La IA se mete en las campañas electorales
La inteligencia artificial se ha convertido, en los últimos tiempos, en una herramienta de creciente influencia en las campañas políticas, tanto por su capacidad para mejorar la comunicación con los ciudadanos como por el riesgo de fabricar contenidos falsos destinados a manipular el voto. En Brasil y España –por citar sólo dos ejemplos– el uso de imágenes, videos, audios y mensajes generados artificialmente plantea importantes desafíos para la transparencia en los procesos electorales que están en marcha. Por esa razón, hay quienes remarcan que la defensa de la democracia exige combinar regulación jurídica, responsabilidad política y educación ciudadana.
Uno de los principales peligros es la creación de contenidos conocidos como "deepfakes", que permiten imitar la apariencia y la voz de una persona para atribuirle declaraciones o acciones que nunca realizó. De esta manera, un video puede mostrar a un candidato anunciando medidas impopulares, reconociendo supuestos delitos o expresando opiniones contrarias a sus principios. Además, estas tecnologías facilitan la producción masiva de mensajes adaptados a diferentes grupos de electores, lo que aumenta la posibilidad de difundir información engañosa sobre la economía, la seguridad o los servicios públicos.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flávio Bolsonaro compiten este domingo 25 de octubre en la segunda vuelta presidencial. No son pocos los que advierten que la campaña en el vecino país se desarrolla en un entorno digital en el que los contenidos manipulados pueden influir en la percepción de los candidatos. Entre los riesgos figuran los videos que simulan apoyos políticos inexistentes, las grabaciones que atribuyen declaraciones falsas a los aspirantes y las imágenes que representan concentraciones multitudinarias que nunca tuvieron lugar. Por otra parte, los influencers virtuales pueden difundir propaganda bajo una identidad ficticia, lo que dificulta distinguir entre una opinión auténtica y una estrategia organizada de persuasión.
Ante esta situación, la legislación electoral brasileña establece restricciones específicas. El Tribunal Superior Electoral, por ejemplo, exige que los contenidos electorales creados o modificados mediante inteligencia artificial incluyan una identificación explícita, destacada y accesible. Además, prohíbe los deepfakes utilizados para favorecer o perjudicar candidaturas y contempla restricciones frente a la difusión de hechos manifiestamente falsos o gravemente descontextualizados que puedan afectar la integridad de las elecciones. Estas disposiciones buscan evitar que la tecnología se convierta en un instrumento de engaño sistemático. Sin embargo, su aplicación presenta dificultades debido a la velocidad de propagación de los mensajes y a los obstáculos para identificar a sus responsables.
Por otra parte, España afronta este desafío ante las elecciones generales previstas para el domingo 29 de noviembre próximo. En este país, la respuesta jurídica combina la normativa electoral española con las disposiciones de la Unión Europea. El Reglamento europeo de inteligencia artificial establece obligaciones de transparencia para determinados contenidos sintéticos, y exige que se revele su naturaleza artificial en los supuestos contemplados por la norma.
También pueden resultar aplicables las normas que protegen el honor y la propia imagen cuando una publicación atribuye falsamente a una persona declaraciones o comportamientos que perjudican su reputación. Por lo tanto, utilizar inteligencia artificial en una campaña no es, en sí mismo, una infracción; pero sí puede generar consecuencias jurídicas cuando el contenido vulnera derechos o incumple las obligaciones electorales y de transparencia correspondientes.
En ambos países, uno de los mayores problemas consiste en diferenciar la sátira política de la desinformación deliberada. Una caricatura reconocible como ficción no equivale a una grabación realista que presenta como auténtica una declaración inventada. Del mismo modo, una advertencia apenas visible puede resultar insuficiente para informar al público. Por ello, la transparencia debe ser efectiva y permitir que los ciudadanos comprendan el origen y la naturaleza del material que reciben.
En estos casos, las autoridades electorales se ven en la obligación de reforzar la supervisión, las plataformas digitales –por su parte- tienen que mejorar la detección de manipulaciones y los partidos políticos deben asumir la responsabilidad de sus publicaciones. Al mismo tiempo, los ciudadanos necesitan contrastar las fuentes antes de compartir información. La inteligencia artificial no amenaza por sí sola la democracia; el verdadero riesgo aparece cuando se utiliza para engañar a los votantes. Proteger la integridad electoral requiere, por tanto, que la innovación tecnológica esté acompañada de controles eficaces, información verificable y respeto por la decisión libre e informada de cada elector.
