policía del Chaco, hay más de 600 personas privadas de su libertad. Esto muestra el cuadro de colapso que actualmente se observa en las unidades de detención de la zona, lo cual a partir de la superpoblación exige una urgente revisión para evitar, sobre todo en las comisarías, situaciones como la vivida en la comisaría Segunda semanas atrás, cuando los internos intentaron llevar adelante un motín. Y es allí donde posa la preocupación que genera la superpoblación de detenidos que supera el cupo de alojamiento disponible en las unidades, lo que puede convertirse en potencialmente generador de situaciones de conflicto.
La situación de colapso del sistema carcelario en la provincia no es un tema nuevo, sino que desde hace tiempo se viene advirtiendo desde organizaciones relacionadas con el seguimiento de esta realidad.
Al límite
Actualmente el Complejo Penitenciario II, unidad de detención dependiente del Servicio Penitenciario Provincial y Readaptación Social, aloja 485 internos alojados.
Esto genera un problema adicional mirando hacia las comisarías, ya que esas unidades desde 2011 no debían funcionar más como centros de detención, pero a la luz de los acontecimientos relacionados con el crecimiento del delito volvieron a ser utilizadas como tal, y en ellas conviven internos procesados y condenados lo cual es un factor adicional por tener en cuenta.
Es por ello que el número de alojados hace que “no haya cupos” y aquellos que son condenados vayan a comisarías y “no estén en el lugar en que deben estar”.
Apuntar a una solución urgente
En las últimas semanas, la Justicia, jueces y fiscales se vieron casi en la obligación de conceder prisiones domiciliarias solicitadas por quienes tienen causas pendientes con ese poder y, técnicamente, con los riesgos que ello supone.
Esto aparece como un “parche” para atender la coyuntura, pero es indudable que la preocupante situación amerita acciones de fondo tendientes a solucionar esta problemática. Pero las soluciones no deben venir de la mano de la ampliación de la infraestructura para alojar detenidos sino de un urgente abordaje de la problemática, desde una perspectiva interdisciplinaria, apuntando fundamentalmente a generar las condiciones para evitar el ingreso en el mundo del delito, generando condiciones para evitarlo.
