Guerra comercial, crisis política y contrarreforma laboral
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, anunciado tras más de veinticinco años de negociaciones, nació envuelto en una crisis política inmediata.
Pocos días después de su firma, el Parlamento Europeo suspendió su entrada en vigencia por un margen mínimo, apelando a la facultad de solicitar al Tribunal Europeo una evaluación de su compatibilidad con otros compromisos de la UE, en particular los ambientales. Aunque muchos consideran este recurso una maniobra dilatoria de los opositores, la deforestación de la Amazonía brasileña ligada al agronegocio expone un flanco jurídico real. El proceso judicial podría demorar hasta dos años la implementación del tratado.
La votación reveló profundas divisiones internas. El lobby agrario europeo celebró la suspensión, mientras que el capital industrial —especialmente alemán— la repudió. El conflicto no es solo comercial: el traspié debilita a las autoridades "globalizadoras" de la UE frente a fuerzas nacionalistas y de ultraderecha que reclaman una restitución de soberanía a los Estados miembros. En previsión de estos obstáculos, la Comisión Europea incluyó una cláusula que permitiría la aplicación provisoria de un acuerdo interino, lo que abre un choque institucional con el Parlamento y el riesgo de una censura política.
El contexto internacional agrava estas tensiones. En un mundo atravesado por guerras comerciales y financieras, el acuerdo aparece como una plataforma de disputa geopolítica de la UE frente a EEUU y China, más que como una defensa coherente de la globalización. Donald Trump ya lo denunció como un intento europeo de monopolizar mercados agroalimentarios, mientras él mismo promueve alianzas con las ultraderechas europeas. A la vez, gobiernos como el de Javier Milei intentan compatibilizar este tratado con memorandos de entendimiento con EEUU y con una relación estratégica con China, ecuación difícilmente sostenible.
Aunque los firmantes destacan la eliminación de aranceles sobre más del 90 % del comercio bilateral, la liberalización es gradual, se extiende hasta veinte años y está plagada de salvaguardas. Exenciones clave —como en acero, aluminio o biocombustibles— pueden revertirse si afectan a la industria europea. En los hechos, el esquema favorece al capital europeo, que podría invertir en el Mercosur para exportar sin aranceles, mientras protege sus propios sectores sensibles. En la industria automotriz, por ejemplo, se prevé un sistema de cuotas que permitiría a las automotrices europeas ganar mercado frente a competidores locales. Alemania observa este punto con especial interés ante la competencia china en vehículos eléctricos.
La apertura de las licitaciones estatales, especialmente en Brasil, representa otro beneficio central para el capital europeo, incluso mediante asociaciones con capital local. En contraste, las exportaciones agroindustriales del Mercosur quedan limitadas por cuotas que funcionan como aranceles encubiertos, como ocurre con la carne. En sectores como el lácteo, grandes multinacionales ya han desplazado a cooperativas y capitales nacionales, particularmente en la Argentina.
Desde su origen, el acuerdo respondió a una etapa de expansión global que hoy está superada. En el escenario actual, se inscribe en una feroz competencia internacional basada en la superexplotación del trabajo y la erosión de los derechos laborales. En este sentido, el tratado actúa como un factor de presión para profundizar ajustes salariales, previsionales y reformas laborales regresivas. Su ratificación se articula con una agenda de contrarreforma que los trabajadores tienen razones de sobra para rechazar, apelando a la lucha política y sindical.
Los ganadores y perdedores están claramente delimitados. De un lado, el capital industrial europeo; del otro, los grandes propietarios agrarios del Mercosur. Las llamadas "ventajas comparativas" implican, bajo el capitalismo, la ruina de sectores enteros: la industria argentina y la pequeña burguesía agraria de países como Francia e Italia. De allí derivan las crisis políticas actuales, alimentadas por protestas campesinas y bloqueos que condicionan a los gobiernos.
Francia, Italia, Polonia y Hungría expresan estas resistencias. En Francia, Macron enfrenta una crisis de gobernabilidad crónica, con fuerte déficit fiscal y una reforma jubilatoria suspendida por presión social y fragilidad parlamentaria. En Italia, el gobierno de Meloni se sostiene gracias a un gasto público excepcional financiado por la UE, mientras el ajuste exigido por el nuevo Pacto de Estabilidad amenaza su base electoral, donde la pequeña burguesía agraria ocupa un lugar central. Para que el acuerdo avance, la Comisión debería quebrar este bloque mediante concesiones políticas o fiscales, una tarea extremadamente difícil.
A esto se suma la creciente fricción entre la UE y EEUU. Un acuerdo con el Mercosur podría reducir la dependencia europea del mercado estadounidense, pero también provocar represalias de Washington. El temor a una escalada imprevisible explica nuevas dilaciones.
La UE destina cerca del 25 % de su presupuesto a subsidios agrícolas, sosteniendo a millones de pequeños productores. Históricamente, esta transferencia funcionó como un amortiguador político frente al avance de la izquierda. Hoy, en un contexto de crisis mundial y competencia exacerbada, ese esquema es cada vez menos viable. La prioridad de la burguesía europea es reactivar la inversión, aumentar la productividad y financiar un rearme militar que le permita disputar poder con EEUU, Rusia y China. Esto choca frontalmente con el mantenimiento de subsidios a sectores considerados improductivos.
Por eso, el eventual fracaso del acuerdo con el Mercosur sería una señal más de la decadencia del imperialismo europeo y de la debilidad política de su burguesía. Las reformas que el capital considera necesarias prometen choques sociales profundos, gestionados por gobiernos frágiles. La combinación de ajustes radicales y crisis política abre un escenario de fuerte convulsión social y de agudización de la lucha de clases.
