El martes se reunirá la comisión que decidirá cuándo se cita a Soto Dávila

El Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación y envío a juicio político de magistrados, comenzó este jueves a funcionar con su flamante conformación y entre otros temas decidió que recién el martes se haga una reunión para poner fecha a la citación del juez correntino Carlos Soto Dávila acusado de connivencia con narcotraficantes. Se trata de un nuevo escenario para el oficialismo, que perdió una plaza a manos de la oposición a fines del mes pasado.

El pago de impuesto a las ganancias para los magistrados y funcionarios que entró a partir de 2017 y la situación del juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, involucrado en un caso de narcotráfico, fueron los dos de los temas que se trataron.

El juez Ricardo Recondo fue elegido presidente del organismo, en tanto que como vice estará Marina Sánchez Herrero, representante por los abogados de matrícula federal. Recondo ya detentó el cargo en un anterior período del organismo, donde ocupa una de las tres plazas en representación de los magistrados.

Poco después de las primera palabras de Recondo, quien habló y anunció las nuevas comisiones, fue el turno de Juan Bautista Mahiques, representante del Ejecutivo y hombre fuerte del oficialismo en el Consejo. Mahiques resaltó la importancia del consenso a la hora de las decisiones.

Cerca suyo lo escuchaban los legisladores Miguel Ángel Pichetto y Graciela Camaño, dos de la figuras del flamante Consejo. Pichetto fue quien planteó el tema de Soto Dávila y la importancia de tratar su situación cuanto antes. Entonces se convocó a una reunión de Disciplina y Acusación para el próximo martes en vistas a fijar fecha para citar al polémico magistrado e iniciar el posible proceso de destitución en su contra.

Luego tomó la voz el juez Juan Manuel Culotta, otro de los nuevos consejeros, quien apuntó sobre el tema de impuestos a las ganancias para los magistrados y funcionarios judiciales que fueron nombrados desde el 1 de enero de 2017, sobre lo que se expidió la Corte la semana pasada.

El tema despierta debates y polémicas y Culotta defendió con determinación a sus pares alcanzados por la medida, quienes insisten en la necesidad de una reglamentación clara sobre el tema.