Denuncian penalmente a Milei y Lugones por la crisis en discapacidad

   La presentación, radicada ante el Juzgado Federal N° 2 a cargo del magistrado Sebastián Ramos, fue impulsada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, junto a la Coalición Cívica y otras entidades del sector. Según consta en el escrito, se investigan posibles delitos tipificados en los artículos 210, 248 y 249 del Código Penal.

Los hechos que motivan la denuncia

   El núcleo de la acusación se centra en cuatro ejes críticos que, según los denunciantes, configuran una situación de vulneración sistemática de derechos:

1. Desabastecimiento de medicamentos: la interrupción en la entrega de fármacos de alto costo para personas con discapacidad y pacientes pediátricos, lo que ha generado interrupciones en tratamientos esenciales y deterioro en la calidad de vida de los beneficiarios.

2. Tratamientos suspendidos: demoras injustificadas en procedimientos médicos, terapias y estudios diagnósticos por falta de insumos, equipamiento y personal especializado en centros públicos y privados conveniados.

3. Cierre de centros de rehabilitación: la clausura o reducción de servicios en espacios comunitarios de atención, dejando a miles de jóvenes y adultos sin contención terapéutica ni acompañamiento social.

4. Incumplimiento de leyes de emergencia: a pesar de que el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Emergencia Pediátrica, el gobierno nacional habría suspendido unilateralmente su implementación efectiva, violando el principio de separación de poderes.

"No se puede naturalizar que un presidente no cumpla las normas"

   Norma Lezana, secretaria general de la APyT del Garrahan, fue contundente al presentar la denuncia: "No se puede naturalizar que un presidente no cumpla con las normas sancionadas democráticamente. Estamos hablando de cientos de niños, niñas y adolescentes que dependen del hospital público para sobrevivir o mantener su calidad de vida".

   Por su parte, referentes de la Coalición Cívica ampliaron la acusación contra el ministro Lugones, señalando que *"la inacción del Ministerio de Salud no es un error administrativo, sino una política deliberada que pone en riesgo vidas humanas"*.

Contexto institucional y judicial

   La denuncia se produce en un escenario de alta tensión institucional. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo clave para la gestión de prestaciones, enfrenta un proceso de desmantelamiento en medio de cuestionamientos por opacidad en la asignación de recursos.

   Paralelamente, la Justicia Federal ya había establecido plazos perentorios para que el gobierno implementara la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que derivó en la reglamentación tardía mediante el Decreto 84/2026. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la norma sigue sin aplicarse en los hechos.

Próximos pasos procesales

   La causa se encuentra en etapa de investigación preliminar. Los letrados de las partes querellantes anunciaron que, además de la acción penal, presentarán un amparo colectivo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal para solicitar la nulidad del decreto que suspende la aplicación de la ley de emergencia pediátrica.

   Desde el gobierno, hasta el momento, no hubo pronunciamiento oficial sobre la denuncia. Fuentes oficiales consultadas en forma extraoficial señalaron que se trata de *"una judicialización de decisiones políticas legítimas en un contexto de ajuste fiscal necesario"*, aunque sin profundizar en detalles sobre la situación específica de las prestaciones en discapacidad.

El impacto en el terreno

   Mientras el debate jurídico avanza, la realidad en hospitales y centros de atención refleja la urgencia del reclamo. Familias de todo el país reportan dificultades para acceder a medicamentos, turnos para terapias y autorización de prestaciones básicas. Organizaciones como la Confederación Argentina de Personas con Discapacidad (CONADIS) han documentado casos de empeoramiento clínico evitable por la falta de continuidad en los tratamientos.

   La denuncia contra Milei y Lugones no solo busca responsabilidades penales, sino también visibilizar una crisis que, según advierten los especialistas, podría tener consecuencias irreversibles si no se actúa con celeridad. En un país donde más del 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad, el fallo judicial que recaiga sobre este caso podría marcar un precedente en la protección de derechos sociales frente a decisiones de política económica.

   La causa Nº 3.421/2026 caratulada "APyT Garrahan c/ PEN s/ denuncia penal" se encuentra en etapa de instrucción. Se espera que en las próximas semanas el juez Ramos decida si cita a declarar a los imputados o solicita informes complementarios a los ministerios involucrados.