Gobierno presentó proyecto para expropiar la chanchería del clan Sena

Luego de la firma del gobernador Leandro Zdero, ayer ingresó a la Legislatura chaqueña el proyecto de ley del Ejecutivo provincial para la expropiación de la chanchería perteneciente a la familia Sena. La presentación estuvo a cargo del secretario de Coordinación de Gabinete Livio Gutiérrez y del subsecretario de Legal y Técnica Julio Ferro.

La propuesta es destinar el predio, de más de 27 hectáreas de extensión, a la edificación de centros de reinserción social del Programa Provincial Fortaleza (de consumos problemáticos de sustancias) y de centros de experiencia y formación laboral. "De esta forma se da cumplimiento al anuncio realizado el viernes pasado por el gobernador, se espera que el proyecto tome estado parlamentario lo antes posible y cuente con el acompañamiento legislativo" detalló Ferro.

El inmueble fue adjudicado a Emerenciano Sena en 2015 para que se ejecute un proyecto productivo. La expropiación implica sacar el título del predio a su propietario e inscribirlo a nombre de la Provincia. Esto se realiza a través de un pago que se deposita en una cuenta judicial a efecto de que la justicia determine la titularidad del dinero si hay reclamos posteriores.

"Para el proyecto se efectuó un estudio de dominio del campo, una vez que el proyecto se convierta en ley, interviene la Fiscalía de Estado quien informa a la Junta de Evaluación para que realice la correspondiente valoración del inmueble", explicó Gutiérrez.

Por otra parte, Gutierrez explicó a NORTE TV que dentro de los fundamentos explicados en el detalle adjunto del proyecto dirigido a la presidente de la legislatura, Carmen Delgado, se deja en claro que al expropiar el lugar y crear estos centros, se "enviará un mensaje claro de que la provincia de Chaco está comprometida con la Justicia, en la lucha contra el delito y la dignidad de todos sus habitantes".

Apunto que las iniciativas de los centros mencionados siempre estará sujeto a la factibilidad presupuestaria, ya que la determinación del valor de venta de los terrenos será mediante el procedimiento establecido en la Ley 332-A y los fondos necesarios se imputarán al Presupuesto General de la Provincia.