La pronta llegada del coronavirus al Chaco causó impacto primero y luego, con el paso de los días, fue generando un forzoso cambio de conductas en todos, siempre al ritmo de las novedades que se iban produciendo y que tuvieron hasta aquí su pico más alto con el fallecimiento del ingeniero César Cotichelli, la primera víctima mortal del Covid-19 en nuestra provincia y la segunda en la Argentina.
Con las farmacias sin stock, los locales de insumos hospitalarios continúan la venta de este producto muy codiciado en la ciudad de Resistencia.
En medio de la conmoción mundial por la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa de la peste del Coronavirus, el Chaco también siente el impacto que la economía del mundo siente.
En un acto reflejo al estilo de su lenguaje duro, el Frente Gremial Docente anunció un paro en todas las escuelas durante toda la semana que se inicia mañana, no bien el gobernador anunciara a la opinión pública la decisión de no interrumpir la actividad escolar, tal como fue el criterio madurado en la reunión interministerial del día viernes en Buenos Aires y transmitido por el presidente de la Nación. Y hay otra postal del enorme bache de sensibilidad social y compromiso ciudadano: cuando se confirmaba con mucho pesar el fallecimiento del ingeniero Cotichelli, ejecutivo de Secheep en cargos relevantes y docente de la Facultad Resistencia de la UTN, la UPCP -con su secretario general obsesionado con la inminente renovación directiva-, lanzaba un nuevo paro que incluye guardias mínimas nada más y nada menos que en los servicios de salud.
Se celebra hoy en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos de los Consumidores. La fecha conmemora la firma de la declaración de los derechos de los usuarios y consumidores, que tuvo lugar el 15 de marzo de 1962 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La iniciativa del organismo multilateral surgió a partir de la necesidad de garantizar que, en el marco de las relaciones de la oferta y la demanda, todas las personas sean tratadas de manera justa y tengan acceso tanto a productos como a servicios que sean seguros y no pongan en riesgo la salud de la población.
