Transporte: vence la tregua y empresas buscarán avanzar con suspensiones

El complejo panorama del transporte público de pasajeros tendrá desde hoy un nuevo capítulo cuando quede sin efecto el paraguas legal que tenían los trabajadores del sector, que acordaron con los concesionarios resignar cuestiones salariales a cambio de que no se den cesantías.

Es que hasta ayer regía el Proceso Preventivo de Crisis por el cual el acuerdo era que los choferes y el resto de los empleados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) cobraban sus haberes a una escala antigua y gran parte como suma no remunerativa.

Como se sabe, el gran sostenedor del sistema es el Estado a partir del reconocimiento de subsidios a la actividad, que los concesionarios señalan hace tiempo que no alcanzan para mantener la ecuación económica que permita que el servicio funcione sin sobresaltos.

Sin perspectiva de aumento de compensaciones y tampoco de acciones que incentiven el uso del transporte público, la crisis de las empresas se profundiza y en los últimos días presentaron ante la Justicia el pedido de concurso de acreedores, el último recurso para evitar la quiebra.

SUSPENSIONES

En este derrotero de complicaciones diarias, la intención de los concesionarios es avanzar con la suspensión del personal, que se estima podría alcanzar a entre el 20 y el 25 del plantel de cada firma porque hoy son una capacidad ociosa, al circular menos micros en la calle por la caída de la demanda.

Pero, en esta línea, buscarán y se sabe que tendrán resistencia de la UTA, en que se abonen haberes no solo a escala vieja sino por el tiempo trabajado, distinto a lo que se pactó hasta ayer, que choferes tenían menos de los 24 turnos mensuales que establece el convenio de trabajo, pero cobraban como si los efectuaran.

SUELDO Y AGUINALDO

En los últimos días, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) emitió un comunicado urgente dirigido a las autoridades nacionales y provinciales, alertando sobre la "grave situación" en el interior.

Según la federación, el desfinanciamiento del sistema es una consecuencia directa de la eliminación de los subsidios nacionales y la insuficiencia de los aportes provinciales.

La crisis no solo afecta la operación diaria, sino que pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos salariales de diciembre, incluyendo los sueldos devengados en noviembre y la segunda cuota del aguinaldo por lo que solicitó al Ministerio de Capital Humano la urgente convocatoria a la UTA para establecer condiciones excepcionales que permitan el pago.