"Se vulneró la independencia judicial y se armó un proceso ilegal"

El presidente del Colegio de Abogados de Resistencia, Jose Galassi, volvió a elevar el tono contra el Consejo de la Magistratura tras la renuncia del juez Eduardo Sinkovich, a quien —sostuvo— se lo empujó a abandonar el cargo mediante un proceso "ilegal, arbitrario y políticamente direccionado". En diálogo con NORTE, el referente describió una maniobra institucional que, dijo, "pone en jaque el Estado de Derecho y deja un precedente gravísimo para toda la justicia chaqueña".

Galassi insistió en que Sinkovich fue víctima de "un atropello por parte de un poder independiente del Estado, el Poder Legislativo, ejecutado por una orden emanada del Poder Ejecutivo", y explicó que el Consejo de la Magistratura actuó contra la normativa vigente.

Según detalló, la denuncia impulsada por diputados provinciales "no debía ser admitida porque los legisladores no están legitimados activamente para promover un jury". Hay un antecedente claro, recordó, cuando "el doctor Ricardo Sánchez, siendo diputado, quiso hacer exactamente lo mismo y no se lo admitieron porque no estaba autorizado por ley".

En esta oportunidad, afirmó, "se miró para un costado, nadie dijo absolutamente nada. Y eso da vergüenza ajena" y añadió que hay sobrados precedentes de que se no se admitieron denuncias de otros legisladores contra jueces en el ámbito del órgano encargado de designar y remover magistrados.

DISCIPLINAR

Para el titular del Colegio, el paso a retiro del juez fue la única salida posible ante un proceso contaminado desde el origen: "Se le dio curso a una denuncia de personas no facultadas. Someter a Sinkovich a un proceso con una línea política bajada desde arriba era llevarlo directamente a una destitución anunciada".

En ese punto, recordó que una vez que se admite el jury y con la fuerte presunción de que sería destituido, el denunciado decidió dar un paso al costado. "El artículo 14 de la Ley 33-B impide aceptar la renuncia del magistrado", y que el Superior Tribunal de Justicia dejó establecido este criterio en 2024, en el caso de la jueza Fanta. "La familia de Sinkovich le pidió que no se someta a semejante desgaste físico y emocional, porque no tenía la salud para enfrentar un proceso que ya estaba direccionado", explicó.

Para Galassi, el caso Sinkovich ya generó un efecto nocivo entre los magistrados. "Hace semanas que colegas me dicen que los jueces ya no quieren aplicar astreintes", señaló. Explicó que se trata de una herramienta legal para obligar a cumplir mandatos judiciales ante la desobediencia del Estado: "Son multas diarias previstas por la norma y el código. Pero al Gobierno le molestaron en el caso de los wichíes, cuando Sinkovich aplicó 30 días de multa porque la comunidad no recibía alimentos ni medicamentos".

El abogado remarcó que las astreintes se calcularon pensando en la subsistencia mínima de las familias indígenas: "El doctor lo explicó claramente: 4000 pesos por día es apenas lo básico para que una persona pueda alimentarse. ¿Quién come con 4000 pesos hoy?".

Galassi aseguró que este avance político sobre el Poder Judicial "abre la puerta a un régimen feudal que pretende disciplinar a los jueces". Y añadió una advertencia: "Les dijeron a los magistrados: tengan cuidado con fallar lo que corresponde, porque si no estamos a gusto, los vamos a destituir", graficó. Sostuvo que lo ocurrido debe llamar a la conciencia no solo de los abogados sino de toda la sociedad. "Si permitimos que se ponga en jaque la independencia judicial, vamos a terminar con una justicia anárquica en el Chaco. Y eso no lo podemos permitir", anticipó. Finalmente, recordó la función esencial de la abogacía: "Somos auxiliares de la justicia, intermediamos entre los justiciables y el Poder Judicial. Nuestra obligación es garantizar un servicio transparente, neutral y realmente independiente".