Minería, federalismo y crisis hídrica en el centro del debate

El argumento que distintos sectores empresariales y políticos han venido agitando para impulsar una reforma es que la ley vigente fue reglamentada de manera parcial y que dejó en una zona gris la definición precisa de "ambiente periglaciar" y de los llamados glaciares de escombro. Esta supuesta ambigüedad sería, según sostienen, un obstáculo para destrabar inversiones, especialmente en proyectos de cobre ubicados en áreas cordilleranas.

El CEO de Glencore, Martín Pérez de Solay, confirmó recientemente que "nosotros tenemos un glaciar en Pachón", en referencia al proyecto El Pachón, en San Juan. Según explicó, el gobierno provincial encargó a la Universidad Nacional de San Juan un estudio técnico que habría concluido que ese glaciar de escombros no cumple funciones hídricas relevantes. "No es un glaciar como tal, es un glaciar de escombros, lo que se denomina zona periglaciar", afirmó el ejecutivo, al defender la viabilidad del emprendimiento.

La presión para revisar el alcance de la ley no proviene solo de las empresas. Medios internacionales como Bloomberg señalaron que, si el Presidente logra liberar los proyectos de las restricciones sobre glaciares, las compañías tendrán mayores probabilidades de avanzar con inversiones que podrían convertir a la Argentina en un proveedor relevante de cobre, un metal clave para la electrificación global. Sin embargo, la propia cobertura destacó que los principales desafíos para proyectos como El Pachón y Vicuña —joint venture entre BHP Group y Lundin Mining— giran en torno a glaciares rocosos y masas de hielo que contribuyen a cuencas fluviales y fuentes de agua dulce.

El objetivo oficial declarado es destrabar unas 40 iniciativas mineras en distintas provincias cordilleranas. Los gobernadores sostienen que, dado que los recursos naturales son potestad provincial, deben ser ellos quienes determinen cuándo un emprendimiento afecta o no el ambiente. Con este argumento federalista, mandatarios de diversos signos políticos respaldan la necesidad de redefinir el alcance de la norma.

El contexto internacional agrega presión. La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de incorporar el cobre y el litio al listado de minerales críticos para la seguridad económica de Estados Unidos disparó expectativas sobre la demanda y los precios. A ello se suma que los minerales críticos forman parte del reciente entendimiento comercial entre Argentina y Washington. En ese marco, el gobierno de Javier Milei impulsa la reforma también como herramienta para consolidar alianzas con gobernadores y ampliar su base de apoyo político.

Pero la discusión técnica dista de estar saldada. La Ley 26.639, sancionada en 2010, prohíbe actividades mineras e hidrocarburíferas en glaciares y ambientes periglaciares, definidos como áreas que actúan como reguladores del recurso hídrico. La coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, Laura Zalazar, ha explicado que la norma no solo protege los glaciares "clásicos", como el Glaciar Perito Moreno, sino también glaciares cubiertos, manchones de nieve perennes y glaciares de escombro, estos últimos caracterizados por hielo interno cubierto de detritos.

El organismo encargado de aplicar criterios científicos y elaborar el Inventario es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). En documentos oficiales, el instituto subrayó que los glaciares de escombros pueden contener entre 35% y 70% de hielo y aportar hasta la mitad del caudal de ríos en los Andes Áridos durante años secos. Aunque estas masas ocupan cerca del 1% de la superficie cordillerana, abastecen de agua a más de la mitad del país.

Las cifras recientes encienden alarmas: en los Andes Desérticos, en menos de una década, se registró una reducción del 17% en la superficie glaciar y del 23% en manchones de nieve perenne. En provincias como Mendoza, que atraviesa su crisis hídrica más prolongada en más de un siglo según la Dirección General de Irrigación, la discusión no es abstracta. La disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura e industria depende casi exclusivamente del aporte de nieve, glaciares y ambiente periglaciar.

Referentes científicos como Ricardo Villalba, ex responsable del Inventario Nacional de Glaciares, sostienen que relajar la protección del ambiente periglaciar debilitaría el sistema que regula y libera agua de manera gradual. A su vez, recuerdan que la minería metalífera utiliza sustancias como cianuro y genera relaves y drenajes ácidos con potencial de contaminación persistente.

Organizaciones como Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y foros ciudadanos patagónicos advierten que una reforma podría habilitar actividades en zonas hoy protegidas y comprometer ecosistemas estratégicos. Para estos sectores, el debate no es meramente económico sino estructural: se trata de definir si las reservas criosféricas son un recurso a explotar o un patrimonio hídrico a preservar.

En un país atravesado por sequías recurrentes y tensiones fiscales, la redefinición de la Ley de Glaciares condensa un dilema de fondo. Entre la promesa de inversiones millonarias y la certeza de una crisis hídrica en curso, la pregunta que sobrevuela el Congreso es qué modelo de desarrollo se prioriza y qué costos ambientales y sociales está dispuesto a asumir el Estado argentino.