Un sobrevuelo reaviva el debate por los glaciares en San Juan

   Sin embargo, un reciente sobrevuelo realizado por la organización ambientalista Greenpeace volvió a poner el foco sobre la tensión entre la expansión de la minería metalífera y la protección de estos ecosistemas. Las imágenes captadas desde el aire muestran intervenciones mineras en zonas de alta montaña cercanas a glaciares y ambientes periglaciares, áreas que la legislación vigente considera especialmente protegidas.

   El relevamiento fue realizado el 24 de febrero de 2026 sobre sectores remotos de la cordillera sanjuanina, una de las provincias que concentra mayor cantidad de proyectos mineros del país. Según la organización, el registro fotográfico evidencia la apertura de caminos, remoción de suelo y delimitaciones vinculadas a tareas de exploración en zonas próximas a glaciares, entre ellos el glaciar de escombros identificado como G110.

   "Lo que vimos no es solo roca y hielo. Son glaciares. Son reservas estratégicas de agua dulce. Es el agua que alimenta ríos, comunidades y ecosistemas en todo el país", afirmó Greenpeace al difundir las imágenes, que rápidamente circularon en redes sociales y medios de comunicación.

Un glaciar en medio de la actividad minera

   El glaciar G110 forma parte del Inventario Nacional de Glaciares y se ubica en el norte de San Juan, cerca del límite con La Rioja. Se trata de un glaciar de escombros, una formación compuesta por hielo cubierto por sedimentos rocosos que cumple un papel clave en la regulación hídrica de las cuencas andinas.

   Según Greenpeace, las imágenes aéreas muestran intervenciones directas en el entorno periglacial de este glaciar, con trazas de caminos y áreas delimitadas para exploración minera. Estas actividades se desarrollan en el área de influencia del proyecto minero Vicuña, un emprendimiento de cobre, oro y plata que combina los depósitos Josemaría y Filo del Sol.

  El glaciar se encuentra dentro de la subcuenca del río Blanco Superior, que integra la cuenca del río Jáchal, uno de los cursos de agua fundamentales para la región. Desde la organización ambientalista advierten que cualquier alteración de estos cuerpos de hielo podría afectar el equilibrio hídrico de los ríos que dependen de ellos.

   "Flexibilizar la ley en este contexto pone en riesgo la seguridad hídrica del país, especialmente en un escenario de crisis climática", sostuvo Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace.

Trasfondo: reforma de la Ley de Glaciares

   El informe llega en un momento particularmente sensible. El Congreso debate actualmente una reforma de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, sancionada en 2010 con el objetivo de preservar los cuerpos de hielo y los ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce.

   La normativa vigente establece la prohibición de actividades extractivas —entre ellas la minería— en glaciares y en su entorno periglacial. También creó el Inventario Nacional de Glaciares, un registro científico destinado a identificar y monitorear estos ecosistemas.

   La reforma impulsada por sectores políticos y provincias con fuerte presencia minera propone modificar ese esquema. Entre otros puntos, plantea redefinir el alcance de las zonas protegidas y permitir que las provincias evalúen cuáles glaciares o áreas del inventario deben ser consideradas reservas hídricas estratégicas.

   El Senado aprobó el proyecto con media sanción el 26 de febrero de 2026 por 40 votos contra 31. La iniciativa ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados.

   Uno de los cambios centrales consiste en pasar de una protección amplia y preventiva a un esquema en el que las prohibiciones se aplicarán solo cuando se compruebe que un glaciar cumple una función hídrica relevante. Además, elimina la prohibición automática de actividades en todo el ambiente periglacial, permitiendo evaluaciones de impacto ambiental caso por caso.

   Los defensores de la reforma argumentan que el nuevo esquema respeta el federalismo ambiental y brinda mayor claridad técnica para el desarrollo de proyectos productivos. Sus críticos, en cambio, sostienen que la modificación debilita el principio precautorio y abre la puerta a intervenciones en zonas sensibles.

San Juan, epicentro minero

   La provincia de San Juan es uno de los principales polos de la minería metalífera en Argentina. Según datos del sector, existen más de 30 proyectos mineros en distintas etapas de desarrollo, con al menos una decena en exploración avanzada.

   El más ambicioso es el proyecto Vicuña, una iniciativa conjunta entre las compañías Lundin Mining y BHP que busca explotar uno de los mayores depósitos de cobre aún no desarrollados del mundo. El emprendimiento combina los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y se ubica a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Respuesta de las empresas

   Desde el sector minero sostienen que los proyectos se desarrollan bajo estrictos controles ambientales y que los estudios realizados hasta ahora no indican riesgos significativos para los glaciares.

   En el caso del proyecto Vicuña, la empresa operadora señaló que sus estudios sobre crioformas —clasificadas en distintos niveles— muestran que algunos cuerpos de hielo de la zona están en proceso natural de reducción y que no cumplen un rol hídrico relevante.

   Según esta postura, la iniciativa no depende de la reforma de la Ley de Glaciares para avanzar, ya que sus evaluaciones ambientales contemplan las condiciones actuales de la normativa.

   No obstante, las imágenes difundidas por Greenpeace reavivaron las críticas de organizaciones ambientales y especialistas que consideran que la actividad minera en zonas de alta montaña sigue generando incertidumbre sobre su impacto a largo plazo.

Un debate que llega al Congreso

   El tratamiento legislativo de la reforma continuará en las próximas semanas con una instancia clave: una audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para los días 25 y 26 de marzo.

   La convocatoria surgió a pedido de la oposición y permitirá la participación de organizaciones ambientales, científicos, representantes del sector minero, gobiernos provinciales y ciudadanos interesados. La expectativa generada es alta: cerca de 8.000 personas se inscribieron para intervenir.

   El resultado del debate podría tener consecuencias significativas para el futuro de la política ambiental y minera del país. Mientras el gobierno busca acelerar la aprobación del proyecto para dar señales de previsibilidad a los inversores internacionales, sectores ambientalistas advierten que la modificación podría implicar un retroceso en la protección de los glaciares.

Agua, minería y cambio climático

   El conflicto entre minería y glaciares no es nuevo en Argentina. Desde la sanción de la ley en 2010, numerosos proyectos han sido objeto de controversia por su proximidad a cuerpos de hielo o ambientes periglaciares.

   La discusión se vuelve aún más compleja en el contexto del cambio climático, que ya está provocando un retroceso acelerado de glaciares en la cordillera de los Andes. En ese escenario, los científicos consideran que estas formaciones adquieren un valor estratégico creciente como reservas de agua.

   Para organizaciones ambientalistas, el desafío consiste en garantizar que la explotación de recursos minerales no comprometa la disponibilidad de agua para las generaciones futuras. Para el sector productivo, en cambio, el objetivo es encontrar un equilibrio que permita desarrollar proyectos considerados clave para la economía y la transición energética.

   El sobrevuelo de Greenpeace, con sus imágenes de caminos y maquinaria en medio de la alta montaña, volvió a poner esa tensión en primer plano.

   Ahora, la discusión se traslada al Congreso, donde el futuro de la Ley de Glaciares podría redefinir el delicado equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental en la cordillera argentina.