Denegaron la prisión preventiva, pero imputaron por lavado a Mauro Andión

SÁENZ PEÑA (Agencia). La Justicia Federal formalizó el martes la imputación contra nueve personas, entre ellas el expresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), Mauro Andión, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos de origen delictivo y enriquecimiento ilícito.

policial — Andión cuando fue detenido por la Justicia provincial por desvíos de fondos provenientes del gobierno.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde el fiscal federal Carlos Amad expuso los elementos reunidos hasta el momento y solicitó la apertura formal de la investigación.

Según trascendió, la acusación alcanza a Andión, su exesposa, su hermana y otros seis involucrados. La Fiscalía los señaló como presuntos coautores o partícipes necesarios de maniobras que habrían permitido ocultar o justificar bienes de origen presuntamente ilícito.

La calificación legal impulsada por el fiscal Amad incluye los delitos de lavado de activos de origen delictivo, en algunos casos agravado por la condición de funcionario público, además de enriquecimiento ilícito, con distintos grados de participación según cada imputado. En el caso de Andión, la Fiscalía también solicitó la prisión preventiva. Sin embargo, la jueza interviniente rechazó esa medida cautelar, aunque habilitó el avance de la investigación y formalizó las imputaciones contra los nueve involucrados.

justicia — El Juzgado Federal donde ayer se llevó a cabo la formalización de las imputaciones contra el extitular de la oficina del Iafep, Mauro Andión, por varios cargos.

El Ministerio Público Fiscal requirió una serie de medidas patrimoniales que fueron autorizadas por el Juzgado. Entre ellas figuran embargos sobre bienes muebles e inmuebles, así como la apertura de una caja de seguridad ubicada en una sucursal del Nuevo Banco del Chaco de Pampa del Infierno.

De acuerdo con fuentes judiciales, el fiscal solicitó un plazo de un año para profundizar la investigación y avanzar sobre el análisis de la documentación y los elementos secuestrados. En paralelo se continuarán con los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados a comienzos de octubre.

Las fuentes consultadas señalaron que el contenido de esos dispositivos podría aportar nuevos elementos para la causa una vez que sean desbloqueados y analizados por los especialistas.