Las Palmas, en llamas
El 27 de octubre de 1968, se produjo una tremenda explosión social dentro y fuera del otrora poderoso Ingenio azucarero de Las Palmas.
Era previsible: los obreros no veían un peso desde la segunda quincena de agosto, en concepto de salarios. También se les adeudaba considerables montos en concepto de salario familiar y los aguinaldos de 1967 y primer trimestre de 1968.
A todo ello, se sumaban cinco meses de suspensión de las tareas propias del Ingenio, además complicados litigios judiciales. Por eso había hambre en Las Palmas, y alrededores.
El gobierno provincial envió alimentos, y el obispo de Resistencia, monseñor José Agustín Marozzi, lanzó a la sociedad un dramático pedido de auxilio para los afectados.
"Mientras las autoridades competentes luchan para solucionar esta penosa situación —rezaba su llamado a la solidaridad—formulamos un pedido de amor a nuestros sacerdotes, colegios católicos, instituciones diocesanas y a las instituciones y personas que deseen solidarizarse para que libremente y en el modo que lo crean más conveniente soliciten ayuda en víveres, ropa o en efectivo para ser entregados íntegramente a los fines señalados".
Tissera, al ataque
Pero estaba también la cuestión crucial y lamentable de la venta de tierras. Si la sociedad lamentaba la dramática situación social señalada, reprochaba con igual fuerza la posibilidad de venta, en condiciones más que misteriosas, de esas tierras.
Muchos ciudadanos de primer nivel político o social desde el principio dejaron sentado que no tolerarían la entrega de los terrenos del legendario Ingenio azucarero. Uno de ellos fue el periodista, escritor y exdiputado provincial Ramón Tissera.
Tissera tenía en NORTE una penetrante columna titulada La mar en coche.
En ese espacio fue donde escribió:
"El asunto de las tierras del Ingenio Azucarero de Las Palmas puede salir bastante salado, sea para la provincia, sea para la propia empresa, sea para los que al final tengan que echarle la culpa a otro.
Técnicos del Consejo Agrario Nacional se encuentran en Resistencia abocados al estudio de la situación empresaria para dictaminar luego sobre la conveniencia (o inconveniencia) de la operación.
En la Casa de Gobierno en estos días se están estudiando los antecedentes de títulos sobre la tan cuestionada propiedad de la tierra. Por allí, pues, no hay problema.
El enigma está en las misteriosas oficinas instaladas en el Instituto de Previsión Social.
Allí se está trabajando con ritmo "wagneriano", heroico, aunque la música no la escuche nadie más que la propia orquesta que la toca.
Las versiones son pavorosas. ¿Se expropiarán 40.000 o 70.000 hectáreas? ¿Costará mil millones de pesos, la operación?
¿Así que el Banco no otorgaría el préstamo a la empresa sino a la provincia? ¿Qué ésta sería intermediaria para derivar dicho crédito a la empresa y a la vez se constituiría en responsable directo de la devolución del préstamo?
¿Hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia?".
