Pérez Pons aportó pruebas a la causa por los $1800 millones del municipio saenzpeñense

El diputado provincial del peronismo Santiago Pérez Pons aportó documentación y pruebas vinculadas a la denuncia penal por la operatoria financiera que habría generado un perjuicio patrimonial de, al menos, 1800 millones de pesos al municipio de Sáenz Peña.

La denuncia involucra al intendente Bruno Cipolini, a la secretaria de Economía, María Alejandra Quintana y al secretario de Gobierno, Diego Landriscina, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado.

"Yo no especulé, denuncié y vine a la Justicia. La plata pública no se negocia. La plata de los vecinos no se timbea", afirmó Pérez Pons tras su presentación, durante una conferencia de prensa en la que mostró públicamente gran parte de las pruebas exhibidas.

Esta presentación del legislador se suma a una ya larga lista de sucesos en la confrontación entre la entidad bursátil y el municipio saenzpeñense. Ya en la etapa judicial, la semana pasada se conoció que la Bolsa hizo un depósito voluntario de fondos propios en el marco de un embargo dispuesto por Carlos De Cesare, titular del Juzgado Correccional de Sáenz Peña.

La característica de las operaciones

Según la documentación entregada a la justicia, el Municipio habría dispuesto fondos públicos para realizar inversiones financieras no garantizadas a través de la Bolsa, recibiendo como contrapartida cheques emitidos por una empresa privada que no habrían sido cubiertos a su vencimiento, generando una pérdida millonaria.

El diputado remarcó que el presupuesto municipal no contemplaba partidas para inversiones financieras, ni existe una ordenanza específica que autoriza al Ejecutivo a realizar este tipo de operaciones. Asimismo, recordó que la resolución 14/96 del Tribunal de Cuentas establece que el intendente es el responsable del cumplimiento del presupuesto aprobado.

En ese marco, el legislador sostuvo que el propio intendente firmó la apertura de la cuenta comitente ante la Bolsa de Comercio, declaró el origen público de los fondos y aceptó los riesgos inherentes a la operatoria. "Nadie puede decir que no sabía. Se firmaron contratos, se aceptaron términos y condiciones y se cambió el perfil inversor del Municipio, habilitando instrumentos de mayor riesgo", señaló.

¿Conflicto de intereses?

Otro de los puntos incorporados a la causa refiere al rol de Diego Landriscina, autorizado a operar la cuenta comitente del Municipio. De acuerdo con la documentación presentada, además de su función como secretario de Gobierno, Landriscina figura como mánager de cuentas en la Bolsa de Comercio del Chaco y habría percibido comisiones vinculadas a la operatoria. Según los registros incorporados, solo en 2025 habría recibido más de 15 millones de pesos en concepto de comisiones.