"En San Martín no existen familias adjudicatarias de las casas cuestionadas"

La controversia en torno a una serie de viviendas construidas en General San Martín por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv) sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia provincial dictara una medida cautelar de no innovar que impide al realizar sorteos, entregas o modificaciones sobre el proceso de asignación de las unidades habitacionales.

El presidente del Directorio del organismo, Fernando Berecoechea, brindó precisiones sobre la postura oficial y cuestionó la interpretación que sostiene que ya existen adjudicatarios consolidados dentro del complejo habitacional.

En diálogo con NORTE, el funcionario afirmó que "en General San Martín no existe ninguna familia adjudicataria".

Según explicó, se confunden las etapas administrativas previstas en el proceso de acceso a una vivienda social, cuando en realidad ser incluido en un listado o resultar beneficiado en un sorteo no equivale jurídicamente a convertirse en adjudicatario.

"Lo que hay son cien familias que fueron sorteadas y que, al ser sorteadas, se transforman en postulantes a las viviendas. Ni siquiera aquella familia que es sorteada se transforma en adjudicataria", sostuvo.

ETAPAS

Berecoechea detalló que una vez realizado un sorteo comienza una exhaustiva investigación administrativa para verificar que cada familia reúna las condiciones exigidas por la normativa vigente del Instituto.

Entre los controles se analiza si los postulantes son propietarios de inmuebles, si recibieron anteriormente una vivienda financiada por el Estado, si poseen terrenos registrados a su nombre y si cumplen con los parámetros económicos establecidos para acceder al beneficio.

"Nosotros investigamos que se cumpla con el perfil de adjudicatario que está reglamentado en el Instituto. Se recopila toda la información respecto de la familia y recién cuando termina ese procedimiento administrativo y se verifica que cumple con todos los requisitos, se transforma en preadjudicataria", explicó.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Según explicó Berecoechea, la disputa tiene su origen en las decisiones adoptadas durante los últimos meses de la gestión provincial anterior, cuando se puso en marcha el denominado operativo de entrega de viviendas que buscaba acelerar la ocupación de distintos complejos habitacionales en toda la provincia.

De acuerdo con su versión, en ese contexto se distribuyeron actas de ocupación y se confeccionaron listados de posibles beneficiarios sin completar adecuadamente todos los procedimientos administrativos exigidos por la normativa.

"Comenzaron a entregar actas de ocupación indiscriminadamente en distintas localidades. Les decían a las familias que la vivienda, en el estado en que estuviera, era para ellas. En ese proceso se cometieron errores", aseguró.

Uno de esos errores, según indicó, fue solicitar a intendentes municipales que elaboraran listados de posibles beneficiarios para luego remitirlos al Instituto.

Como ejemplo mencionó el caso de Presidencia de la Plaza, donde la Municipalidad aprobó mediante ordenanza un listado de postulantes que posteriormente fue remitido al Instituto para su análisis.

"En Plaza existió una ordenanza municipal que respaldaba la lista de consenso. Nosotros respetamos esa nómina, hicimos todas las verificaciones y finalmente se entregaron las viviendas. Incluso hubo familias que fueron dadas de baja porque no cumplían con los requisitos", explicó. "En San Martín solamente existió un listado presentado por el entonces intendente. No hubo ordenanza municipal, no hubo resolución del directorio y tampoco se realizaron las investigaciones necesarias. Solamente alcanzaron a presentar la lista", afirmó.

Otro de los aspectos destacados por el funcionario tiene que ver con el estado en que se encontraba el complejo habitacional al momento del cambio de gestión.

Según explicó, las viviendas no solo estaban inconclusas, sino que tampoco contaban con los servicios esenciales para ser habitadas.

"Las casas no estaban terminadas y las infraestructuras ni siquiera estaban proyectadas. Nosotros tuvimos que hacer los proyectos de agua y energía eléctrica, realizar las licitaciones y ejecutar las obras necesarias", señaló.