Después vemos
Quien se crea que luego de los comicios parlamentarios de 2025 habrá un año 2026 que será "no electoral" incurrirá en un candoroso acto de ingenuidad. En realidad, por la manera en que fue moldeándose la acción política argentina en estas cuatro décadas de democracia y por todo lo que habrá en juego en 2027, hemos entrado en campaña casi tan pronto como terminaron de contarse los votos de octubre pasado.
Una prueba es lo ocurrido en la Legislatura con el tratamiento del pedido gubernamental de incremento de los aportes de los trabajadores y del Estado al Fondo de Alta Complejidad de la obra social del Insssep. Aunque el descuento extra que los empleados públicos tendrán en sus salarios es insignificante frente a la importancia que esas prestaciones médicas tienen para quienes las necesitan (mil pesos por cada 100.000 de remuneración; 1500 en el caso de autoridades superiores), la oposición planteó una discusión enardecida sobre el tema, como si lo que se debatía fuera en realidad un furibundo recorte de sueldos como los de finales de los 90.
Lo que se buscaba con la propuesta oficial -finalmente aprobada- era reforzar el financiamiento de un servicio crítico del Insssep, que le salva la vida, sin que haya metáforas de por medio, a decenas (quizá cientos) de personas cada año. ¿No vale la pena que los afiliados a esa obra social agreguen cada mes el importe de tres paquetes de yerba por cada millón de pesos que ganen? Decir que esto es verdad pero que se trata de "una nueva metida de mano en el bosillo y bla, bla, bla" es patear la pelota hacia otra cancha. Es tribunear. Campaña ciento por ciento.
Transversales
El Instituto de Seguridad Social es una muestra contundente de la inclinación constante de la clase dirigente hacia el facilismo, el verso y la pasión por dejar que a los problemas estructurales los resuelva otro en un futuro incierto. Hay una transversalidad política perfecta en esto, que permite que peronistas y radicales enroquen roles según quién está en el poder y quién está fuera de él. Es decir, según quién tiene que afrontar el problema y a quién le toca hablar de él sin ninguna necesidad de estar parado en la realidad. Los unos tienen que tratar de encontrarle una salida al asunto, los otros tienen que ver la manera de impedir que la hallen. Es la pequeñez dirigencial que nos trajo hasta aquí.
Habitualmente, el tironeo se resuelve dejando todo para un después que nunca tiene plazos definidos, hasta que las cosas se tornan tan impostergables que, entonces sí, alguna medida aparece. Generalmente un parche que permite andar algunos kilómetros más. El drama es que esos trayectos nuevos que permiten las reparaciones chapuceras son cada vez más cortos.
En la cuestión previsional el panorama explosivo no es exclusividad del Chaco. El sostenimiento de los sistemas de jubilaciones es un dilema en todo el mundo. La gente vive cada vez más años. Entonces, quienes se jubilan tienen más tiempo por delante percibiendo sus haberes. A la par, hay proporcionalmente cada vez menos trabajadores en actividad aportando para que el pago de las pasividades sea viable. En convergencia a esta adversidad, en países como el nuestro hay una economía informal de dimensiones descomunales, con millones de trabajadores en negro que por estar en esa condición no aportan.
Se sabía
En la primera mitad de los 90, el entonces gobernador Rolando Tauguinas, de Acción Chaqueña, autorizó que una consultora privada revise la estructura y las ecuaciones del sistema previsional estatal provincial. La medida fue criticada, cuestionada, denunciada. Se hablaba de vicios en la contratación. Pero más allá de eso, el informe de la firma a la que se le encomendó la tarea fue lapidario acerca de todo lo que iba a venir. Hizo una proyección acerca de qué iba a suceder en las décadas siguientes, exponiendo que las inconsistencias iban a ir tornándose más difíciles de sostener. En definitiva, anticipó lo que vemos hoy, y no sirvió de nada.
Por aquellos tiempos la caja del Instituto tenía un rojo mensual de unos 2 millones de pesos, equivalentes (convertibilidad mediante) a igual cantidad de dólares. Hoy ese quebranto ronda los 25.000 millones de pesos, con una equivalencia en moneda estadounidense ocho veces superior a la de aquel entonces.
Lo único relevante que se hizo en todos los años transcurridos fue la sanción, en 1994, de la ley 4044, que es la que transformó al viejo IPS en el Insssep actual. Fue conocida como "la ley de los once", porque fue apenas ésa la cantidad de diputados provinciales que la votaron en la Legislatura. La norma fue propiciada por el peronismo, que planteó la iniciativa como una manera de impedir que la caja jubilatoria chaqueña fuera transferida al Estado nacional. El "traspaso", como se lo llamaba, era promovido por Domingo Cavallo, poderoso ministro de Carlos Menem. Muchas jurisdicciones aceptaron la propuesta y se desprendieron de sus jubilados. Tauguinas estaba de acuerdo con seguir el mismo camino. No hubiera sido una salida conveniente en términos sociales. Los nuevos jubilados de los sistemas transferidos pasaron a cobrar haberes muy inferiores a los que percibían de sus provincias. Hoy mismo se estima extraoficialmente que el importe promedio que perciben los jubilados nacionales es poco más de la mitad que el haber promedio que paga el Insssep. La entrega de la caja a Menem-Cavallo era condenar a los nuevos pasivos a la miseria que sufren los abuelos que cobran haberes de Anses. Se calcula que entre el 50 y 60% de ellos está en situación de pobreza.
Ley podada
La ley 4044 nació con muchas pretensiones, pero no tardó en quedar mutilada, porque muchos de sus artículos fueron frenados judicialmente o suspendidos por la propia Legislatura. Lo que quedó vigente de ella no mejoró mucho el problema de fondo del desfinanciamiento del sistema. Hubo además áreas previstas que nunca se pusieron en marcha, como una caja de préstamos ideada para generar recursos que fortalecieran las finanzas del organismo.
Durante mucho tiempo las cuentas del sistema previsional debían estar totalmente aparte de las del servicio de obra social. Pero luego se quitó ese impedimento legal y el superávit de las prestaciones médicas comenzó a ser utilizado para achicar el rojo jubilatorio. Y como el déficit previsional nunca dejó de incrementarse, aumentó también la tentación de maximizar los saldos positivos de la obra social mediante una reducción del alcance de las prestaciones, de modo que quedaran más recursos disponibles para apagar el incendio jubilatorio. El plus médico, en alguna medida, podría ser hijo de esa circunstancia. Los prestadores, por no cobrar del Instituto lo que consideran que correspondería que se les pague, se lo cobran a los afiliados, convertidos así en jamones de un sándwich indigesto.
Las quejas por las consecuencias de ese cuadro serían el motivo de la decisión del gobierno de cambiar la conducción del organismo de la seguridad social provincial. ¿Será para tratar de emprolijar algunas cosas o para intentar un abordaje más integral de todo lo que se describe en parte aquí? Si se tratara de lo segundo, son válidas las dudas acerca de qué podría lograrse de un escenario parlamentario que, apenas días atrás, discutía una medida antipática pero totalmente razonable como si se tratara de un desencadenante del Apocalipsis.
La paridad de bancas en la Legislatura renovada este mes deja los interrogantes abiertos. Pero éstos, sobre todo, tienen vida porque desde hace treinta años nadie habla de lo que quiere ni de lo que interpreta sobre lo que sucede en un organismo clave de la vida provincial. Si los actores de la historia se olvidan por un rato de 2027 y se ocupan más de resolver problemas con seriedad, habrá una chance de que algo sea mejor. La otra opción es que, una vez más, la coincidencia central sea que conviene dejar lo importante para después. Para otro momento, otra etapa, otra vida.
