Desafíos de la transición energética
La transición energética es un proceso que apunta a sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables, pero que además debe transformar sistemas económicos, productivos y sociales arraigados a lo largo de las últimas décadas. La dependencia histórica de modelos extractivistas, la desigualdad entre países productores y consumidores, y las tensiones geopolíticas que rodean la energía colocan a esta transición en un escenario donde los avances tecnológicos conviven con nuevas amenazas socioambientales. A ello se suma la necesidad de gestionar expectativas y diseñar políticas coherentes que no reproduzcan las inequidades que la transición busca superar.
Uno de los desafíos más importantes es la creciente demanda de minerales críticos, particularmente litio y cobre, esenciales para tecnologías de electromovilidad, almacenamiento energético y expansión digital. La mayor parte de estos recursos se ubica en países del sur global, especialmente en América Latina, donde Chile, Bolivia, Perú, México y nuestro país concentran reservas estratégicas. Esta situación ha impulsado una etapa de extracción intensiva que, aunque ofrece oportunidades económicas, genera impactos ambientales severos, como la desecación de humedales y ríos, la alteración de ecosistemas frágiles y la afectación del acceso al agua para comunidades locales. Las poblaciones indígenas, que habitan gran parte de los territorios donde se desarrollan estos proyectos, se encuentran particularmente vulnerables frente a operaciones que muchas veces avanzan sin consulta adecuada.
Un punto importante en este debate se dio con los resultados de la COP30 realizada en Brasil, donde se registraron avances en el Programa de Trabajo sobre Transición Justa. Este programa incorporó elementos clave como derechos humanos, perspectiva de género y el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas, además de establecer un mecanismo para la cooperación internacional y el apoyo técnico y financiero a sectores como el energético y el agroganadero. No obstante, estos logros se vieron acompañados de tensiones y omisiones relevantes. A pesar de los consensos alcanzados, los países no lograron acordar referencias explícitas al abandono progresivo de los combustibles fósiles ni a los riesgos socioambientales asociados a la extracción de minerales críticos. La declaración Mutirão Global evitó incluir la expresión "transitar para abandonar los combustibles fósiles", aun cuando estos representan más del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esta brecha entre ciencia y política, especialmente en el año más cálido registrado, puso en evidencia las contradicciones internas que persisten en los acuerdos climáticos y la dificultad de avanzar hacia compromisos más ambiciosos. Así, la COP30 cerró con un balance paradójico. Por un lado, logró avances normativos en justicia climática, pero faltaron compromisos firmes frente a los pilares estructurales de la crisis climática.
Al observar el caso latinoamericano en profundidad, la tensión entre necesidad de desarrollo y preservación ambiental resulta más que evidente. La región enfrenta el reto de definir un modelo económico que no dependa exclusivamente de la exportación de minerales, especialmente cuando la presión del norte global aumenta. Este último requiere litio, cobre y otros materiales críticos para cumplir sus metas climáticas, lo que genera una relación desigual donde los costos socioambientales recaen mayoritariamente en los países proveedores. Si bien la transición energética es indispensable para limitar el colapso climático, su implementación no puede convertirse en una nueva fase de sacrificio territorial en el sur global. La demanda acelerada de minerales para baterías, infraestructura eléctrica y dispositivos digitales corre el riesgo de profundizar daños en ecosistemas vulnerables y de consolidar un modelo extractivo intensivo que, lejos de resolver la crisis, la desplaza geográficamente.
Frente a este panorama, las alternativas tecnológicas emergentes representan una oportunidad para reducir la presión extractivista. En el ámbito de las baterías, innovaciones como las químicas sodio-ion, las baterías de flujo de vanadio o las tecnologías metal-aire ofrecen rutas con menor impacto ambiental al basarse en materiales abundantes o totalmente reciclables. Asimismo, opciones como las baterías LFP disminuyen la dependencia de minerales críticos al eliminar cobalto y níquel, y han ganado protagonismo en vehículos eléctricos y aplicaciones estacionarias. En cuanto a los conductores eléctricos, el aluminio destaca por su abundancia, ligereza y costo reducido, y los avances para elevar su conductividad lo posicionan como un posible reemplazo del cobre en redes y movilidad eléctrica. Estas alternativas aún enfrentan desafíos de infraestructura y escala industrial, pero su desarrollo acelerado por empresas e instituciones de investigación muestra un camino viable para una transición más justa y sostenible.
