Penalistas advierten un "grave riesgo" para la independencia judicial tras la suspensión del juez Lineras en el Chaco

La suspensión preventiva del juez de Cámara de Presidencia Roque Sáenz Peña, Gustavo Rodolfo Lineras, continúa generando fuertes réplicas en el ámbito judicial del país. En las últimas horas, la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina emitió un duro y categórico pronunciamiento institucional para manifestar su rechazo a la resolución adoptada por el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco.

A través de un comunicado, la entidad nacional advirtió que es "especialmente grave" que el ejercicio de la función judicial active procesos de destitución cuando lo que se está discutiendo es, en el fondo, el desacuerdo con el contenido de una sentencia. "El control de las decisiones judiciales debe canalizarse a través de los recursos y apelaciones previstos por el ordenamiento jurídico, y no mediante procesos disciplinarios utilizados como una instancia paralela para revisar fallos", destacan.

¿Cómo surgió el escándalo?

El caso estalló tras una serie de acusaciones cruzadas en los tribunales de Sáenz Peña que terminaron en una polémica decisión del Consejo de la Magistratura: suspender en simultáneo tanto al juez Lineras como al fiscal provisorio César Luis Collado.

El origen de la disputa se remonta a una denuncia previa realizada por un grupo de abogados locales contra el fiscal Collado por presunto mal desempeño. Según la resolución del propio juez Lineras, el fiscal Collado habría utilizado su cargo e iniciado causas penales para "perseguir, amedrentar y coaccionar" a los profesionales que lo habían denunciado, llegando a declarar bajo juramento que investigaba "a ciegas" cuando ya conocía los objetivos.

Ante lo que consideraron una amenaza inminente a su libertad, los abogados presentaron un hábeas corpus preventivo. El caso recayó en el juez Lineras, quien otorgó la protección constitucional y lanzó duras críticas hacia Collado, definiendo su actuación como una "instrumentación torpe, irregular y peligrosamente abusiva de los recursos del sistema penal".

En represalia a este fallo, el fiscal Collado denunció al juez Lineras por presunto prevaricato y abuso de autoridad, alegando que la resolución era arbitraria. En lugar de dejar que el fallo sea revisado por un tribunal superior —el camino legal habitual—, el Consejo de la Magistratura optó por suspender a ambos, una decisión que para los expertos busca "equiparar" responsabilidades de forma corporativa.

Un retroceso en las garantías constitucionales

Para la Red de Juezas y Jueces Penales, desplazar a un magistrado por su interpretación del derecho implica un retroceso alarmante. Recordaron que el hábeas corpus es la herramienta más crítica para el control judicial de los actos estatales y la protección de la libertad individual, por lo que criminalizar el criterio del juez debilita el sistema entero.

Asimismo, la entidad remarcó que para avanzar con la suspensión de un magistrado se requieren circunstancias excepcionales y sumamente probadas —como dolo, corrupción o manifiesta parcialidad—, elementos que, advierten, no aparecen acreditados en absoluto en el expediente de Lineras.

Finalmente, la organización alertó sobre el "efecto disuasorio" que esta medida derrama sobre el resto del Poder Judicial. Si firmar un fallo adverso al poder o a otros funcionarios se convierte en un motivo de persecución disciplinaria, los jueces perderán la autonomía necesaria para ejercer el control de legalidad, vulnerando los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura.