Las legislaturas provinciales vuelven al centro del debate por sus presupuestos

El debate sobre el costo de la política suele reaparecer cada vez que se conocen los presupuestos públicos. Sin embargo, reducir el análisis del Poder Legislativo a una mera erogación económica puede conducir a interpretaciones incompletas.

La representación política, la elaboración de leyes, el control de los otros poderes del Estado y la canalización institucional de las demandas sociales constituyen funciones centrales de las democracias republicanas y, por lo tanto, demandan recursos.

Por ello, el análisis abre una discusión que excede la lógica del gasto puro. Si bien los montos asignados a las Legislaturas pueden generar cuestionamientos en contextos de restricciones fiscales, también es cierto que forman parte de la inversión pública destinada a sostener uno de los poderes esenciales del sistema democrático. 

La cuestión, entonces, no parece limitarse a cuánto cuesta una Legislatura, sino a cómo se administran esos recursos y qué resultados institucionales producen para la ciudadanía.

LAS PRINCIPALES CIFRAS 

Un informe elaborado por Fundación Libertad, CISE y la Fundación Internacional para la Libertad analizó los presupuestos provinciales de 2025 para determinar cuánto destinan las jurisdicciones argentinas al sostenimiento de sus Cámaras de Diputados y Senadores, según los casos.El estudio concluye que el costo promedio anual por legislador provincial asciende a $1182 millones.

Entre las 24 jurisdicciones relevadas, Tucumán encabeza el ranking con un costo de $2735 millones por legislador al año. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con $2662 millones, y el Chaco, con $2492 millones por banca. Más atrás aparecen Buenos Aires y Santa Fe.

La posición chaqueña llama la atención porque la provincia cuenta con 32 diputados provinciales y un presupuesto legislativo previsto de casi $79.750 millones para 2025.

No obstante, es vital aclarar que se trata de previsiones presupuestarias que no necesariamente se ejecutan en su totalidad y que incluyen una amplia variedad de gastos operativos, administrativos y de funcionamiento, más allá de las remuneraciones de los legisladores.

COMPARATIVA REGIONAL

Al contrastar los números del Chaco con los de otras provincias del Nordeste Argentino, se observan diferencias.

Mientras el costo anual por legislador chaqueño fue estimado en $2492 millones, en Corrientes asciende a $1146 millones. En Misiones, el valor desciende a $988 millones, mientras que Formosa registra uno de los indicadores más bajos de la región, con $707 millones por legislador.

En términos comparativos, el costo por banca en la Legislatura chaqueña resulta dos veces y media superior al de Misiones y más de tres veces mayor que el de Formosa. La brecha también es significativa respecto de Corrientes.

El informe también analiza qué proporción de los presupuestos provinciales representa el Poder Legislativo. En promedio, las Legislaturas absorben el 1,34% del gasto total de las provincias. Los porcentajes más altos corresponden a Tucumán, Catamarca y Corrientes. 

Aunque el estudio no detalla el porcentaje específico del Chaco, sí remarca que la magnitud de los presupuestos legislativos adquiere relevancia cuando se la compara con otras áreas de gobierno. De hecho, los investigadores señalan que en el Chaco los recursos destinados al funcionamiento legislativo más que duplican los asignados al Servicio Penitenciario Provincial, una comparación utilizada para dimensionar el peso relativo de las partidas.

MÁS ALLÁ DE LOS NÚMEROS

El trabajo incorpora además un aspecto habitualmente ausente en las discusiones públicas: la estructura de personal. Según los datos disponibles, el gasto en recursos humanos representa en promedio el 86% de los presupuestos legislativos provinciales.

En el caso chaqueño, la Legislatura aparece entre las jurisdicciones con mayor cantidad de empleados por legislador, pero es superada por Corrientes, que registra 72.

Los autores advierten que estos indicadores deben interpretarse con cautela. Los presupuestos legislativos comprenden estructuras administrativas complejas, personal permanente y transitorio, áreas técnicas, asesorías y servicios que permiten el funcionamiento institucional.