Factores que moldean el delito juvenil
La criminalidad juvenil y la edad de imputabilidad forman parte de un debate que resurge cada tanto y que suele simplificar un fenómeno complejo al reducirlo a una discusión penal. La tentación de asociar la baja en la edad de responsabilidad penal con una disminución inmediata del delito juvenil aparece con fuerza en contextos de inseguridad o malestar social, pero esa asociación rara vez se sostiene en evidencia sólida.
La investigación de Catalina Banfi, de la Universidad de San Andrés, y de Mariano Tommasi, del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano, muestra que las respuestas centradas únicamente en la sanción tienden a desconocer la multiplicidad de factores que inciden en las trayectorias delictivas y que, al no modificar las condiciones estructurales que las originan, pueden incluso profundizar los ciclos de exclusión.
El trabajo de Banfi y Tommasi explica que las trayectorias de los jóvenes en conflicto con la ley penal se desarrollan en contextos caracterizados por vulnerabilidades acumuladas. No son conductas que emergen de manera abrupta ni responden a decisiones aisladas, sino que se inscriben en itinerarios vitales marcados por la falta de oportunidades y por la ausencia de intervenciones adecuadas en momentos clave del desarrollo. Factores como la desigualdad económica, los hogares monoparentales, la deserción escolar, la violencia intrafamiliar, la escasa supervisión adulta y la exposición a entornos donde la violencia es frecuente actúan de manera combinada, reforzándose unos a otros. El resultado es un marco de exclusión que dificulta la construcción de alternativas y que facilita la reproducción del delito a lo largo de la vida.
Esta perspectiva coincide con una amplia literatura internacional que destaca la interacción entre factores individuales, familiares, sociales y comunitarios. Banfi y Tommasi integran en su análisis hallazgos provenientes de la economía, la neurociencia, la psicología y el derecho, lo que les permite demostrar que las conductas delictivas no pueden desligarse del entorno donde se desarrollan. En ese sentido, el bajo rendimiento escolar, las dificultades conductuales en el ámbito educativo y ciertas características psicológicas, como la impulsividad o la falta de empatía, aparecen como riesgos relevantes, pero su peso se magnifica cuando se combinan con carencias materiales, vínculos familiares frágiles y la influencia de pares involucrados en actividades delictivas.
El caso argentino, lamentablemente, refleja esta complejidad. Los datos recientes sobre jóvenes con conflictos con la ley penal muestran que una proporción importante proviene de entornos atravesados por la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. Muchos presentan trayectorias educativas interrumpidas y han vivido en barrios donde la violencia y la exclusión son parte de la experiencia cotidiana. Ante esta situación, la reducción de la edad de imputabilidad no modifica los factores que originan los comportamientos delictivos. Por el contrario, la evidencia recopilada por Banfi y Tommasi documenta que las políticas punitivas aplicadas de manera temprana suelen generar mayor reincidencia, dificultar la reinserción escolar y laboral, y elevar los costos del sistema penal sin producir beneficios sostenibles en términos de seguridad.
Es necesario comprender la criminalidad juvenil como el resultado de procesos que se acumulan a lo largo del tiempo, porque permite pensar estrategias más efectivas. Los autores del trabajo de investigación consideran que en la primera infancia y durante los primeros años de escolaridad, las políticas deberían orientarse a fortalecer el entorno familiar, mejorar las condiciones de cuidado, garantizar el acceso a una educación de calidad y consolidar redes comunitarias de apoyo. Estas intervenciones tempranas actúan sobre las raíces del problema y pueden reducir el riesgo de que los niños desarrollen futuras conductas delictivas. En la adolescencia, observan Banfi y Tommasi, es el momento en que las conductas de riesgo tienden a manifestarse con mayor claridad, y es allí donde será clave promover la integración educativa, social y laboral mediante programas deportivos, artísticos, recreativos, de mentoría y acompañamiento psicosocial.
Si el objetivo es reducir las tasas de delito y mejorar las oportunidades de vida de los jóvenes, resulta imprescindible adoptar un enfoque que atienda tanto las vulnerabilidades acumuladas como las transiciones críticas del desarrollo. El aporte de Banfi y Tommasi es valioso porque muestra que la efectividad no depende de sanciones más tempranas, sino de políticas que actúen sobre las causas profundas del conflicto. Dejar de pensar la edad de imputabilidad como una solución en sí misma y comenzar a considerar intervenciones integrales y sostenidas puede abrir el camino hacia una sociedad más segura y más justa, donde los jóvenes encuentren alternativas reales antes de que el delito se convierta en una trayectoria difícil de revertir.
