Corrupción en la Andis: detectaron sobreprecios por más de $650 millones

La investigación por supuestas irregularidades en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó nuevas pruebas. El Ministerio de Salud presentó ante la Justicia un análisis de 505 expedientes por una facturación total de $18.368 millones y detectó "desvíos críticos y sobreprecios". Solo dos de esas compras, ambas a la empresa Farma Salud S.R.L., acumulan sobrefacturaciones por más de $652 millones.

Según el informe, Andis pagó por sistemas de válvulas bicaval transcatéter $300,8 millones por encima de lo que el PAMI había abonado a otras firmas por el mismo producto. En otro caso, por insumos médicos implantables, pagó $351,2 millones más que el valor de mercado estimado por Salud. Farma Salud S.R.L., la principal beneficiada, facturó en total $11.000 millones y aún figura como pendiente de inscripción como proveedora del Estado en Compr.Ar.

El escándalo contrasta con la narrativa oficial. Mientras el entonces vocero Manuel Adorni mostraba una radiografía de un perro para denunciar supuesto fraude en pensiones por discapacidad —caso que luego se probó falso—, el Gobierno presentó un proyecto de ley "Contra el fraude de las pensiones por invalidez". Sin embargo, el propio Ejecutivo reconoció que casi el 99% de las bajas de pensiones entre 2024 y 2025 se debieron a domicilios mal registrados, no a falsificaciones.

El verdadero fraude estaba dentro del organismo. Diego Spagnuolo, amigo del Presidente y ex titular de Andis, está procesado por asociación ilícita, fraude y sobornos. Los sobreprecios detectados llegaron hasta el 4.239% en insumos como sillas de ruedas y prótesis. Por ejemplo, una endoprótesis aortobílica fue adjudicada a Farma Salud por $369,8 millones cuando el PAMI había pagado $17,85 millones por el mismo un incremento del 1.972%.

Las seis empresas involucradas son Ortopedia Bernat, Farma Salud, Artrobone Ortopedia, Cirugía y Ortopedia Innova, BYMAX MEDICAL y Expo Trauma. Aún hay $4.770 millones pendientes de liquidación, lo que permite al Estado un control de legalidad preventivo. Paralelamente, el gobierno acumula una deuda con prestadores de Incluir Salud cercana a los $70.000 millones desde noviembre de 2025.