La industria cuestiona el plan del Gobierno
A pocas semanas del invierno, el plan del Gobierno para retirar al Estado de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y delegarla en manos privadas enfrenta fuertes críticas.

La Asociación de Consumidores Industriales de Gas de la República Argentina (ACIGRA), que nuclea a grandes empresas como Aluar, Arcor, Cargill y Profertil, envió una nota a la Secretaría de Energía expresando su "preocupación" por lo que considera un esquema "sumamente distorsivo" en precio, disponibilidad y operación.
En la carta, ACIGRA advierte que no existe un "entendimiento cabal" de los cambios normativos. Los industriales aseguran que no pueden estimar con precisión su demanda individual de gas para los próximos dos meses, ya que depende de variables incontrolables como la temperatura o restricciones del sistema de transporte. Además, temen que la aparición de nuevos actores privados derive en "posiciones abusivas" y rentas extraordinarias que encarezcan el producto.
Como alternativa, la asociación propone un "camino intermedio" para el invierno 2026: que la Secretaría de Energía mantenga la responsabilidad de estimar volúmenes, contratar y distribuir el GNL, asegurando un precio único cubierto íntegramente por la demanda.

Mientras tanto, la estatal Enarsa avanzó con una licitación para seleccionar un "cargador" privado. Se presentaron dos ofertas, de Trafigura y Naturgy, y el Gobierno acortó los plazos para adjudicar la semana próxima, dado que el primer buque debería llegar a fines de abril. Sin embargo, la propia secretaria de Energía, María Tettamanti, admitió que si no se logra la privatización este año, el esquema podría postergarse para 2027, y Enarsa ya tiene un concurso de urgencia para comprar los primeros dos barcos por la vía tradicional.
El cambio de modelo ocurre en un contexto internacional turbulento: el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán disparó el precio del GNL a 20 dólares por millón de BTU, casi el doble de los 12 dólares promedio del año pasado. Esto abre la pregunta sobre quién asumirá el sobrecosto, y si se trasladará a tarifas o generará mayor morosidad. Con la ampliación del gasoducto Perito Moreno recién prevista para 2027, la dependencia del GNL importado sigue siendo el cuello de botella que mantiene en vilo a Gobierno e industria.
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