La muerte de Jorge Antonio Bergés
Tenía 83 años. El partero de la dictadura fue una figura clave en el entramado de apropiación de bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado.
Médico obstetra y comisario policial, actuó en centros clandestinos del llamado Circuito Camps —como los pozos de Banfield y Quilmes— donde asistía partos de detenidas-desaparecidas y luego intervenía en la sustracción de los recién nacidos, muchos de los cuales fueron entregados a familias vinculadas con fuerzas represivas. También participaba directamente en torturas y era conocido por el uso de la picana eléctrica. Murió con prisión domiciliaria.
Su nombre quedó expuesto tempranamente en el Juicio a las Juntas por el testimonio de Adriana Calvo, secuestrada en 1977. Calvo relató que inició el trabajo de parto en la comisaría 5ª de La Plata y dio a luz en el asiento trasero de un auto policial. Trasladada al Pozo de Banfield, describió que Bergés la obligó a acostarse en una camilla, le extrajo la placenta brutalmente y la forzó, recién parida y desnuda, a limpiar la sangre del parto frente a los guardias. Otro sobreviviente, Pablo Díaz, identificó a ese centro como una "maternidad clandestina".
Durante la dictadura, Bergés estaba asignado a la Dirección General de Investigaciones dirigida por Miguel Etchecolatz. Según investigaciones judiciales y testimonios, no sólo asistía partos, sino que integraba una estructura organizada para apropiarse y traficar bebés. Existen denuncias que ubican prácticas similares incluso antes del golpe de 1976: en 1969 habría participado en un parto donde a la madre le dijeron que el niño había nacido muerto sin mostrarle el cuerpo ni entregar certificado de defunción; la causa fue archivada por falta de pruebas.
Tras el retorno democrático, gozó de años de impunidad gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Continuó en la policía bonaerense hasta 1997, recibió reconocimientos oficiales y montó una clínica privada en Quilmes. Organismos de derechos humanos sostienen que mantuvo redes para la apropiación ilegal de niños también en democracia.
Recién en 2004 volvió a ser condenado, junto a Etchecolatz, por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en cautiverio. La pena fue de siete años y ese mismo año recuperó la libertad por el tiempo ya detenido y el beneficio de la domiciliaria. Volvió a prisión más tarde, aunque alternó encarcelamientos y arrestos domiciliarios. En 2012 recibió otra condena en la causa Circuito Camps, confirmada ocho años después. La prisión perpetua le llegó recién en marzo del año pasado, en el juicio por los crímenes cometidos en brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Murió once meses después, mientras aún enfrentaba otro proceso por el secuestro y tortura de Jorge Julio López.
Hasta el final se negó a aportar información sobre los bebés robados. Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir la identidad de 140 nietos, pero estima que faltan unos 300. Con su muerte, parte de esa verdad quedó enterrada. Teresa Laborde, nacida en cautiverio e hija de Adriana Calvo, escribió tras conocer la noticia: "Murió el obstetra del mal sin decirnos dónde están los bebés que se robó".
