Dos de tres personas carecen de acceso a la Justicia
Más de cinco mil millones de personas caen en una “brecha de justicia”, sin poder resolver disputas que van desde apropiación de tierras hasta delitos violentos, dijo el Grupo de Trabajo sobre Justicia, parte de una asociación de miembros de ONU, grupos civiles y el sector privado.

Nueva York, 8 (Fundación Thomson Reuters) – Conseguir acceso a la Justicia para todos es uno de los objetivos mundiales ambiciosos que la ONU se propuso alcanzar para 2030. A fin de mes se realizará una cumbre sobre el progreso de metas, y se pedirá a los países que aceleren planes.
El costo de satisfacer las necesidades legales básicas sería de u$s 20 anuales por persona, menos que el costo de proporcionar educación básica o atención médica esencial.
Más de 2.000 millones no tienen pruebas legales de sus derechos sobre la vivienda que habitan o la tierra que trabajan, más de 40 millones están atrapados en la esclavitud moderna, 12 millones carecen de identidades nacionales y más de 200 millones viven en sociedades sin Estado de derecho.
El trabajo contabilizó 5.100 millones de personas, más de 1.000 millones sin identidad legal y más de 2.000 millones con trabajo precario sin contrato ni protección legal.
Además, 1.500 millones de personas tienen problema de Justicia que no pueden resolver porque no saben a dónde ir o porque el sistema es costoso o injusto, señalando que las categorías se superponen. Como resultado, las personas son vulnerables al abuso y la explotación y se pierden oportunidades económicas. Los crímenes violentos no se denuncian, y las disputas sobre tierras, vecinos o familias no se resuelven.
Los más afectados son los expatriados, los esclavizados y quienes viven en territorios en guerra.
La propiedad puede ser confiscada sin compensación, o se puede negar a los miembros de una minoría los servicios públicos. “Los sistemas de Justicia no están funcionando para la gran mayoría de las personas”, dijo Maaike de Langen, jefa de investigación del grupo de trabajo, en entrevista a la Fundación Thomson Reuters. “Es un problema en todos los países”.
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