Una rebelión de veinticinco años
Mientras el presidente Lenín Moreno busca un último refugio en Guayaquil, centro de gravedad económico del país, los manifestantes asaltaron la Asamblea Nacional en Quito al grito de “¡Fuera, Moreno, fuera!”. Tras una dura semana de cortes de rutas y gigantescas movilizaciones, sindicatos y movimientos indígenas van a la huelga general por tiempo indefinido.
Naftazo y algo más
Los dirigentes de la huelga exigieron el fin del paquetazo que, entre otras consecuencias, llevó a un aumento del 125% en la tarifa de los combustibles. Pero no solo: el recorte sin compensación a las vacaciones a los empleados públicos; el consabido achicamiento del presupuesto público en los rubros de salud, educación y vivienda; la profundización de la reforma laboral; y el aumento de “incentivos” a las grandes empresas (en este caso no los llaman “subsidios”) forman parte de ese paquete.
Tal el conjunto de exigencias del FMI para otorgar un crédito de u$s 4.200 millones, extensible a u$s 10.000 millones en próximos años en conjunto con el BID.
Sin embargo, la huelga amenaza con hacer caer a Moreno antes de que este se digne a considerar sus reivindicaciones. La pretensión del gobierno de militarizar el transporte público provocó una huelga de choferes en las principales líneas, que inmovilizaron los pocos sectores que circulaban.
Tras la debacle de la economía argentina, la huelga en Ecuador marca otro fracaso explosivo de las políticas recesivas del FMI, acentuando una tendencia de crisis en América Latina. Estos sucesos son contemporáneos con los choques entre el Ejecutivo y el Congreso en Perú, con las huelgas y movilizaciones contra Bolsonaro en Brasil, con el derrumbe del macrismo en la Argentina. En todos estos países la crisis económica se profundiza, convirtiéndose en crisis política y protesta social.
Contrarreforma laboral
Otro elemento central del paquetazo era el recorte de derechos laborales, que en los papeles debería “propiciar el flujo de inversiones y aumentar la competitividad”. Las metáforas economicistas implicaban flexibilización de horarios, terminar con las indemnizaciones por despido y aportes patronales para jubilaciones, contrataciones más flexibles, habilitación de contratos “informales” hasta tres años, y avances hacia la privatización de la seguridad social. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo: ya en mayo de este año el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) había pretendido habilitar tres medidas de flexibilización que fueron respondidas con una huelga general.
Historia fresca
La protesta iniciada el 3 de octubre estaba protagonizada por sectores urbanos. Pero este lunes se vio potenciada por la movilización de los originarios, tanto de la sierra como del sector amazónico.
Desde hace al menos dos décadas, cuando estos sectores se sienten atacados por medidas de gobierno, el gobierno debe retroceder… o caer.
Así fue en 1997, cuando una alianza de indígenas, campesinas, sindicales y estudiantiles llamada Frente Patriótico derribó al gobierno de Abdalá Bucaram, que había sancionado tarifazos en la electricidad y en el gas, también luego de firmar un acuerdo con el FMI. En el año 2000, los indígenas volvieron a bajar de la sierra y a salir de la selva para tomar el Legislativo y otros centros de gobierno en Quito. Esa vez el que debió huir fue el presidente Jamil Mahuad, que había adoptado el dólar como moneda nacional y condenado a la pobreza a enormes contingentes de la población.
El movimiento fue apoyado entonces por una franja de oficiales medios del Ejército, entre los que destacaba el coronel Lucio Gutiérrez. Este militar supo capitalizar la movilización de la Conaie para llegar a presidente en 2003. Pero al mes de asumir el cargo, Gutiérrez se declaró “el mejor amigo de EEUU”, nada menos que desde Washington, y firmó otra carta de intención con el FMI. Allí comprometía la privatización de empresas públicas y ajustes estructurales, además de un tratado de “libre comercio” con EEUU.
Así las cosas, cuando los jóvenes universitarios “indignados” llamaron a movilizaciones en Quito en 2005 para reclamar que “se vayan todos”, Gutiérrez no recibió apoyo de nadie, y tuvo que renunciar. Un personaje muy poco conocido hasta entonces, Rafael Correa, fue el que aprovechó la energía del movimiento y ganó las elecciones de 2006.
Inauguró un “gobierno plurinacional y ecologista”, con una reforma constitucional en 2008 que fue la primera en el mundo en reconocer derechos de la naturaleza. Pero a poco se vio que el modelo de desarrollo del gobierno de Correa se basaba en el extractivismo minero y petrolero, amenazando directamente los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.
De allí que la criminalización de la lucha social se fuera acentuando, contradicción esta que, entre otras, restó apoyo al correísmo desde mucho antes que finalizara su gobierno. Por ello, cuando el presidente Lenin Moreno imputó a Correa como responsable de la actual rebelión, la Conaie no dudó en responder: “Luchamos por la salida del FMI. No permitiremos a los que nos criminalizaron por diez años aprovecharse de nuestra lucha y la del pueblo ecuatoriano”.
La actual situación parece señalar que los trabajadores urbanos y rurales de Ecuador no luchan solo contra los planes del actual gobierno sino, sobre todo, a favor de una alternativa propia.
