Entre piquetes y asedios al Estado

Sin embargo, en las últimas jornadas las calles céntricas de la capital chaqueña (que forma parte de ese complejo conglomerado urbano que es el área metropolitana) se vieron alteradas por distintos piquetes y el asedio de los reclamos por los pases a la planta permanente de un Estado al que muchos, al parecer, conciben como una fuente inagotable de recursos.
Se trata, por cierto, de un escenario que muestra una enorme contradicción y que, seguramente, merece un análisis más profundo y en lo posible desapasionado, que ayude a entender porqué en una coyuntura tan particular, en un país que está en plena emergencia alimentaria, la actividad política sigue su camino de campaña con ambiciones que a la vista del ciudadano de a pie resultan insaciables y que, además, no muestra ninguna señal de comprender el grave momento que atraviesa el país y, por supuesto, también el Chaco.
A los cortes de calles de los últimos días frente a la Casa de Gobierno y en otras zonas de la capital chaqueña donde funcionan organismos oficiales, se sumaron los reclamos, por un lado, de un grupo de empleados del Ministerio de Gobierno y Justicia, que tomaron la decisión de encadenarse en el cuarto piso de la sede del Ejecutivo provincial a la espera de una respuesta a su reclamo de regularización laboral, y por otra parte, la protesta impulsada por otro grupo de trabajadores del Instituto de Cultura, que contó con el apoyo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se tradujo en la toma de las instalaciones de la Casa de las Culturas, frente a la plaza central de la ciudad de Resistencia, en el marco de una protesta que se llevó adelante en medio de una huelga decretada por la caída de la conciliación obligatoria entre las partes.

En este caso, se trató de una medida que se concretó para reclamar el pase a la planta del Estado provincial de unos 300 trabajadores. Estos conflictos, además, tuvieron como telón de fondo la particular situación que atraviesa la administración pública provincial que está prácticamente paralizada por el paro de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP) que reclama mejoras salariales, la habilitación de los cargos para pase a planta del personal que se encuentra en una situación laboral irregular, que se avance con el proceso de regularización laboral iniciado en diferentes jurisdicciones y una mesa salarial abierta durante todo el año para hacer frente a lo que definió como una “inestabilidad económica producida por las políticas aplicadas por el Gobierno nacional”, entre otras respuestas que demanda el gremio estatal y que afecta también el normal desempeño de las tareas en entes descentralizados y autárquicos, aunque según se informó hay un compromiso para mantener el cumplimiento de guardias mínimas para los casos de urgencias y emergencias en áreas que dependen del Ministerio de Salud Pública, es decir hospitales y centros de salud, y las oficinas de los Registros Civiles.
Más allá de la legitimidad que puedan tener algunos reclamos, sería un grosero error perder de vista que la provincia no es una isla de bonanzas en esta Argentina extenuada que deja la administración macrista, que produjo entre otras cosas una crisis social y económica cuya magnitud nadie debe desconocer.

Tampoco se puede ignorar la fuerte pérdida de los fondos de coparticipación que sufrieron las jurisdicciones provinciales, entre ellas el Chaco por supuesto, que obliga a las administraciones locales a moverse con la máxima prudencia posible para evitar el ingreso en situaciones no deseables que pueden ser aún más difíciles de manejar.

En ese sentido, no es un dato menor la observación que hizo hace pocas horas el gobernador Domingo Peppo cuando dijo que espera no tener que estar frente a la obligación de recurrir al uso de cuasimonedas en la provincia para hacer frente a los compromisos que tiene el Estado provincial, reconociendo que se trata de un recurso extremo cuyas consecuencias, hay que recordar, ya son conocidas por estas latitudes.
Es de esperar, entonces, que prime la sensatez, especialmente entre los dirigentes políticos, sociales y de los distintos sectores que, por el lugar de responsabilidad que ocupan en la sociedad, están llamados a dar el ejemplo de inteligencia y madurez que se necesita para transitar estas horas difíciles para el país y la provincia.