Ajuste después de la fiesta

Entre 2006 y 2016, los gobernantes de turno casi duplicaron el tamaño del Estado, expandiendo el gasto público de 25% del PIB a más de 45% del PIB, sin una correspondencia en los ingresos públicos, culminando con un déficit fiscal del (6-7 % del PIB).

Si bien existe un consenso ciudadano sobre cómo gobernarse (democracia representativa), no parece haberlo sobre cómo lograr prosperidad, mínima pobreza e inclusión/equidad social, con equilibrio fiscal en una economía de mercado (la sociedad democrática y progresista). Hasta ahora la elite política ha parecido incapaz de sincerarse con la gente sobre lo perverso que es el déficit fiscal para la prosperidad económica. En sus campañas electorales sólo prometen gastos como si el país tuviese un tesoro interminable  para una fiesta continua, celebrando una prosperidad inexistente. Y una vez en el gobierno no parecen capaz de decirle a la gente que la fiesta no puede seguir.

Pero ¡oh sorpresa¡  ahora hay que pagar la cuenta de la fiesta y el tesoro está vacío. Tendrán que pagarla los que trabajan, generan riqueza y tributan. Al parecer, el Estado también tendrá que contribuir con un ajuste en sus gastos. Tras la reciente turbulencia social y política (Mayo 2018) --causada, en parte, por la alta y persistente inflación más la fuerte devaluación del dólar--, así parece haberlo asumido el Presidente Macri, cuando expresó que "no se puede seguir gastando más de lo que se tiene" y que la “reducción del déficit de forma contundente” (al 1,3% del PBI en 2019) es su objetivo principal.

1) La génesis político/electoral del déficit. En la competencia electoral por el control del Estado, los candidatos prometen más y mejores servicios, programas de inclusión y desarrollo y seguridad social, subsidios para salud y educación, transporte, entre otros, pero sin  identificar las fuentes de recursos necesarios para solventarlos –rayando en lo demagógico y populista. Ya en el gobierno, para asegurar su popularidad y reelección, los nuevos gobernantes intentarán cumplir sus promesas electorales, aunque ello signifique continuar con el déficit o efectuar un leve y gradual ajuste. La intención es beneficiar a los más necesitados, que en Argentina corresponden a un 25-30% de la población, una porción significativa del electorado. También se beneficiarán  grupos intermediarios allegados al gobierno y corporaciones  proveedoras del  Estado. 

Aunque en descenso, hoy día el déficit fiscal continua alto (más del 4% del PIB), socavando la estabilidad y la confianza económica y financiera, y requiriendo mayores recortes para equilibrar las cuentas fiscales que permita un crecimiento sostenible. Las consecuencias del elevado déficit no son otras que una persistente y alta inflación, la pérdida del valor adquisitivo del salario o de las transferencias y prestaciones sociales, la devaluación de la moneda, la corrida de divisas, la fuga de capitales, el endeudamiento, el  desempleo, la baja del consumo y la  recesión económica.

2) El déficit y sus consecuencias políticas/electorales. Como es de esperar, la maltrecha situación económica genera inseguridad, insatisfacción e irritación en la ciudadanía, así como conflictividad social. Esto se expresa en una puja distributiva descarnada contra  la inflación entre gobierno, asalariados, pensionados, piqueteros, gobernadores, sindicalistas y empresarios. En este contexto conflictivo, los sindicalistas demandan aumentos salariales (los maestros, e.g.), los gobernadores exigen mantener o incrementar las transferencias del gobierno central, los piqueteros defienden los planes sociales, y los empresarios suben los precios y piden la baja de los intereses e impuestos. Este partido redistributivo para ganarle a la inflación o no pagar el ajuste se juega en diferentes  escenarios: En el Congreso, en la calle casi diariamente con protestas, piquetes, demostraciones, huelgas y violencia, y en los medios, redes sociales y en encuestas. Nadie quiere pagar la fiesta pasada. Acompaña este escenario de inestabilidad y conflictividad la debilidad de las instituciones (partidos, poder judicial, legislativo), y la incapacidad de la clase política para consensuar políticas públicas que prevengan el déficit fiscal y sus perversas consecuencias. La corrupción (el cáncer de la política argentina) complementa el sombrío escenario .

El gradualismo del gobierno para confrontar el desequilibrio fiscal ha generado desgastes y ha erosionado su capital político/electoral, poniendo en duda su potencial re-elección. En la historia reciente de la democracia argentina el desenlace más dramático del desgaste y la desaprobación, como consecuencia de la incapacidad de contener el déficit fiscal, lo sufrieron los presidentes Alfonsín, Menem y de la Rúa.

3) La indeseada alternativa del ajuste. Con una carga tributaria cercana al 35% del PIB, no existe espacio para subir impuestos o para un mayor endeudamiento, y la emisión monetaria ya no es una opción. Ante tales limitaciones, para reducir el déficit,  el gobierno no tiene otra que tratar de contener, disminuir o licuar  los gastos del sector público. En términos de gasto social (75% del presupuesto), el ajuste implica reducir o contener  subsidios (energía, transporte), prestaciones sociales (asignaciones familiares, pensiones, jubilaciones, seguridad social), y transferencias corrientes y de capital a las provincias para educación, vivienda, agua y otros. 

Por otro lado, también significa contener el gasto “político”; esto es, disponer y negociar un aumento módico de los salarios del sector público (todos, incluidos los docentes, deben contribuir a la necesaria austeridad); frenar nuevas incorporaciones al sector o nuevos contratos en dependencias y empresas del Estado por clientelismo político (ñoqui o no); terminar con el prebendarismo publicitario; rescindir las jubilaciones dobles y de privilegio y los salarios que no pagan impuestos a las ganancias; posponer la obra publica no urgente; acabar la malversación de fondos, las coimas y sobreprecios en compras o contrataciones del estado con proveedores (corrupción); fiscalizar debidamente los subsidios a partidos políticos y poner orden en las transferencias a las provincias en función de criterios objetivos y no políticos/partidistas. 

Como es de esperar, el ajuste conlleva, a corto plazo, la desaceleración de la economía y la disminución del empleo y el consumo. Ante la deteriorada situación, la ciudadanía  responsabilizará al gobierno: en julio sólo entre el 30 a 36% aprueba su gestión. Cunde la insatisfacción y el pesimismo vuelve a instalarse. La oposición se está despertando de la fiesta y envalentonada ve oportunidades electorales. El gobierno por su lado espera que las consecuencias  negativas  del ajuste sean de corto plazo y que en el mediano plazo, el equilibrio fiscal genere estabilidad cambiaria y de precios, así como la inversión privada, la reactivación de la economía y la generación de empleos. Ello con suficiente tiempo como para revertir la opinión de la ciudadanía y poder lograr una mayoría electoral en las elecciones de noviembre de 2019. Allí, el electorado podrá decir qué prefiere: déficit fiscal con inflación, devaluación y conflictividad social, o austeridad y equilibrio fiscal que a mediano plazo sienten las bases para un crecimiento económico sustentable que permita financiar la tan anhelada sociedad progresista.