Entre el hito inversor y la cesión de soberanía nuclear
El Gobierno califica como "la noticia más importante en 20 años" la inversión de u$s 1.200 millones de la estadounidense Meitner Energy para construir un SMR en Atucha. Por otro lado, crecen las voces críticas que denuncian el vaciamiento de la CNEA, la paralización del CAREM-25 y la transferencia de una patente nacional a una offshore sin experiencia en el sector.
El pasado viernes, el vocero presidencial Adrián Ravier anunció "la noticia más importante del sector nuclear en 20 años": la presentación de un proyecto privado para construir un reactor nuclear en nuestro país. La iniciativa de la estadounidense Meitner Energy contempla una inversión de 1.200 millones de dólares para el desarrollo del ACR-300, un reactor modular pequeño (SMR) de 300 MW de potencia, diseñado por la empresa estatal argentina INVAP. El proyecto se emplazaría en el complejo nuclear de Atucha, en la localidad bonaerense de Lima.
Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la obra generaría alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos y se financiaría con capitales privados estadounidenses, aunque sobre una patente argentina. La compañía Meitner Energy, constituida en 2024 en Delaware (EE.UU.), tiene como principal accionista al Ansari Group, del magnate de origen iraní Hamid Ansari, con un 60% de participación; el 40% restante pertenece a Black River Technology, firma controlada por INVAP. El proyecto podría acogerse al régimen de incentivos del "Súper RIGI", que otorga 30 años de estabilidad fiscal y cambiaria para inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores considerados estratégicos.
El anuncio, sin embargo, ha generado fuertes críticas en el ámbito científico y político, especialmente por su timing: se produjo apenas 24 horas después de que el gobierno confirmara despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Según denuncias parlamentarias, durante la gestión de Javier Milei el presupuesto de la CNEA se redujo un 45,4%, acumulando una caída del 53,8% desde su pico en 2022, lo que ubica la inversión por debajo de los niveles de 2009. En paralelo, el proyecto CAREM-25, el primer reactor de potencia diseñado íntegramente en Argentina, se encuentra prácticamente paralizado: en 2025 recibió fondos mínimos y para 2026 no cuenta con partida presupuestaria específica. La constructora Techint detuvo sus tareas, dejando sin trabajo a unos 500 operarios.
Las críticas se centran en lo que consideran una transferencia de activos estratégicos al sector privado extranjero. La ex presidenta de la CNEA y actual diputada Adriana Serquis afirmó que el anuncio "confirma el plan de entrega nuclear a Estados Unidos" y denunció que Meitner Energy hizo lobby para aprobar el Súper RIGI. Organizaciones gremiales como ATE calificaron los despidos en la CNEA como "un golpe al corazón del Plan Nuclear de la Argentina".
Otro punto de controversia es la naturaleza de la empresa inversora. Meitner Energy, fundada en 2024, tiene un capital declarado de 50 millones de dólares, 24 veces menos que la inversión anunciada, y su principal accionista, el Grupo Ansari, carece de experiencia previa en el sector nuclear. Además, la patente del ACR-300 fue vendida en Estados Unidos en julio de 2025 a una firma entonces no identificada, lo que para muchos implica una cesión de propiedad intelectual desarrollada con fondos públicos.
El proyecto, de concretarse, dejaría el futuro del desarrollo nuclear argentino atado a variables externas: la demanda energética de los centros de datos de inteligencia artificial —que impulsa el interés por los SMR— y las dinámicas de la geopolítica internacional. Mientras tanto, el CAREM, emblema de la capacidad tecnológica nacional, permanece detenido. La discusión, en definitiva, no es solo sobre un reactor, sino sobre el modelo de desarrollo científico-tecnológico que Argentina elige para las próximas décadas.
