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Ley de Semillas: aportes académicos al debate para su necesaria modificación

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires organizó una jornada Ley de Semillas. Se expuso que tres grupos empresarios concentran cerca del 60% de las ventas globales de semillas y del 70% de los agroquímicos.

Por Pablo A. Roset

La actual Ley 20.247 —conocida como ‘Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas’— se promulgó en 1973. Hoy existen propuestas para modificarla, argumentando su desactualización y la necesidad de promover nuevos desarrollos por parte de las compañías semilleras.

Gustavo Schrauf, profesor titular de la cátedra de Genética de la FAUBA, dijo que es fundamental conocer cómo son y quiénes controlan los mercados de semillas.

El proyecto para modificarla ya cuenta con un dictamen de comisión de mayoría en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A fin de brindar diferentes visiones desde el ámbito académico, la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) organizó la jornada Ley de Semillas: Aportes para un Debate Institucional, en la que un grupo de docentes y profesionales debatieron, con distintos enfoques, sobre la importancia y las posibles consecuencias de cambiar la legislación vigente.

Mejoramiento participativo y soberanía

Para , profesor titular de la cátedra de Genética de la FAUBA, es fundamental conocer cómo son y quiénes controlan los mercados de semillas. “La semilla es el insumo básico de la cadena alimentaria y condiciona cómo se producen los alimentos. Por eso, las empresas de agroquímicos compraron casi todas las semilleras en el mundo: Bayer compró a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y ChemChina adquirió a Syngenta y a la empresa argentina Nidera. Sólo estos tres grupos empresarios concentran cerca del 60% de las ventas globales de semillas y del 70% de los agroquímicos”.

“Esto hace que el productor esté muy condicionado en su forma de producir. Al comprar las semillas también adquiere los agroquímicos para que los cultivos expresen su potencial. La tendencia al monopolio es muy fuerte, y si dejamos en sus manos el desarrollo de semillas, perdemos soberanía y poder de decisión”, dijo, y agregó que quitarle al productor el derecho al uso propio de las semillas puede profundizar la monopolización.

“En la Argentina, la normativa que rige para las semillas ya tiene varias décadas. No se han recogido las innovaciones tecnológicas desarrolladas”, expuso, director del Programa de Bioeconomía de la FAUBA.

Además, Schrauf advirtió sobre la notable caída en los presupuestos del Conicet, las universidades, y del programa de mejoramiento del INTA. “Por un lado, el proyecto del oficialismo busca darle más poder a las empresas; por otro lado, afirma que con la modificación pretende beneficiar al INTAà es una incoherencia y puede significar un perjuicio muy grande. La Ley debemos repensarla entre todos, con participación. Incluso, es necesario considerar que los productores pueden intervenir en el mejoramiento y no verse sólo como meros receptores de tecnologías”.

“Al mejorador y al productor se los suele presentar como antagónicos. Sin embargo, con el mejoramiento participativo pueden trabajar en conjunto. En este sentido, nuestra experiencia con el proyecto de es muy rica. Además de mejoradores, agrónomos y biólogos participan los productores hortícolas y hasta los mismos consumidores en las degustaciones (incluyendo cocineros). Entre todos se decide qué tomate elegimos para mejorar. Este modelo no es fácil de implementar, pero en algunos países hay proyectos parecidos que funcionan muy bien. Estas alternativas representan una reacción de la sociedad, que busca alternativas a la concentración que se da a escala global”, resaltó Schrauf.

Los costos de no invertir en tecnología

“En la Argentina, la normativa que rige para las semillas ya tiene varias décadas. No se han recogido las innovaciones tecnológicas desarrolladas en los últimos años y eso ha tenido un costo importante tanto en productividad como en divisas. Por ejemplo, hoy, por no haber incorporado esas tecnologías, los rindes argentinos en maíz y trigo pasaron a estar debajo de los de EE.UU., habiendo sido superiores o semejantes. Cuando uno valoriza eso, significaría una pérdida para el país de 50 mil millones de dólares por el maíz más 19 mil millones por el trigo”, explicó , director del Programa de Bioeconomía de la FAUBA.

En esta misma línea, el docente agregó que en el caso de la soja, por esa misma razón y porque los productores pueden guardar semillas de una campaña a otra —cosa que no sucede con el maíz híbrido—, la Argentina estaría perdiendo alrededor de 2500 millones de dólares por año. “En términos de retenciones, dejamos de recuperar unos 770 millones de dólares al año. Para tener en claro la magnitud de esta cifra, el presupuesto anual de la UBA es de 600 millones de dólares”.

Vilella hizo hincapié en que esta realidad es común a un amplio rango de producciones. “Por ejemplo, cultivamos una variedad de arveja verde, pero como el mundo busca la amarilla, nos quedamos afuera. Hacemos unas variedades de garbanzo que no son las que demandan los hindúes, grandes consumidores, y no hay posibilidad de incorporar esa genética si no estamos dispuestos a pagarla. Lo mismo pasa con el maní. Lamentablemente, se suele circunscribir el problema a la soja y a una empresa en particular. La verdad es que las pérdidas que se generan son manifiestas y afectan a todo el sistema productivo argentino”.

“En el proyecto de Ley del oficialismo, que ya cuenta con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados, y en los restantes 10 proyectos presentados, hay una consideración de que no paguen los derechos de uso de las semillas los pueblos originarios, la agricultura familiar y las micro-pymes, que son empresas que facturan hasta 10 millones de pesos por año, aproximadamente 900 mil pesos al mes. No es una cifra tan chica de productores exceptuados”, destacó Vilella.

Por último, el docente señaló que “pretender que la Ley de Semillas solucione la problemática de la agricultura familiar o de los pueblos originarios es inconsistente. Eso se hace con presupuestos y políticas adecuadas, no tiene que depender de la Ley de Semillas ni ser excusa para que el sistema productivo se atrase y que todos, por no tener los instrumentos que el mundo usa cotidianamente, seamos más pobres cada año”.