Hay otros 2,5 millones de nuevos deudores en un año
La crisis de ingresos sigue golpeando el bolsillo de los argentinos y el sistema financiero lo refleja con números alarmantes.
Entre abril de 2025 y abril de 2026, 2,5 millones de personas se sumaron a la lista de deudores morosos, a un ritmo de 286 nuevos casos por hora. El dato surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) con base en registros del Banco Central, y muestra un salto interanual del 79%. Hoy, el 11% de la población tiene al menos una línea de crédito en situación irregular.
El problema no solo crece en cantidad, sino también en gravedad. La categoría más crítica (Situación 5, para deudas irrecuperables con más de un año de atraso) sumó 1,68 millones de deudores en solo doce meses, totalizando casi 3,5 millones de personas en ese tramo. Mientras tanto, los atrasos iniciales (de 1 a 3 meses) bajaron ligeramente, lo que evidencia que quienes caen en default derivan rápidamente hacia el incobrable, sin poder regularizar su situación.
Diecinueve meses de suba ininterrumpida
El relevamiento mensual de la consultora 1816 sobre la Central de Deudores (Cendeu) confirma que el deterioro no se detiene. En mayo de 2026, la mora en los créditos a familias pasó del 12,1% al 12,7%, marcando la decimonovena suba consecutiva. En octubre de 2024, este indicador era apenas del 2,5%; en menos de dos años se multiplicó por más de cinco, un salto sin precedentes desde la salida de la Convertibilidad. De las 30 principales entidades que prestan a hogares, 26 empeoraron sus ratios en mayo.
El sector no financiero es aún más preocupante: las tarjetas de cadenas comerciales ya registran una morosidad del 32,2%, cuando hace año y medio rondaba el 10%. La consultora advierte que, para que el índice ceda, el saldo total de financiaciones debería crecer más rápido que el de los impagos, algo que no ocurrió en mayo ni, según los primeros datos, en junio.
Jóvenes, el blanco más vulnerable
El informe identifica a los menores de 35 años como el grupo más castigado. Casi el 40% de los jóvenes con créditos vigentes mantiene al menos un préstamo irregular; entre los de 18 a 25 años, la cifra trepa al 42,8%. Esta proporción desciende progresivamente con la edad, hasta el 23,5% en el tramo de 46 a 55 años. En total, más del 27% de las personas que alguna vez accedieron a un crédito ya no son sujetos de crédito, lo que restringe su consumo y condiciona cualquier recuperación económica. De cara a las elecciones del año próximo, difícilmente el financiamiento a las familias vuelva a ser un motor relevante de la actividad.
Miradas encontradas en el sistema financiero
El oficialismo intentó bajar el tono. El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ubicó el pico de la mora recién en el segundo trimestre de 2026 (más tarde de lo previsto), mientras que el titular Santiago Bausili había asegurado que el estrés ya estaba contenido. Sin embargo, en la banca privada admiten que el nivel de irregularidad continúa al alza, aunque a un ritmo más lento. Las entidades que fueron más agresivas en la colocación de créditos se volvieron más conservadoras, frenando la expansión de la cartera total.
El salario real en el ojo de la tormenta
Los analistas coinciden en que la raíz del problema no es la actividad económica en su conjunto, sino la caída del ingreso familiar. La destrucción de puestos de trabajo de ingresos medios y altos, reemplazados por ocupaciones peor remuneradas y más inestables, erosionó la capacidad de pago. Además, los bancos tienden a subestimar la magnitud del default mediante refinanciaciones que postergan la deuda sin resolverla, aumentando el peso total sobre los ingresos. Fuera del sistema formal, las tasas usurarias de las entidades no financieras agravan aún más el cuadro.
El reclamo sindical: huelga general y suspensión de deudas
En este escenario, organizaciones sindicales opositoras a las conducciones tradicionales denunciaron que "la burocracia sindical convalidó el ajuste salarial". Señalan que el salario real cayó más del 25% para los privados y supera el 40% para los estatales. Ante la quiebra inminente de más industrias y el riesgo sistémico para los bancos, proponen una movilización con huelga general que exija dos medidas inseparables: un aumento salarial con piso de 2,5 millones de pesos y la suspensión indefinida de todas las deudas de consumo, estén o no en mora, como única vía para frenar el colapso económico y social.
