Arrecian críticas a la emergencia ígnea declarada por el gobierno

   La medida, sin embargo, fue recibida con un coro de críticas que la tildan de tardía, insuficiente y profundamente incoherente con otras políticas ambientales de la administración.

   El eje principal del cuestionamiento es la oportunidad y el método. Medios y oposición política señalaron la demora en la reacción, que llegó después de que el fuego arrasara miles de hectáreas en parques nacionales y de reiterados reclamos formales de los gobernadores patagónicos. Esta secuencia hizo que la declaración se leyera como una reacción bajo presión política, más que como parte de una planificación. Además, juristas y opositores cuestionaron el uso de un DNU para manejar una crisis crónica, advirtiendo sobre un patrón de gobierno por decreto que elude el debate legislativo necesario.

   Las organizaciones ambientales fueron aún más incisivas. Greenpeace calificó la ayuda como "tardía" y subrayó que el decreto no prevé una partida económica específica, limitando su impacto real. Un bloque de ONGs, incluyendo a FARN y OPSur, sostuvo que la medida es necesaria pero insuficiente, ya que atiende la coyuntura sin corregir fallas estructurales. Denunciaron el desfinanciamiento crónico del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, cuya ejecución presupuestaria en 2024 fue de apenas el 22%, y vincularon la magnitud de los incendios al avance de un modelo forestal basado en monocultivos inflamables.

"Es una farsa la emergencia ígnea, sin asignar los recursos mínimos indipensables"

   La crítica más punzante apunta a la incoherencia climática del gobierno. Varias organizaciones remarcaron la flagrante contradicción entre declarar emergencia por incendios y sequía, y al mismo tiempo impulsar cambios que flexibilizan la Ley de Glaciares, que protege reservas de agua estratégicas. Esta visión de corto plazo y reactiva se refleja en el diseño mismo del DNU 73/2026. Aunque habilita herramientas para agilizar la respuesta inmediata en provincias como Chubut y Río Negro, especialistas destacan su falta de visión de largo plazo: el decreto se concentra en el combate, pero no crea mecanismos robustos para la restauración ambiental, la prevención estructural o una reforma del ordenamiento territorial que mitigue el riesgo futuro.

   En definitiva, la emergencia declarada queda enmarcada por un amplio espectro de cuestionamientos. Lejos de ser una solución integral, es vista como una medida reactiva que no aborda las causas profundas de la crisis—el subfinanciamiento de los sistemas de protección, la ausencia de políticas preventivas y un modelo económico que prioriza la explotación de recursos sobre la sostenibilidad ambiental—y que choca frontalmente con otras iniciativas gubernamentales que debilitan la protección del patrimonio natural.