Denuncian posible institucionalización de las usurpaciones en Resistencia

“A razón de la verdad de los hechos, el inmueble se encontraba debidamente alambrado y con sus impuestos municipales al día, a mediados del mes de septiembre del presente año, había sido tomado y ocupado en total clandestinidad, por 60 a 70 personas, las que estaban en ese momento dirigidas e inducidas por ciertos movimientos sociales”, indicaron. 

“Inmediatamente al hecho, con el asesoramiento de Gastón Breard nos constituimos querellantes penales y logramos bajo la investigación de la fiscal Nélida María Villalba, a cargo de la Fiscalía N° 5, se dicte el desalojo del predio. Debemos destacar por su labor con el ayudante fiscal Rubén Medina y demás personal judicial en su conjunto por su eficiente y rápida labor”, afirmaron.

“Se logró hacer un gran operativo con aproximadamente 400 efectivos de la Policía de la Provincia del Chaco, lográndose el desalojo ordenado sin ningún inconveniente. Destacamos la colaboración y acompañamiento del personal policial a cargo y subalternos que intervinieron en esa oportunidad”, comentaron.

“Quedaron en custodia del predio día y noche 6 agentes de la Policía del Chaco contratados en forma particular bajo la modalidad adicionales, representando una erogación de dinero importante. Accedimos a abonar estos adicionales porque la Policía del Chaco no podía destacar personal en forma permanente para cubrir esta labor, razón por la cual se nos solicitó que debíamos contratar personal policial bajo esta modalidad para evitar nuevos intrusos”, determinaron.

“A pesar de la presencia de los uniformados contratados que se encontraban en custodia del predio, y mientras se trabajaba con 8 operarios y máquina topadora en la reparación del alambrado del predio, a solo 30 minutos de haberse producido el desalojo, un grupo de personas infraganti delito amenazando a nuestros trabajadores (incluso con armas de fuego y machetes) y a pesar de estar la policía en custodia, volvieron a usurpar el predio, repito, a los 30 minutos de la toma de posesión del inmueble, situación que se mantiene al día de hoy”, explicaron.

“Denunciamos nuevamente el hecho cuatro veces en la Comisaria Novena, desde donde se nos solicitaba acudir directamente a la fiscalía. Así es como pasado solo 30 minutos del mega operativo logrado y estando el terreno en custodia de 6 policías nos exigen que presentemos otra denuncia y que se abra nueva investigación para realizar un nuevo proceso de desalojo por cambio de turno de la fiscalía interviniente”, graficaron.

“Todo esto es un desatino jurídico y una falta de respeto a toda la ciudadanía que solo pide que este Gobierno resguarde sus derechos. No estamos ajenos a la realidad social que hoy vivimos, pero entendemos también que el Gobierno debe brindar tutela jurídica a los derechos de los particulares por sobre la presión que ejercen los grupos sociales que amparados por sectores de poder se benefician con esta realidad”, ilustraron.

“Es importante aclarar que al momento de la primera usurpación la gente comenzó a lotear y a dividirse los terrenos muy organizadamente, incluso habiendo ciertos punteros y movimientos políticos que vendían los lotes en cuestión, lo que nos da una idea de este tipo de maniobras. A raíz de estos hechos y por el cambio de turno de la Fiscalía interviniente, tomo razón la fiscalía N° 11 a cargo Héctor Elio Valdivia”, mencionaron.

“A la fecha, los ocupantes no han podido ser desalojados porque se amparan en la ley que declara el estado de emergencia habitacional”, afirmaron.

“Esta ley tiene por objeto promover la regularización dominial de los inmuebles urbanos ocupados que sean propiedad del Estado Nacional, Provincial y Municipal, los declarados de interés público y los sujetos a expropiación por Ley Provincial. En su artículo 6, la mencionada norma, en desconocimiento al derecho de acceso a la justicia, y en desmedro del derecho a la propiedad privada, establece que durante la vigencia de la emergencia habitacional y en todos los casos que exista un proyecto de ley de expropiación con trámite parlamentario, deberán suspenderse los procedimientos judiciales que puedan existir por la propiedad, en lo referido a la posesión, uso u ocupación del inmueble particular”, denunciaron.

“De esta manera un grupo de personas debidamente organizadas y amparadas legalmente pueden ocupar un inmueble particular y bajo tutela legal se hacen dueños de la propiedad privada, atento a que los particulares no tenemos ninguna herramienta para defender de nuestros derechos”, detallaron.

“Por medio de la presente queremos alertar a todos los chaqueños de que se está a punto de institucionalizar la apropiación ilegitima de la propiedad privada. Por lo expuesto es que denunciamos una operatoria que se viene realizando ya hace un tiempo en la cual ciertos legisladores y funcionaros públicos inducen a la gente a tomar los predios, para luego ellos solicitar la expropiación”, resaltaron.

“Existe sobre el inmueble un proyecto de ley impulsado por el diputado Aurelio Díaz, quien incentiva de esta forma a la gente a tomar el terreno. Hay que ser cautos y saber que hoy el Estado está en una situación muy difícil para poder afrontar el pago de una expropiación. El accionar repetitivo y sistemático de este tipo de operatoria y la inactividad de los resortes legales y seguridad que debe dar el Gobierno hace que hoy esta Provincia sea insegura para todo tipo de inversión. Lamentamos profundamente estos hechos y advertimos nuevamente a toda la sociedad de esta grave situación”, refirieron.

“Hoy está el predio todavía usurpado con escaso número de personas que siguen disponiendo ilegalmente el terreno y nosotros, los particulares, con una Policía que no puede brindarnos seguridad, una Justicia que no reacciona y un Gobierno que no toma cartas en el asunto”, finalizaron.