Piden expulsar a un concejal por defender a un violador y femicida
La concejala Cintia Frencia, del Partido Obrero-Frente de Izquierda, presentó un pedido de expulsión contra el concejal peronista Ricardo Moreno, al considerar que defender a un violador y femicida es incompatible con la función pública. La solicitud fue realizada junto a la asamblea Ni Una Menos.

El caso se enmarca en el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en la provincia de Córdoba. El principal sospechoso es Walter Barrelier, quien hasta su detención era becario de la municipalidad de Córdoba y contaba con una denuncia previa por privación ilegítima de la libertad. Según denunciaron las activistas, hace un año una mujer logró escapar semidesnuda y maniatada de la misma vivienda tras un intento de violación. En esa ocasión, el fiscal Iván Rodríguez lo dejó en libertad bajo fianza, y su abogado defensor fue el concejal Ricardo Moreno.
Ahora, Moreno volvió a patrocinar a Barrelier, esta vez a través de su yerno, el abogado Sánchez del Bianco.
Frencia señaló que el femicidio reveló "la entera responsabilidad del Estado provincial". Criticó que la denuncia por la desaparición de Agostina no fue radicada formalmente hasta 48 horas después, que no se activó el protocolo de búsqueda inmediata ni el Alerta Sofía, y que, pese a que un remisero identificó a Barrelier como la última persona que vio con vida a la víctima, la detención y los allanamientos se demoraron cuatro días.
"Se perdieron horas claves para la investigación, violando todo tipo de procedimientos, con el único objetivo de establecer un manto de impunidad", afirmó la concejala.
Junto a Soledad Díaz, del Plenario de Trabajadoras, Frencia también presentó un juicio político (jury) contra el fiscal Raúl Garzón, a cargo del caso, por presunto encubrimiento. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.
"Barrelier es un hombre del PJ provincial. El encubrimiento no es casual", sostuvo Díaz. "Desde el primer momento dilataron la búsqueda, no pidieron el Alerta Sofía, demoraron la detención y los allanamientos, y desde el propio gobierno le pusieron el abogado defensor al principal sospechoso".
Las concejalas convocaron a una movilización para el miércoles 3 de junio para exigir justicia por Agostina y terminar con el encubrimiento estatal.
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