Reclaman que se aplique la ley del financiamiento educativo
Desde este miércoles y hasta el viernes, los docentes de las 66 universidades nacionales realizan un paro de 72 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida, impulsada por las dos federaciones docentes más representativas del país —CONADU Histórica y CONADU—, cuenta con un amplio respaldo en el sistema universitario.
La CONADU Histórica, perteneciente a la CTA Autónoma, fue la primera en resolver la medida durante su Congreso de Secretarios Generales, donde algunos gremios incluso propusieron un paro de una semana o por tiempo indeterminado, con suspensión de exámenes finales. En tanto, la CONADU, integrante de la CTA de los Trabajadores, decidió acompañar la protesta tras consultar a sus bases. Entre ambas organizaciones reúnen la representación de la mayoría de los docentes universitarios del país.
El conflicto se agudizó luego de que el Gobierno nacional eludiera aplicar el rechazo parlamentario al veto presidencial sobre la ley aprobada por amplísima mayoría en ambas cámaras. Según el Ejecutivo, la falta de fondos impide su aplicación, argumento basado en la Ley 24.156 de Administración Financiera, aunque para los gremios y las universidades dicho razonamiento "no resiste análisis", ya que la norma solo exige actualizar salarios y presupuestos según la inflación.
A diferencia de las federaciones docentes, los gremios enrolados en la CGT, como la FATUN (no docentes) y la FEDUN (docentes con menor representación), optaron por no adherir al paro y mantener canales de diálogo con el Gobierno.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las universidades públicas, anunció que recurrirá a la justicia para exigir la aplicación de la ley. En su plenario del 22 de octubre, el organismo resolvió por unanimidad presentar una demanda, afirmando que "un decreto no puede suspender una ley". Su vicepresidente, Franco Bartolacci, advirtió que "es grave para la institucionalidad democrática naturalizar el incumplimiento de leyes con amplia legitimidad social y política".
El reclamo docente incluye una recomposición salarial del 43%, necesaria para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. La medida de fuerza afecta a cerca de 200.000 docentes y a entre dos y tres millones de estudiantes. Los gremios no descartan profundizar el conflicto con la suspensión de exámenes y el posible no inicio del ciclo lectivo 2026.
