Madre del soldado Mauro Ramírez: "Estoy segura que estaba planificada su muerte"

Se trata de una historia que por dos décadas se intentó clausurar con un sello: "suicidio". La muerte del soldado chaqueño Mauro Ramírez, ocurrida en junio de 2003 dentro de la Base de Apoyo Logístico del Ejército en Apóstoles, Misiones, vuelve a investigarse por orden de la Cámara Federal de Casación Penal. La reapertura llega después de 21 años de negativas, archivos, puertas cerradas y una sola constante: la tenacidad de su madre, Susana Pinto.

"No me cerraba", repite Susana cuando recuerda aquel llamado que partió su vida. Días antes, dice, la familia había estado reunida planificando el casamiento de Mauro con su novia de años. Él estaba de buen ánimo, con proyectos y sin señales que justificaran la hipótesis que rápidamente instalaron mandos militares y tribunal local: que se había quitado la vida con un FAL durante una guardia.

El guion oficial corrió rápido. A Susana la hicieron firmar un reconocimiento en una comisaría, la demoraron horas sin información clara y le impidieron ver el cuerpo. El velorio se realizó en Barranqueras sin compañeros de regimiento presentes, y el sepelio avanzó pese a irregularidades documentales. "Se buscaba cerrar todo muy rápido", recuerda. Lo que siguió fue el peregrinar: denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Chaco, la discusión por la competencia federal (finalmente, Posadas), exhumaciones con resultados inquietantes y un expediente que, cada tanto, volvía al archivo.

En la reconstrucción judicial, una pieza comenzó a resquebrajar la versión de suicidio. El perito criminalista Enrique Pruegger —referente en el caso Carrasco— determinó que el disparo que mató a Mauro ingresó de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, a unos 25 cm del cuerpo, una mecánica incompatible con un autodisparo con fusil FAL en posición de guardia. El peritaje quedó incorporado a la causa y, años después, pesó en la decisión de Casación.

Otra evidencia se sumó con fuerza: un estudio grafológico de la Policía Federal sobre una carta escrita por Mauro esa misma tarde. La pericia lo describe sin indicadores de ideación suicida y "en su mejor momento vital", según el lenguaje técnico. Para Susana, era una confirmación íntima de lo que venía diciendo desde el primer día.

Entre 2008 y 2015, el expediente osciló entre archivos y escasos movimientos. Ese año, Susana golpeó la puerta de la Procuraduría General de la Nación: pidió reencuadrar el caso como violencia institucional. La procuradora firmó una resolución el 26 de junio de 2015, y en marzo de 2016 la causa se reabrió formalmente. La Defensoría Federal designó al abogado Gabriel Darío Jarque, con quien Susana armó, testimonio a testimonio, un rompecabezas que incluyó entrevistas a exsoldados, militares retirados y testigos que se animaron a hablar pese a amenazas y seguimientos.

Susana describe escenas de presión que hielan: testigos que se bajan a último momento porque "las fuerzas federales son intocables"; familias hostigadas; un traslado relámpago de Mauro al Chaco días antes de su muerte, que ella hoy lee como una despedida forzada. También cuenta que quienes condujeron el Regimiento de Infantería Monte 30 permanecieron a resguardo, con carreras ascendentes. Exige que se cite a declarar a la cadena de mando, no solo a dos oficiales.

La Cámara de Casación ordenó revisar la instrucción con una mirada interdisciplinaria, no limitada a lo balístico. Es un punto clave: durante años, los tribunales de Misiones se concentraron en aspectos técnicos aislados y omitieron explorar responsabilidades institucionales, contextos de violencia y encubrimiento. Ahora, el expediente regresa al juzgado de origen con lineamientos precisos.

El caso Ramírez, además, vuelve a poner bajo la lupa prácticas que Argentina creía superadas desde el quiebre que significó el caso Carrasco: maltratos, arbitrariedades, silencios corporativos. No es un juicio sobre las Fuerzas Armadas en su conjunto; sí un llamado a investigar sin intocables cuando una muerte ocurre bajo custodia del Estado.

En medio de ese tablero, la voz de Susana no pierde foco. Docente, madre, activista a la fuerza, fue capaz de dormir en terminales, plantarse con el uniforme de su hijo frente al Ministerio de Defensa, exigir expedientes, resistir amenazas y volver cada vez que le cerraron una puerta. Veintún años después, la Justicia le da la razón en algo básico: que se investigue.

Lo que sigue no será sencillo. La causa vuelve a manos del mismo juzgado y los tiempos judiciales son fríos. Pero hay un movimiento irreversible: el de una madre que ya no discute rótulos, sino responsabilidades. La reapertura no es el final; es, por fin, el comienzo de una investigación a la altura de una muerte que el Estado tiene el deber de explicar.

Claves de la reapertura

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación por la muerte de Mauro Ramírez y revisar la instrucción con enfoque interdisciplinario.
Las pericias claveapuntan a la reconstrucción balística que descarta el autodisparo y estudio grafológico que desacredita la hipótesis de suicidio.
Los próximos pasos incluyen las citaciones a la cadena de mando del Regimiento de Infantería Monte 30 y el análisis de eventuales encubrimientos, así como medidas para proteger a los testigos.