Otro dirigente social condenado por lavado: Lucas Torales aceptó que desvió $ 231 millones
Fue en un juicio abreviado. El acusado fue sentenciado a cinco años de prisión mientras que su hermano y su padre, a tres.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia, mediante el juez Enrique Jorge Bosch, homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria contra tres integrantes de la familia Torales Cordeiro por el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad y por haberse concretado de manera organizada, en los términos del artículo 303 del Código Penal. La resolución judicial desarticuló una compleja estructura familiar que se dedicó a poner en circulación y otorgarle apariencia de licitud a fondos públicos millonarios que habían sido desviados del erario provincial mediante la utilización de cuatro fundaciones fantasmas.
En lo relativo a las sanciones impuestas por la sentencia N° 104/2026, la Justicia Federal estableció responsabilidades diferenciadas según el nivel de intervención de cada imputado.
Lucas Alexis Torales Cordeiro, señalado como autor principal y líder de la maniobra criminal, fue condenado a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
Por su parte, José de Jesús Torales (padre de Lucas) y Marcos Gabriel Torales Cordeiro (hermano de Lucas) fueron juzgados en calidad de partícipes secundarios y recibieron la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Como sanción patrimonial conjunta, el fallo obligó a los tres condenados al pago solidario de una multa equivalente a dos veces el valor de todos los bienes e inmuebles objeto del lavado, junto con el decomiso de una motocicleta Honda Wave y el pago proporcional del 3% en concepto de Tasa de Justicia.
La maniobra delictiva tuvo como delito antecedente una serie de fraudes sistemáticos contra la administración pública chaqueña.
De acuerdo con las actuaciones y la acusación fiscal, un monto total de $231.391.738,64 proveniente del Estado provincial fue desviado a través de cuatro entidades creadas o integradas por la familia.
Entre ellas, la Fundación Jóvenes Líderes percibió la suma de $120.681.457 entre agosto de 2021 y noviembre de 2023, la Fundación Árbol de la Vida registró cobros por $64.498.138,23 entre julio de 2019 y noviembre de 2023, la Fundación La Revolución captó $23.412.143,40 asignados principalmente por el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), y la Fundación 11 de Febrero absorbió $22.800.000 entre 2022 y 2023. Los peritajes fiscales y contables determinaron que estas entidades carecían de empleados, bienes muebles o la estructura operativa mínima para llevar adelante las obras contratadas, tales como soluciones habitacionales o playones deportivos.
El mecanismo para blanquear el dinero operaba a través de un circuito financiero minuciosamente coordinado para destruir la trazabilidad del dinero público. En primer lugar, los fondos transferidos por el Estado a las cuentas de las fundaciones eran retirados casi en su totalidad mediante ventanilla en un lapso de pocos días, acumulando extracciones en efectivo por más de 160 millones de pesos. Posteriormente, ese dinero en efectivo reingresaba al circuito personal de los involucrados mediante depósitos bancarios, constitución de plazos fijos y compra de divisas.
Para ocultar el veloz incremento patrimonial y la falta de capacidad fiscal, los imputados apelaron a la compra de vehículos de alta gama, registraron las titularidades a nombre de personas interpuestas o familiares y gestionaron autorizaciones de manejo a favor del principal articulador de la red.
Finalmente, la investigación dejó al descubierto que los acusados concurrían con bolsos de efectivo a cuevas financieras de la región para adquirir dólares estadounidenses, que luego eran trasladados de forma ilegal hacia la República del Paraguay para su vuelco al mercado informal y la adquisición de criptomonedas USDT, completando de esta forma el proceso de reciclaje de los activos de origen ilícito.
