El nuevo decreto de Milei que busca atraer capitales
El Gobierno nacional reglamentó la figura de "ciudadanía por inversión", creando un carril administrativo acelerado para extranjeros que realicen aportes económicos significativos.
La medida, publicada el 31 de julio en el Boletín Oficial, faculta al Ministerio de Economía a definir el monto mínimo requerido.
El presidente Javier Milei, junto a su gabinete, firmó el Decreto 524/2025, una norma que reglamenta un mecanismo poco explorado hasta ahora: la concesión de la nacionalidad argentina a personas extranjeras que efectúen una "inversión relevante" en el territorio nacional. La publicación oficial del 31 de julio pasado marca un antes y después en la política migratoria vinculada al desarrollo económico.
Un nuevo camino hacia la ciudadanía
El objetivo central del decreto es claro: atraer capitales extranjeros para fomentar la generación de empleo y el dinamismo económico. La medida crea una vía administrativa específica denominada "Ciudadanía por Inversión", que corre por fuera de los procedimientos migratorios tradicionales.
Según fuentes oficiales citadas por el diario La Nación, el monto mínimo estimado para acceder a este beneficio rondaría los u$s 500.000, aunque el texto del decreto no fija una cifra exacta. Es el Ministerio de Economía el organismo encargado de definir, caso por caso, qué inversiones califican como "relevantes" para los intereses del país.
Una agencia específica para gestionar las solicitudes
Para operativizar el proceso, el Gobierno creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que dependerá del Ministerio de Economía. El mecanismo funciona así: el inversor extranjero presenta su solicitud ante esta agencia, que evalúa el proyecto de inversión realizado. Si cumple con los parámetros de relevancia económica, el organismo emite un informe favorable y lo remite a la Dirección Nacional de Migraciones, que tiene la última palabra en la aprobación de la ciudadanía.
Controles rigurosos de seguridad
El decreto no implica una puerta abierta sin filtros. Antes de otorgar la nacionalidad, el Estado argentino realizará una batería exhaustiva de controles para descartar que el inversor represente un riesgo para la seguridad o los intereses nacionales. La Agencia deberá solicitar informes vinculantes a:
- El Ministerio de Seguridad de la Nación
- La Unidad de Información Financiera (UIF)
- La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)
- El Registro Nacional de Reincidencia
- El Registro Nacional de las Personas (RENAPER)
Fundamentos legales
La medida no inventa una figura ex nihilo, sino que reglamenta el **artículo 2° bis de la Ley de Ciudadanía N° 346**, una norma vigente que ya contemplaba la naturalización por "intereses o servicios relevantes". Lo que hace el Decreto 524/2025 es adaptar esa figura a la atracción de capitales, dándole un marco administrativo ágil y previsible.
Un debate abierto
La iniciativa, enmarcada en la estrategia de liberalización económica del gobierno de Milei, ya comienza a generar controversia. Mientras sus defensores sostienen que se trata de una herramienta legítima para competir por inversiones internacionales —al estilo de programas similares en Portugal, España o varios países del Caribe—, los críticos advierten sobre los riesgos de "mercantilizar" la ciudadanía y los potenciales problemas de control frente a capitales de origen dudoso.
El decreto establece que la Agencia deberá evaluar cada caso con criterios de transparencia, y los controles de la UIF y la SIDE buscan precisamente mitigar esos riesgos. Queda por ver cómo se implementará en la práctica y si el monto final que fije Economía será lo suficientemente atractivo para los grandes inversores internacionales.
Lo cierto es que la Argentina se suma así a la lista de países que ofrecen una segunda nacionalidad a cambio de una apuesta económica significativa. Una puerta que, para algunos, representa una oportunidad; para otros, un interrogante ético.
