Alegato por seguridad jurídica ante la paralización en áreas clave

En un pronunciamiento conjunto del que no existen demasiados antecedentes pero que evidencian la posición homogénea de que los reclamos exceden situaciones particulares, integrantes de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Chaco (Fepuch) realizaron hoy una rueda de prensa en la que pidieron al Poder Ejecutivo allanar soluciones ante los reclamos sindicales que paralizan áreas clave de la administración pública.

En los discursos, representantes de las organizaciones coincidieron en la comprensión de los reclamos de parte de agentes de la administración central pero sin soslayar el perjuicio que les genera en la profesión a punto tal en algunos casos de no poder hacer frente a obligaciones primarias como también repercuten en proyectos de inversión privada, necesarios por su importancia para la generación de empleo.

‘La situación no da para más‘, sostuvo el secretario del Colegio de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de Chaco, Carlos Diez, que en su discurso detalló las razones por la que se llegó a este escenario y repasó las instancias anteriores. Como agrimensor, puntualizó en cómo afectan los paros en la Dirección de Catastro y Cartografía y el Registro de la Propiedad del Inmueble.

La situación no da para más

Indicó que hace ocho semanas consecutivas en estos organismos se realizan medias de fuerza que frenan el otorgamiento de certificados vinculados con proyectos de construcción, loteos o similares.

‘Afecta no solo a martilleros, escribanos y corredores inmobiliarios, afecta a toda la sociedad que necesita tener seguridad jurídica, porque Catastro es el organismo donde se inscribe el objeto de los derechos reales y donde se constituye el derecho real de dominio es el Registro de Propiedad del Inmueble‘, explicó.

Diez indicó que el contexto es grave porque viene acompañado de una actualidad compleja a nivel nacional en términos económicos que hace imperiosa una solución de fondo.

‘Los profesionales nos formamos en universidades públicas y gratuitas y de alguna manera tratamos de devolverle a la sociedad con el aporte de propuestas para el desarrollo provincial, pero las autoridades deben tener conciencia de que la situación así no puede seguir, de un lado tenemos un Chaco productivo y del otro la administración pública paralizada que no otorga los instrumentos jurídicos necesarios para encarar proyectos de inversión‘, explicó.

SE RESIENTE LA ECONOMÍA PROVINCIAL

A su turno, la presidente del Colegio de Escribanos, Eda González de Cabas, exhortó a la reflexión de autoridades y representantes sindicales a alcanzar un acuerdo. ‘Los escribanos trabajamos velando por la seguridad jurídica, a la que no accedemos porque no nos vemos impedidos de la registración y publicidad de los derechos reales‘, explicó.

Agregó que todo trámite que requiera la presentación de una escritura pública como garantía hipotecaria, en particular aquellas que impliquen el otorgamiento de créditos para inversiones, no pueden efectuarse por las medidas de fuerza.

‘Tenemos reclamos permanentes de bancos y los paros afectan la economía provincial porque se recauda menos por el impuesto de Sellos‘, indicó. Cabas agregó que resultan entendibles las demandas estatales hasta que impactan en quienes no cuentan con haberes.

‘No desconocemos los reclamos, pero que entiendan la situación del notariado chaqueño, que al no poder trabajar no genera ingresos y que esto lleva a una cadena en la que se ven afectados secretarios o gestores que son parte de cualquier escribanía‘, indicó. La escribana finalizó con el pedido de que ‘autoridades y representantes gremiales razonablemente encuentren un acuerdo”.

ASAMBLEA Y PROPUESTA AL GOBIERNO

Por su parte, el presidente del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción, Ricardo Urturi, valoró el acompañamiento de otras entidades que no se ven directamente afectadas por las medidas de fuerza pero que comprenden la gravedad de la situación.

En particular se refirió a los reclamos salariales de trabajadores judiciales, por lo que sumó su voz al pedido para que se garantice el servicio de justicia y adelantó un pedido de audiencia al gobernador, Domingo Peppo, para exponer preocupaciones del sector.

‘Entendemos que todas las organizaciones unidas podemos llegar más lejos, vamos a realizar una asamblea en la Fepuch en la que seguramente vamos a acordar una agenda de trabajo en que expondremos al Gobierno otras cuestiones clave como son las inherentes a la salud y la relación con el Insssep, que los profesionales tengan la certeza de que vamos a luchar por los derechos de nuestros agremiados‘, finalizó.

EN EL INTERIOR, AÚN MÁS CRÍTICO

El presidente de la Fechaco, José Luis Cramazzi, evidenció las complicaciones que se dan con las medidas de fuerza para quienes se desempeñan como corredores inmobiliarios. Comentó que poco antes que se dispare la tasa de interés de referencia que llevó a niveles inaccesibles para créditos hipotecarios, el certificado exigido para hipotecar el bien a adquirir se entregaba a los 14 días de ser solicitado cuando tienen una validez de 15.

‘En Sáenz Peña ocurría esto, nos libraban la documentación solamente con un día hábil para actuar y, generalmente, no podíamos reunir a las partes para celebrar la operación, estos paros generan un daño a todo el sector productivo y comercial‘, explicó.