El proyecto para bajar la edad de imputabilidad de menores genera contrapuntos políticos en Sáenz Peña

Por un lado, están quienes sostienen que el objetivo “es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto con la ley penal; que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente para lograr una sociedad más pacífica”.

Quienes rechazan la propuesta de bajar la edad de imputabilidad aseguran, entre otras cosas, que es una respuesta demagógica ante un problema que no es tal. Afirman que el Estado, como principal garante de derechos de la niñez y adolescencia, debe brindar respuestas que tengan como objetivo mejorar los mecanismos de integración social, por ejemplo, el sistema de educación pública de calidad, el acceso a una adecuada atención de la salud, el establecimiento de políticas de inserción laboral para jóvenes, el fortalecimiento de las capacidades de cuidado de las familias, entre otros que apunten a garantizar derechos y no a criminalizar a determinados sectores de la sociedad.

Pero también están quienes entienden la necesidad de aplicar una reforma en la legislación que “endurezca las penas, pero abarcando también a aquellos mayores que instigan a menores a llevar adelante la comisión de delitos. Es necesario revisar el régimen penal juvenil”.

Entre algunos conceptos, la Ley Nº 22.278 regulatoria del Régimen Penal de la Minoridad establece en su art. 1 que ‘No es punible el menor que no haya cumplido dieciséis (16) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación...’, a la vez que su art. 2, reafirmando el principio general establecido en el 1, dispone que “es punible el menor de dieciséis (16) años a dieciocho (18) años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el art. 1º...”.

El debate sigue generándose mientras se aguarda que el gobierno nacional presente el anteproyecto de reforma que fue considerado como “una vieja deuda que existe”, conocer los alcances y el contenido y, de esa manera se abra la discusión en el Congreso y la convocatoria a distintos sectores para conocer posiciones al respecto para una eventual reforma.

De todas maneras si bien no se conocen pormenores del mismo, el propio ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano adelantó en distintos medios de alance nacional que el proyecto no solo incluiría la discusión respecto al régimen de penalidades para menores en conflicto con la ley sino que además hay que tener en cuanta un abordaje multidisciplinario para la prevención y evitar que los menores lleguen a la situación de incursionar en el mundo del delito, aún en los casos más extremos-

“Es necesaria la reforma”

Al ser consultado sobre el tema, el propio intendente de la ciudad Gerardo Cipolini opinó que “es necesaria una reforma de la Legislación, que debería endurecer las penas, primero para los adultos que utilizan o alientan a menores a delinquir, porque están comprometiendo el futuro de esos jóvenes llevándolos al camino del delito que muchas veces no pueden volver”.

Agregó en este sentido que “en una sociedad que le da cada vez más libertades y responsabilidades a los jóvenes, seguir manteniendo los 16 años como edad de no imputabilidad merece ser corregido, porque entre los 14 y los 16 años los jóvenes ya tienen mucho discernimiento, saben qué está bien y qué está mal. Y si hay una reforma en el Código, debe tener severas penas para los adultos que utilizan menores de edad delinquiendo”.

Aseguró que en la sociedad se oirán las voces de las dos campanas: los garantistas en contra de la retención y la privación de la libertad de los menores, “pero tendrían que escuchar a las víctimas de ese accionar de los menores y de aquellos que encuentran que un menor puede matar y en horas puede estar en la calle. Creo que se debe ese debate, pero alguna modificación al sistema penal debe haber”, dijo.

“Decir lo que quieren escuchar”

Por otra parte, al ser consultado sobre el tema el exconcejal del Frente Chaco Merece Más José María Quirós, señaló que el anuncio realizado por el gobierno nacional “tiene un alto contenido político, en donde se manifestó lo que algunos sectores de la ciudadanía quieren escuchar respecto de la edad de los menores para su responsabilidad penal”.

Consideró que la edad de imputabilidad de los menores ya generó el rechazo de organismos internacionales como Unicef y también de distintos sectores de la oposición política a nivel nacional.

Añadió en este sentido que la edad de la imputabilidad penal “requiere un análisis profundo, y que el gobierno nacional quiere proponer un tema para salir de una coyuntura a raíz de los acontecimientos sociales que se viven, pero en definitiva no se discute el fondo de la cuestión”.

Recordó que la Ley Nº 22.278 data de 1980, y tuvo una reforma en el año 1983 y en el año 1989. “Lo que se promueve a nivel internacional y que la Argentina ha adherido a través de los tratados internacionales, es un sistema preventivo y no represivo en la cuestión juvenil, por lo tanto este tema dará mucho que hablar, y se lo plantea en un año electoral donde seguramente no se definirá y muy por el contrario, abrirá posiciones muy marcadas a favor y en contra. Pero creo que lo último que se debe definir es la cuestión referida a la edad de la imputabilidad, porque si un menor de 14 años modificada la ley incurre en un delito, qué pasará luego si comete un delito un chico de 12 años. Habría que modificar nuevamente la edad de imputabilidad penal, por eso considero que el problema es mucho más complejo de lo que se presenta livianamente a nivel nacional, y que lamentablemente lo tiene por vocero a funcionarios nacionales”, indicó Quirós.

Por último consideró que es importante y urgente “abordar la problemática de los menores en conflicto con la ley desde otros parámetros, y no solamente avanzar exclusivamente sobre la cuestión de la edad de la imputabilidad penal”.

Trabajar con la familia

SÁENZ PEÑA (Agencia) - Desde Catedral San Roque, en tanto, el padre Sergio Nosa dijo que “si bien los representantes del pueblo son quienes tendrán la responsabilidad de decidir esta cuestión, vemos que cometen muchos delitos los menores de edad”.

Señaló sobre ello que “la familia es el lugar donde los menores se deberían ir educando en valores, y se debería para ello -desde los Estados- reforzar mucho el trabajo para lograr la contención de las familias. Es necesario que los padres se hagan responsables -en la medida que les toca- del comportamiento en la calle de sus hijos”.

Manifestó que hay una edad “que corresponde todavía a los padres velar por sus hijos, y ser responsables del comportamiento de sus hijos”- sostuvo el párroco, y deseó que “todas las leyes que surjan sean siempre para el bien”- finalizó el padre Sergio Nosa.