Una patada a la justicia
Hay un viejo debate, como tantos otros irrelevantes a los fines prácticos, acerca de si es acertado o no decir que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Aunque hubiera una respuesta aceptada por unanimidad (que no la hay ni la habrá), conocerla no cambiaría la historia. Ni la pasada ni la que se escribe actualmente.
En cambio, con la justicia es diferente. No es algo que las sociedades deban merecer. La justicia debe ser, debe estar y debe ser… justa. Lo ideal del concepto no implica que deba dejar de ser una meta permanente de cualquier comunidad y, sobre todo, de sus instituciones. ¿Por qué de éstas en especial? Porque la justicia es una construcción, y a esa obra la ejecutan los distintos estamentos previstos por la Constitución y las leyes para la representación popular.
Rajadura
Esa construcción de la justicia tuvo, en el Chaco, un traspié grosero este mes, en el marco del proceso de selección que llevaba a cabo el Consejo de la Magistratura para cubrir dos fiscalías penales que quedaron vacantes en la segunda circunscripción judicial, que es la que tiene por cabecera a Presidencia Roque Sáenz Peña. Lo que ocurrió fue burdo, pero principalmente fue grave, y sienta un precedente delicado.
Las fiscalías vacantes son la 1 y la 5. La primera está sin titular por la salida de Liliana Lupi, que dejó el cargo en 2024, y la segunda fue recientemente creada. A fines de 2024 el Superior Tribunal puso en marcha el proceso de cobertura de esos cargos, informando al Consejo de la Magistratura de la necesidad de seleccionar a los potenciales nuevos fiscales. El Consejo, conviene recordarlo, es el órgano encargado de seleccionar jueces, fiscales y defensores oficiales. Está integrado por siete miembros: dos representantes del Poder Judicial (un juez del Superior Tribunal y otro de los estamentos inferiores), un representante del Poder Ejecutivo, dos delegados de los abogados (uno de Resistencia y otro del interior) y dos diputados provinciales (habitualmente uno del radicalismo y otro del PJ).
Todo el año 2025 estuvo dedicado a habilitar la postulación de candidatos, revisar sus presentaciones y testear sus aptitudes. De todos esos filtros, el más importante es un examen de idoneidad que está a cargo de un jurado de expertos. Al cabo de todas esas etapas de la compulsa, quedaron en pie tres de los postulantes. Dos eran funcionarias judiciales de carrera, Geraldine Solange Dilchoff Kesque y Tatiana Nuria Mañak. El tercer candidato fue el abogado Cristian Arana. Los tres habían obtenido calificaciones de excelencia. Parecía que la única incógnita era quién de ellos se quedaría sin una fiscalía y cuáles dos pasarían a formar parte de la magistratura provincial. Pero el diablo -algún diablo- iba a meter la cola.
Ruidos
Lo que acabaría sucediendo comenzó a asomar en la primera ronda de postulaciones, parte del proceso previsto. En el Consejo los integrantes pueden apoyar a uno o varios de los aprobados por los exámenes previos. Para que un aspirante sea seleccionado como nuevo juez o fiscal debe lograr el respaldo de al menos cuatro de los siete miembros del cuerpo. Si nadie logra ese consenso, se pasa a una segunda ronda en otra fecha. Si persiste la situación, puede haber una tercera reunión. Si allí tampoco hay acuerdo suficiente, se declara desierto el concurso.
En la primera ronda, los dos representantes del Poder Judicial, el ministro del Superior Tribunal Víctor del Río y el juez penal Sergio Bosch, postularon a los tres candidatos que seguían en carrera, Dilchoff, Mañak y Arana. El diputado peronista Rubén Guillón hizo lo mismo.
A su turno, la representante de los abogados del interior, María Cecilia Arroyo, dijo que no tenía aún un mandato del Colegio de Abogados de Sáenz Peña, al que pertenece, para apoyar a alguien en particular. El representante de los abogados de Resistencia, Ricardo Urturi, adhirió a esa posición, porque el Consejo de Abogados de la capital tiene un viejo acuerdo con las entidades del resto de la provincia, según el cual replican recíprocamente sus posturas (los del interior se acoplan a lo que dice la representación de Resistencia cuando los asuntos son de esta ciudad, los capitalinos adoptan las mismas decisiones que los del interior cuando las definiciones tienen que ver con Chaco adentro). La representante del Poder Ejecutivo, Carolina Meiriño, y la diputada radical Carmen Delgado, alegaron carecer también de mandatos.
Así llegó una segunda ronda, que fue un calco de la primera, y se arribó a la tercera y definitoria, que fue un verdadero papelón. Allí la abogada Arroyo dijo que de la consulta al colegio saenzpeñense surgieron inquietudes "respecto de diferentes conductas y actitudes desplegadas por los concursantes" y que se abstenía de votar por cualquiera de ellos "atento a no reunir las condiciones, ni del perfil que esa institución busca, en cuanto a la moralidad, la buena voluntad, los valores, la ética y la buena atención hacia los demás". En función del acuerdo mencionado antes, Urturi también se abstuvo. Meiriño y Delgado plantearon que habían decidido hacer suyas la posición del colegio de Sáenz Peña. El destino del concurso estaba sentenciado: iba a quedar desierto. Con cuatro abstenciones, ninguno de los tres candidatos en pie iba a lograr mayoría suficiente.
Final
Lo sorprendente, grave y tremendo es que ni Arroyo ni quienes apoyaron su criterio expusieron jamás en qué consistían las objeciones éticas o morales a Dilchoff, Mañak o Arana. Es hasta una ofensa para ellos. ¿Eran los tres tan nefastos en cuanto a sus valores personales que eso anulaba sus exámenes de excelencia y, en el caso de las dos funcionarias, sus trayectorias impecables en el Poder Judicial? ¿O lo que tenían de malo era lo que tenían de bueno?
El diputado Guillón condenó el desenlace cuando le tocó hablar. "Esto es un sopapo ético", dijo, y deslizó que en realidad los tres postulantes habían sido desestimados por cuestiones políticas. Algunos dirigentes de Sáenz Peña apuntan al radicalismo y al intendente Bruno Cipolini, que ahora afronta una denuncia penal compleja por operaciones financieras que le habrían ocasionado un duro golpe a la caja municipal que administra.
Víctor del Río, del Superior Tribunal, y el juez Bosch, fueron los más duros. "La falta de apoyo sin fundamentos válidos a alguno de los tres candidatos que han aprobado todas las etapas se aparta de los precedentes de este Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento sin justificación válida o que nos permita conocer los motivos del no apoyo. Se apartan además de un respeto mínimo a la explicación que se debiera dar a las funcionarias de carrera del Poder Judicial, quienes se han sometido a un examen en paridad de condiciones, sobre quienes además no se han planteado denuncias, sumarios u objeciones como en otros casos. Esto significaría que todo el proceso de selección que comenzó en noviembre del año 2024 quedaría en la nada", reprochó. Mencionó, además, la paradoja de que lo ocurrido mantendrá como titular provisorio de la fiscalía 1 a César Collado, quien se postuló en el concurso y no logró siquiera llegar a la instancia final.
Bosch, refiriéndose a la invocación de "mandatos" para las abstenciones, aleccionó: "Ser mandatario no es ser títere del mandante, inclusive hay una responsabilidad en ser mandatario, y esa responsabilidad es asesorar lo suficientemente bien al mandante para no hacer tonterías o que el mandatario termine haciendo tonterías por el capri- cho del mandante. No es menor lo que están diciendo cuando invocan ‘yo vengo a cumplir un mandato’, porque eso es agarrar la víbora con la mano de otro y eso no se hace".
Una patada a los tobillos de la justicia, que no se la merece ni la señora de los ojos generalmente vendados ni una sociedad que tiene demasiadas heridas para reparar como para que la selección de sus magistrados siga siendo a medida de los caudillismos de turno.
