Docentes denuncian penalmente al gobierno por infiltración ilegal y represión
La delegación Capital de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) presentó una denuncia penal contra el gobernador Martín Llaryora, el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el Jefe de Policía.

Los docentes denuncian la represión, la infiltración y el espionaje ilegal, y piden que se investigue el accionar policial y su responsabilidad en el operativo desplegado el lunes 20 de abril en ocasión de la asamblea provincial de delegados departamentales de UEPC.
La asamblea provincial de delegados departamentales ese día sesionó sitiada por un vallado de centenares de policías y rodeada por personal armado de las fuerzas represivas. Toda la cuadra de la Casa del Docente de UEPC de la calle San Jerónimo estaba cortada y vallada por la policía, que impedía el paso a docentes.
En ese contexto la policía reprimió con gases a docentes, delegados escolares y delegados departamentales que se acercaban. Las fuerzas policiales intentaron impedir que los delegados departamentales llegaran a la asamblea a la que estaban convocados para acreditarse y ejercer su rol de representación sindical.
En ese contexto detuvieron al delegado Pablo Perón, lo que le impidió llegar a acreditarse y participar de la asamblea. También robaron material de propaganda perteneciente a la delegación Capital de UEPC y amenazaron a miembros del Consejo Delegado Departamental. Todo ello, denuncian los docentes, constituye una práctica ilegal que atenta contra el ejercicio de la libertad y el derecho a la actividad sindical de los trabajadores.
Además, dentro de la sede sindical donde se desarrollaba la asamblea "nos encontramos con personal policial vestido de civil, presenciando una asamblea de trabajadores y usurpando el espacio de la organización gremial", dijo Franco Boczkowski, secretario general UEPC Capital. "Las puertas del sindicato que se cerraron para docentes y delegados, se abrieron de par en par para las fuerzas policiales".
Los docentes resaltan que "resulta de una gravedad extrema e inusitada la intromisión del aparato del Estado, con su organismo de represión, en las deliberaciones e instancias orgánicas de nuestro sindicato. Nunca hicieron público quién los había llamado, con qué orden y para cumplir qué función, y por qué estaban adentro de la sede del sindicato, con lo cual su accionar intimidatorio encuadra en un ejercicio de infiltración y espionaje ilegal".
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