"Nada indica que Mauro tenía intención de quitarse la vida"

Ya se cumplieron 21 años del deceso del chaqueño Mauro Ramírez, un soldado voluntario que encontraron sin vida en un regimiento en Apóstoles, Misiones. Su madre, Susana Pintos, sostiene que fue asesinado, pese a que quisieron hacerlo parecer un suicidio, y que una red de encubrimiento mantiene oculta la verdad hasta el presente.

Al margen de su percepción, se apoya en una pericia grafológica en la que se dice que el joven estaba en óptimas condiciones y que no se detecta ningún indicio de depresión.

"Mauro estaba en su mejor momento, con proyectos, iba a casarse y otros testigos fueron aportando lo mismo", insiste.

Durante una entrevista con NORTE Play recordó la última vez que lo vio de regreso, por una misión logística de la que no podía hablar. Lo recuerda preocupado y algo atormentado por algo que vio o sabía de sus superiores. "A mi hijo lo fusilaron, a mi hijo lo hicieron callar", denuncia.

La descripción con mayor detalle se refiere al hallazgo del cuerpo sin vida del joven. Susana recuerda que una de sus primeras objeciones fue que no se reparara que el disparo que ingresó en el pecho tenía una dirección de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

"Mi hijo no era zurdo y por el tamaño del arma no pudo hacerlo solo. Además, se notaba que lo arrastraron y la ausencia de sangre. Si el disparo fue al corazón o al pulmón, habría un charco de sangre y ahí no se vio, eso es lo llamativo que hasta hoy nadie me explica", y lamenta: "Se supone que tiene que haber, por más que haya caído al pasto, tiene que haber sangre y en sus ropas".

El Estado incurre en responsabilidad internacional

En la argumentación de los amicus curiae se repara un comportamiento judicial "sin el impulso y el compromiso institucional necesarios para culminar con la etapa de instrucción". Además, señalan que habiendo transcurrido ya dos décadas, los resultados de la investigación son muy exiguos, lo cual afecta tanto a la víctima querellante, madre del joven Mauro Ramírez, como a la sociedad en su conjunto dado que la actuación estatal –hasta el momento- solo ha contribuido a la generación de impunidad".

"Lamentamos afirmar que la investigación no fue profunda ni ajustada a los estándares de derechos humanos y que los obstáculos siguen presentes, consolidando una investigación sin verdadero impulso ni efectivo respeto por los derechos y garantías de la víctima, y muy lejos del acceso efectivo a la verdad y la justicia", indican.

"El Estado incurre en responsabilidad internacional por la falta de investigación respecto de un joven muerto en circunstancias de estar bajo la tutela del Ejército Argentino, en cumplimiento de un deber ciudadano, como era -al momento del hecho- el servicio militar obligatorio", agregan.

Muchos testigos se animaron a contar

Consultada sobre los avances en el caso, Susana Pintos responde que en todo el tiempo que transcurrió desde la muerte de su hijo Mauro Ramírez siguió trabajando con integrantes de organismos de derechos humanos, tanto en la provincia del Chaco como a nivel nacional.

Celebra la unidad que fue construyendo con familiares de víctimas y participando en encuentros con la Comisión Provincial por la Memoria, que también se presentó como amicus curiae en la causa de su hijo.

Entre los nombres de quienes se comprometieron con la continuidad de la investigación está el defensor oficial federal de Bahía Blanca que lleva la causa como querellante. Él formalizó una presentación con nuevos argumentos y solicitando al juez para que llame indagatoria a dos de los presuntos implicados en la muerte de Mauro. Sin embargo, desde 2017 el juez federal no da lugar a esa solicitud.

"En el camino se ha logrado el ofrecimiento de recompensa y a raíz de ello aparecieron muchos testigos que se animaron a contar, por supuesto que a medias pero fueron contando, algunas verdades y pudimos armar un gran rompecabezas", valoró.

Espera una respuesta del juez a cargo de la causa 

La querella pide al juez que cite a indagatoria a Eduardo Jeremías Brevel y Ovidio Francisco Almeida. El requerimiento judicial es con carácter urgente al tratarse de un pedido ya hecho en el pasado por el defensor patrocinante de la querella familiar. Para respaldar ese planteo tres referentes nacionales en causas de derechos humanos se presentaron como amicus curiae.

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la historiadora Dora Barrancos -ambos copresidentes de la Comisión Provincial por la Memoria- y el secretario Roberto Cipriano García. El comité es el organismo designado como Mecanismo Local de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de la provincia de Buenos Aires. Pese a los pedidos, aún no hay respuesta del magistrado.