El rol fundamental de la agricultura familiar

La ex presidenta de Chile, actualmente a cargo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, celebró la aprobación por parte de la Asamblea General de una nueva declaración para proteger los derechos más básicos de la población rural.

En ese sentido, la ex mandataria chilena observó que “a nivel mundial, los campesinos alimentan al mundo, pero el disfrute propio de sus derechos humanos se ve amenazado, incluyendo el su propio derecho a la alimentación”.

El documento, titulado “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales”, fue elaborado por integrantes de la Tercera Comisión, que se ocupa de los problemas de derechos humanos, entre otros, y fue aprobada el lunes por la Asamblea General de la ONU, en la que los 193 Estados miembros están representados.

Su objetivo es proteger los derechos de los trabajadores rurales, incluidos los pescadores, los nómadas, los pueblos indígenas, los pastores y otros trabajadores agrícolas, como los campesinos, que se definen en la declaración como “cualquier persona que se dedique a la producción agrícola en pequeña escala”.

Bachelet advirtió que en la mayoría de los países los campesinos se enfrentan a situaciones extremas que se ven agravadas por un desequilibrio de poder en las relaciones económicas y explicó que “las políticas que podrían promover los derechos de los campesinos están en gran medida ausentes y, en algunos casos, han sufrido debido a medidas de austeridad”.

Aunque no menciona específicamente el caso de Argentina, la situación de la agricultura familiar en nuestro país no escapa, lamentablemente, a esa descripción. La drástica reducción de personal y presupuesto que afecta a distintas delegaciones de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, un organismo que hasta 2015 hacía valiosos esfuerzos para erradicar las desigualdades en las distintas economías regionales del país a través de la asistencia al trabajo de los pequeños y medianos productores agropecuarios, son el resultado de políticas de ajuste aplicadas en los últimos tres años.

La declaración de la ONU que destaca la importancia de la agricultura familiar fue aprobada con 121 votos positivos y ocho votos negativos (Estados Unidos, Australia, Guatemala, Hungría, Israel, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suecia). En la ronda de votación Argentina se abstuvo, al igual que Brasil, Canadá, Colombia, Honduras, Francia, Rumania, Rusia y España, además de otros 49 países.

El documento de la ONU remarca el “rol estratégico” que desempeña la agricultura familiar en la lucha contra el hambre y la mitigación del cambio climático. También destaca la importancia de la soberanía alimentaria, reconoce derechos de los pequeños agricultores y plantea obligaciones de los Estados.

Cabe recordar que ya el año pasado, la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que depende de la Conferencia Episcopal Argentina, expresó su preocupación tras constatar que, en nuestro país, los equipos técnicos al servicio de las familias de pequeños productores -que son esenciales para el trabajo de desarrollo y crecimiento con estas familias-, estén siendo reducidos en forma drástica y se haya reducido el financiamiento de varios programas”.

La importancia de la agricultura familiar como alternativa sostenible de los países de la región, también es reconocida por organismos internacionales como la FAO, que también destaca que se trata de un sector fundamental para mejorar la producción de alimentos, sin afectar los ecosistemas, evitando la erosión de los suelos y protegiendo las reservas de agua.

Un párrafo especial merece el trabajo de las mujeres que trabajan en el campo que, según advierte Bachelet en las declaraciones que hizo en referencia a la situación global, señala que ‘son particularmente vulnerables, dada la discriminación generalizada que restringe su acceso, uso y control de la tierra, así como un pago desigual por su trabajo’.

Es de esperar que en este año electoral, los dirigentes de los distintos partidos que se presenten como candidatos se comprometan a impulsar políticas públicas que estimulen y reconozcan a la agricultura familiar como lo que realmente es: un pilar fundamental de las economías regionales.