La crisis como excusa para arrasar con los derechos laborales

   Los despidos, suspensiones e impagos salariales no responden únicamente a la crisis económica
inducida por la política del gobierno, sino que también funcionan como un mecanismo para imponer en
los hechos las disposiciones de una reforma laboral que aún no fue debatida ni aprobada en el
Congreso, advierten obreros de diferentes industrias en diversas regiones del país.

   El caso de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay es ilustrativo. La crisis de la empresa no
es nueva. En 2024 presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis para reducir salarios, aceptado por el
Sindicato de la Alimentación sin medidas de fuerza, pero resistido por los trabajadores entrerrianos.

   Aunque la rebaja terminó aplicándose, los incumplimientos continuaron: atrasos en sueldos, aguinaldos,
vacaciones, cargas sociales y hasta el cierre del frigorífico Beccar. A esto se sumó el pago de salarios en
cuotas cada vez más fragmentadas, un esquema que directamente dejó de cumplirse con el cambio de
año.

   Para los obreros, estos mecanismos no son improvisados: expresan una estrategia empresarial que
busca naturalizar el cobro parcial del salario, la flexibilización de hecho y la disciplina por hambre. La
reacción fue una huelga autoconvocada, primero en Concepción del Uruguay y luego extendida a otras
plantas del grupo.

   Tras semanas sin respuestas, la asamblea resolvió sacar el conflicto a la calle con
cortes en los accesos a la ciudad y la amenaza de interrumpir la Ruta 14. Aunque la empresa pagó parte
de la deuda tras el primer piquete, los trabajadores decidieron sostener el plan de lucha, entendiendo
que el problema es estructural y no un simple atraso coyuntural.

   En Pilar, los trabajadores de ILVA sostienen desde hace cuatro meses un acampe sin cobrar salarios
ni indemnizaciones. La empresa tramita su quiebra mientras el futuro laboral sigue en el limbo. Los
obreros recuerdan que la conducción de la CGT prometió una salida y nunca volvió. Frente a la
ausencia de respuestas, organizaron un "panazo" para juntar fondos.

   La expectativa mayoritaria está puesta en una resolución judicial favorable, aunque la experiencia reciente —como el desalojo en Lustramax— alimenta la desconfianza. Para los trabajadores, la parálisis empresarial y el abandono del personal son otra forma de licuar derechos y responsabilidades patronales.

   Una dinámica similar se vive en COCOT, en La Paternal. A días del inicio de las vacaciones, la
patronal anunció que no las pagaría y propuso hacerlo recién en cuotas a partir de marzo. Con el
argumento de la caída de ventas y la competencia importada, se dejó a decenas de familias sin ingresos
previstos. Los trabajadores respondieron con paro y piquete, convencidos de que estas maniobras
buscan acostumbrar a cobrar tarde, mal o nunca, anticipando un nuevo régimen laboral más precario.

   En Lácteos Verónica, la situación es aún más grave. Cientos de obreros no perciben salarios
completos desde octubre, mientras la empresa redujo la producción en un 90 % sin declarar
formalmente un lockout. Desde ATILRA denunciaron que no hay toma de fábricas, pero sí guardias
mínimas para evitar el vaciamiento.

   Los trabajadores señalan que la patronal prioriza los negocios de exportación de leche en polvo, dejando de lado la producción fresca y usando la cesación de pagos como herramienta para avanzar hacia una venta o liquidación que los deje a la deriva.

   Estas denuncias se conectan con lo planteado por Omar Barbero, del sindicato químico
(FESTIQYPRA), quien afirmó que en la industria química ya se aplica de hecho la reforma laboral:
despidos masivos sin indemnización, concursos preventivos usados para no pagar y miles de puestos
perdidos. Según el dirigente, más de mil trabajadores fueron despedidos, en un contexto de salarios
licuados por una inflación que no refleja el costo real de vida.

   En todos los casos, los trabajadores coinciden: la crisis es real, pero también es utilizada para ensayar
un nuevo disciplinamiento laboral. Frente a una dirigencia sindical que muchas veces actúa como
contención y un Estado que mira para otro lado, las asambleas, los paros y los piquetes aparecen como
única defensa concreta ante una contrarreforma laboral que las empresas buscan consolidar antes
incluso de que sea ley.