El Gobierno creó el programa "Los más buscados"

   Mientras la madrugada del 28 de octubre confirmaba que Flávio Bolsonaro había atravesado la frontera argentina y despegado desde Puerto Iguazú hacia Ecuador —con escala final en Miami—, el Ministerio de Seguridad publicaba en el Boletín Oficial la resolución 1089/2026. El texto creaba el programa "Los más buscados" dentro del Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE). La coincidencia temporal no pasó desapercibida: la norma apareció escasos minutos después de que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) informara que el senador brasileño, su esposa y sus dos hijas habían ingresado al país por el paso fronterizo de Misiones a las 22:50 del martes y partido a las 23:30 en un vuelo de Baires Fly SA con destino a Guayaquil.

   El programa, según los considerandos de la propia resolución, responde a "la creciente complejidad del crimen organizado y la magnitud del universo de personas prófugas o evadidas". Su objetivo declarado es conformar una base de datos unificada, un sistema de análisis automatizado de peligrosidad y el establecimiento de objetivos prioritarios de recaptura. El CUFRE, creado en diciembre de 2015 durante la gestión de Patricia Bullrich en el macrismo, será la estructura que albergará la iniciativa. El Gobierno citó como antecedentes el programa nacional de recompensas y la lista de los más buscados que Bullrich impulsó en su momento.

   La publicación de la resolución 1089/2026 en el Boletín Oficial —el mismo día en que el Ejecutivo terminó de reconocer la salida del excandidato brasileño— generó una lectura inmediata en la oposición y en sectores de la prensa. El diario Página/12 tituló que Milei creó el programa "tras permitir la fuga de Bolsonaro" y subrayó que la DNM, encargada de informar el ingreso y egreso del senador, depende de la misma cartera que conduce Alejandra Monteoliva. La secuencia de los hechos —primero la confirmación migratoria, luego la publicación oficial del programa de búsqueda de prófugos— alimentó las sospechas sobre el rol del Gobierno argentino en la operación que permitió a Bolsonaro eludir la orden del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal brasileño, que le había prohibido abandonar Brasil y le había retirado los pasaportes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

   El episodio, lejos de cerrarse con la partida del senador, escaló en el Congreso. La oposición reclamó interpelaciones para el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para determinar si existió colaboración oficial en la salida hacia Estados Unidos. La controversia también salpicó el debate por la ley Malvinas, que el oficialismo buscaba aprobar en Diputados y que quedó envuelta en la polémica por la presunta presencia de Santiago Caputo en Misiones al momento del despegue del avión privado.

   La resolución 1089/2026, en sí misma, no menciona a Bolsonaro ni a Brasil. Es un instrumento administrativo que busca dotar al Estado de herramientas para la persecución de prófugos. Pero su publicación en el Boletín Oficial del 28 de octubre de 2026 —apenas unas horas después de que el Gobierno confirmara que el excandidato brasileño había utilizado territorio argentino para fugarse hacia Estados Unidos— la convierte en un documento incómodo. La coincidencia, más que una prueba de intencionalidad, expone la fragilidad institucional de un episodio que tensionó la relación con Brasil, complicó la agenda legislativa del oficialismo y dejó abierta la pregunta sobre hasta dónde llegó la colaboración estatal en una fuga que la justicia brasileña intentó impedir.

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