¿Cómo explicar las recurrentes crisis argentinas?

Una revisión rápida de la historia contemporánea argentina nos revela la cruda realidad de una república con una dirigencia política que periódicamente conduce el país a situaciones de crisis económica/financiera y política.  Desde la de 1952, ha habido ocho crisis (1958/9, 1967, 1975/6, 1985, 1989, 2001 y 2018). En todas colapsó la moneda argentina, con la pérdida cuantiosa de ahorros y del valor de inversiones, activos e ingresos.

Todas producidas por déficit fiscales imprudentes, balanza de pagos negativa, emisión monetaria y endeudamiento excesivo, inflación y devaluación exorbitantes, corralitos y estancamiento económico. Como causa y/o efecto de ello, el país ha padecido recurrentes crisis de gobernanza, violencia, golpes de estado, dramáticas renuncias presidenciales y rápidas sucesiones presidenciales, tanto bajo regímenes militares como democráticos, y últimamente una profunda polarización sociopolítica.   

¿Cómo explicar este fenómeno perverso, en un país con grandes recursos naturales y humanos, que hace 100 años poseía una de las 5 o 6 economías mas dinámicas del mundo?  Una explicación hipotética la encontramos en ciertos rasgos interdependientes de la cultura política (valores, actitudes y prácticas políticas), que parecen predominar en la ciudadanía y la dirigencia política argentina: 

La inclinación autoritaria, que se refleja en los golpes de estado y las dictaduras militares, tan frecuentes en la historia argentina, y hasta en gobiernos electos, con transgresiones a libertades fundamentales, persecución política, represión estatal y atroces violaciones a los derechos humanos.

Este rasgo está asociado también al abuso de poder, al excesivo intervencionismo estatal en la economía, al control de precios y de cambio, la manipulación de estadísticas, al proteccionismo, etcétera. 

La intransigencia y el extremismo político de derecha e izquierda, a pesar del retorno de la democracia en 1983. Esto incluye la incapacidad de negociar y construir consensos de gobernanza democrática, lo que frecuentemente produce inestabilidad política y crisis de gobernanza, y su consecuente inseguridad financiera y cambiaria, estancamiento y recesión económica.

De este rasgo probablemente surge la llamada grieta, reflejada en la división y enfrentamiento entre populistas autoritarios y republicanos democráticos, entre sectores de menos recursos y los más pudientes, entre el campo agro-ganadero y la metrópolis tecno-industrial y burocrática, entre Buenos Aires y el Interior, entre piqueteros y ciudadanos ocupados, etcétera.  

La tentación populista, demagógica y clientelista para ganar elecciones y permanecer en control del Estado.  Ello abarca el ofrecimiento, y una vez en el poder, la provisión de subsidios para electricidad, transporte, agua, educación, salud y otros, más transferencias monetarias a familias de menores recursos (35% de pobreza), puestos estatales para políticos y el empoderamiento de dirigentes sociales (punteros y piqueteros de sindicatos y cooperativas) para movilizar el apoyo callejero y electoral (planes sociales por votos) --generando dependencia económica y sumisión política.

La adicción de la dirigencia política al déficit fiscal excesivo, para cubrir los costos del populismo. La imprudencia fiscal conduce a crisis recurrentes de deuda, inflación, devaluación y default. Los más perjudicados son los sectores medios y de menores recursos que, irónicamente, se mantienen fieles política y electoralmente a la dirigencia populista, por los subsidios y los planes sociales. Los costos incluyen transferencias a partidos políticos y sus dirigentes para actividades partidarias y electorales, así como pautas publicitarias para medios afines al gobierno. Se estima que unos 9 millones de argentinos tributan para el Estado, y que 19 millones viven de sus egresos, incluyendo 3.6 millones que trabajan para el mismo.

La prevalencia de la corrupción, por obsesión con el poder o por el deseo de enriquecimiento. Involucra a funcionarios públicos, individuos o corporaciones del sector privado que se enriquecen vía soborno, prebendas, lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos, todo cubierto con una dudosa legalidad y opacidad que garantiza la impunidad. Su omnipresencia la revelan diariamente los medios y las causas judiciales.

La corrupción y la impunidad socavan las instituciones republicanas, incluyendo el sistema de pesos y contrapesos, la administración de justicia, el sistema electoral y además sustraen del Estado recursos necesarios para reducir la pobreza. Con frecuencia la corrupción se asocia con la ineptitud y la improvisación de la dirigencia política. El peor de los mundos. Por ello, la gente desconfía de ella y hasta de la democracia misma. 

 ¿Cómo evitar estas recurrentes crisis?  NO hay medidas mágicas para producir de un día para otro un cambio transformador en la cultura política e instaurar una normalidad republicana y democrática. 

El cambio probablemente requerirá esfuerzos en diferentes tiempos y ámbitos: A corto plazo y mediano plazo, por ejemplo, una ley de dolarización de la economía podría atenuar la adicción al déficit y la tentación populista.  La instalación, vía legislación, de una Comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, como en Guatemala, Honduras y El Salvador, con la colaboración de OEA y ONU, podría contener o reducir la corrupción.

El cambio también podría resultar de una reforma constitucional, para mejorar la representatividad de los legisladores, la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones y la dirigencia política. Las universidades, los partidos y el gobierno podrían desarrollar programas de capacitación y actualización de jóvenes líderes en valores y prácticas democráticas y en gerencia o gestión política (estrategias de comunicación, técnicas de negociación y construcción de consensos, uso de tecnología y data, elementos para el liderazgo y la administración publica, etc.).   

Pero el cambio fundamental, profundo y durable sólo se lograría a largo plazo vía un proceso de enseñanza y aprendizaje de valores y prácticas cívicas, republicanas y democráticas como la tolerancia, la solidaridad, la probidad, la transparencia, la rendición de cuenta, diálogo, la moderación y la prudencia, la confianza mutua y respeto por la libertad y la igualdad ante la ley, la diversidad y el pluralismo  --que teóricamente ya existen en la sociedad y en la dirigencia política, pero no predominan. Todos valores y prácticas que se socializan a través del hogar, el sistema educativo, los clubes, los partidos políticos y los líderes sociales y políticos –proceso que debió comenzar ayer. “Es la educación, estúpido,” diría Sarmiento.

(El autor es politólogo, exfuncionario de la OEA)