Advirtieron sobre riesgos de las pistolas taser y cuestionaron su incorporación a la Policía del Chaco

La incorporación de los primeros Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (DEIM), conocidos como pistolas Taser, a la Policía del Chaco reavivó el debate sobre el uso de este tipo de herramientas por parte de las fuerzas de seguridad.

Mientras el Gobierno provincial confirmó que serán destinadas inicialmente a unidades especiales y que su utilización estará regulada mediante protocolos específicos y capacitación obligatoria, el Comité para la Prevención de la Tortura emitió un comunicado en el que ratificó su posición de no acompañar esta política pública.

Las pistolas Taser modelo 7 emiten una corriente entre 1,2 y 1,5 miliamperios y una descarga efectiva de 5 segundos para inmovilización neuromuscular. La descarga inicial del cartucho puede alcanzar 50.000 voltios. La gran mayoría de esa energía es utilizada para la activación de la carga de nitrógeno inerte comprimido que expulsa las sondas. La tensión que finalmente entrega a la zona corporal es de solamente 1.000 a 2.000 voltios.

Seguridad y derechos humanos

El organismo sostuvo que el debate no puede reducirse a la incorporación de nuevo equipamiento policial, sino que debe abordarse desde una perspectiva integral de derechos humanos, prevención de la violencia institucional y cumplimiento de los estándares internacionales.

En ese sentido, afirmó que la seguridad pública no debe plantearse como una disyuntiva entre mayor seguridad o mayor respeto por los derechos humanos, sino que ambos conceptos deben integrarse dentro de un modelo de seguridad democrática basado en la profesionalización policial, la supervisión y la rendición de cuentas.

En contraposición, el subcomisario Diego Puppo, jefe de la División Unidad de Armas de Precisión, defendió la incorporación de las Taser al sostener que se trata de una herramienta "menos letal" cuyo objetivo es incapacitar temporalmente a una persona sin recurrir al arma de fuego.

Los riesgos para grupos vulnerables

Uno de los principales argumentos expuestos por el Comité es que distintos organismos internacionales desaconsejan considerar estos dispositivos como armas "no letales", debido a que cualquier instrumento de coerción puede ocasionar consecuencias graves e incluso fatales según las circunstancias de uso.

Además, advirtió que las descargas eléctricas pueden provocar impactos especialmente severos en niñas, niños, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades preexistentes y quienes atraviesan crisis de salud mental o situaciones de consumo problemático.

Desde la Policía, Puppo respondió a esas preocupaciones asegurando que las Taser cuentan con sistemas tecnológicos que permiten registrar cada utilización mediante baterías encriptadas que almacenan toda la información del procedimiento, incluyendo cantidad de disparos y reenergizaciones. Según indicó, este mecanismo impide que el dispositivo sea utilizado como elemento de castigo o tortura y facilita el control posterior sobre la legalidad y proporcionalidad de cada intervención.